La prisa con la que el Congreso del Estado de Chihuahua busca sacar adelante la iniciativa en materia de paridad de género ha comenzado a levantar sospechas fundadas que van mucho más allá del discurso políticamente correcto de la equidad. Cuando las leyes locales intentan encajonarse a marchas forzadas, ignorando deliberadamente que ya existe un robusto y jerárquico marco normativo a nivel nacional, el diseño legislativo deja de parecer una legítima búsqueda de justicia social. En su lugar, empieza a configurarse un traje a la medida con claros tintes electorales. En los pasillos políticos de la entidad es un secreto a voces que esta insistencia regulatoria lleva una dedicatoria particular y de corto plazo: frenar la posible candidatura del actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la gubernatura en el próximo proceso electoral. El uso de las instituciones para dirimir rivalidades de partido desvirtúa el espíritu de la ley.
Intentar cerrarle el paso a Pérez Cuéllar mediante vericuetos legales representa, paradójicamente, un severo error de estrategia política para la oposición en Chihuahua. Desde una óptica de competencia electoral pura, el alcalde juarense se perfila actualmente como el precandidato del partido oficialista menos dotado para conectar con el electorado en una contienda de carácter estatal. Su perfil arrastra un desgaste considerable tras años de exposición pública y un ejercicio de gobierno sumamente cuestionado en la frontera. Su figura está marcada por una evidente falta de carisma y un pesado equipaje de opiniones negativas entre la ciudadanía. Estos factores incluyen constantes y profundos señalamientos públicos de corrupción, falta de transparencia y presunta opacidad en el manejo de los recursos de su gestión fronteriza. Para sus adversarios históricos, enfrentar en las urnas a un candidato con tantos flancos abiertos e institucionales debería ser el escenario de competencia ideal y no un motivo para activar alarmas parlamentarias que terminen victimizándolo ante la opinión pública.
Cálculos políticos y el riesgo de la alternativa
El verdadero peligro de esta maniobra radica en que, al intentar neutralizar una opción, se puede pavimentar el camino para un escenario mucho más complejo y competitivo. Si la reforma de paridad local prospera y obliga a una postulación femenina obligatoria, el bloque opositor se encontrará de frente con figuras emergentes de la izquierda que poseen un arrastre mediático sustancialmente mayor. La ingeniería electoral de la premura parlamentaria corre el riesgo de anular al contrincante más débil de la ecuación para abrirle paso, de forma involuntaria, a liderazgos que cuentan con una narrativa mucho más fresca y agresiva ante las estructuras tradicionales del poder en Chihuahua.
Por el contrario, el verdadero desafío para el bloque oficialista local se encuentra en figuras como la senadora Andrea Chávez, quien reúne los atributos idóneos para consolidarse como la candidata más competitiva de la izquierda en la entidad. Chávez posee la elocuencia, el arrastre juvenil y una sintonía fina con el aparato federal que a Pérez Cuéllar le faltan por completo. Su capacidad discursiva le permite movilizar sectores que se muestran apáticos ante la vieja guardia política. Sin embargo, su eventual postulación tampoco está exenta de profundos claroscuros y dudas razonables sobre el futuro del estado. Existe en diversos sectores económicos y sociales un marcado escepticismo sobre su capacidad real de gobernanza y administración pública. Se advierte con insistencia que su perfil, predominantemente mediático, parlamentario y enfocado en la retórica ideológica, podría traducirse en una gestión sumamente deficiente y caótica al frente del poder ejecutivo estatal. El riesgo latente de que se convierta en una pésima gobernadora es un argumento recurrente entre analistas y empresarios que cuestionan su nula experiencia ejecutiva previa para manejar la compleja realidad económica, industrial y de seguridad que define a Chihuahua.
Al final del día, la estrategia impulsada desde el Congreso local resulta doblemente fallida y carente de visión de largo plazo. En el terreno estrictamente jurídico, el bloque mayoritario en el estado arriesga la validez legal de su reforma ante los tribunales federales, los cuales ya han dejado claro de forma sistemática la preeminencia absoluta de las reglas nacionales en la materia de equidad. Pero el desacierto principal y más costoso es de naturaleza puramente política. Al intentar descarrilar de forma artificial la opción más vulnerable, desgastada y cuestionable de la oposición interna, la premura legislativa podría terminar despejando por completo el camino para que la izquierda chihuahuense envíe a su carta mediática más fuerte a la contienda constitucional. Esto representaría un error táctico de proporciones monumentales que cambiaría drásticamente y de forma irreversible el rumbo de la sucesión estatal en Chihuahua.
