Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia y consiguió algo difícil incluso para la política mexicana: convertirse nuevamente en gobernador y dejar de serlo prácticamente al mismo tiempo. Su regreso, anunciado el viernes 21 de agosto, no sólo fue sorpresivo; tuvo el aire de una decisión tomada al margen de quienes debían ser sus principales aliados políticos. La propia Claudia Sheinbaum reconoció que no fue informada previamente y que se enteró por la publicación del gobernador. Morena, por su parte, se deslindó de la decisión. El experimento duró 34 horas. El sábado, Rocha volvió a solicitar licencia, ahora con carácter indefinido.
La primera pregunta, por supuesto, es qué pretendía Rocha con aquel regreso relámpago. Formalmente dijo que volvía para continuar con el mandato constitucional que concluye en octubre de 2027. Políticamente, sin embargo, el movimiento parecía buscar algo mucho más elemental: recuperar el control del escenario y demostrar que todavía podía sentarse en la silla que había dejado durante más de tres meses. El problema fue que la silla ya no estaba políticamente en las mismas condiciones. Durante su ausencia se acumuló una investigación, señalamientos provenientes de Estados Unidos y un desgaste que hizo que su retorno dejara de parecer una reincorporación administrativa para convertirse en un desafío político. Reuters reportó que fiscales estadounidenses lo señalan por presuntos vínculos con Los Chapitos y por delitos que incluyen narcotráfico, sobornos y protección a organizaciones criminales; Rocha ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como ataques de carácter político.
Y entonces apareció el detalle que terminó por desnudar la fragilidad de la maniobra: la reacción de Palacio Nacional. Sheinbaum no necesitó pedirle públicamente la renuncia para hacerle saber que su regreso no era bienvenido. La presidenta sostuvo que la nueva licencia era “lo mejor para Sinaloa” y dejó claro que la decisión de reincorporarse había sido personal. En política, esas palabras pesan más que muchos oficios oficiales. Rocha había regresado creyendo tener todavía margen de maniobra; 34 horas después quedó claro que podía ocupar constitucionalmente el despacho, pero no necesariamente contar con el respaldo político necesario para hacerlo. Morena tampoco salió a rescatarlo. Al contrario, su dirigencia nacional marcó distancia al señalar que no fue consultada.
Lo más revelador de estas 34 horas no es, entonces, que Rocha haya cambiado de opinión, sino que el sistema político que lo rodeaba le haya cambiado las condiciones de juego. Un gobernador puede pedir licencia, regresar y volver a separarse del cargo; lo verdaderamente importante es saber por qué un hombre que durante 112 días permaneció fuera decide regresar justamente cuando enfrenta el mayor costo político de su carrera, y por qué, apenas recibe la respuesta de su propio movimiento, vuelve a retirarse. Ahí está la verdadera historia. El Congreso de Sinaloa aprobó este domingo por unanimidad la nueva licencia indefinida, abriendo la puerta a un nuevo relevo en el Ejecutivo estatal.
Hay algo de comedia política en la secuencia, pero sería un error tomarla a la ligera. Rocha no regresó para inaugurar una obra ni para encabezar un acto protocolario. Regresó en medio de un problema político y judicial de alcance nacional e internacional. Por eso su decisión tuvo una lectura inmediata: parecía querer recuperar el fuero político, el control institucional y quizá la capacidad de defenderse desde la propia gubernatura. Pero el cálculo salió al revés. En lugar de fortalecerlo, el regreso exhibió que su margen de maniobra se había reducido considerablemente. Y cuando la presidenta de la República, su partido y buena parte de la opinión pública reaccionan de manera adversa, el gobernador puede tener el cargo en el papel, pero empieza a quedarse sin gobierno.
Las 34 horas de Rocha también dejaron una pregunta incómoda para Morena: ¿quién tomó realmente la decisión de que regresara? Porque si el gobernador afirma que fue una decisión personal, y la presidenta dice que ella no fue consultada, entonces alguien decidió que era conveniente apostar por el regreso. Y si nadie en la cúpula morenista lo autorizó, el asunto resulta todavía más delicado: significaría que un gobernador políticamente acorralado consideró que podía volver al poder por cuenta propia y que después el movimiento tendría que acomodarse a los hechos consumados. El desenlace demostró que no fue así. La política mexicana tiene muchas puertas, pero algunas sólo se abren mientras alguien sostiene la manija.
La ironía mayor es que Rocha pretendía regresar para terminar su mandato y terminó protagonizando una salida todavía más contundente. Su nueva licencia es indefinida y el Congreso deberá determinar el relevo conforme al procedimiento constitucional. Es decir, el gobernador que quiso recuperar el control terminó entregando nuevamente el control. Y esta vez no después de tres meses de licencia, sino después de apenas 34 horas de haberlo recuperado.
Por eso las 34 horas de Rocha Moya deben leerse como algo más que una anécdota política. Son el retrato de un poder que perdió capacidad de maniobra. El primer regreso pudo presentarse como un acto de autoridad; el segundo retiro difícilmente puede venderse de la misma manera. Entre ambos quedó una fotografía bastante más clara: Rocha descubrió que regresar a la gubernatura era relativamente sencillo, pero regresar al centro del poder morenista era otra historia. Y en política, cuando hasta la propia casa te pide que reconsideres la mudanza, quizá conviene no desempacar las maletas.
