Culiacán, Sinaloa.- Apenas 34 horas después de haber retomado sus funciones constitucionales, Rubén Rocha Moya volvió a solicitar y obtuvo una licencia temporal con carácter indefinido por un periodo superior a los 30 días al cargo de gobernador de Sinaloa. La decisión fue aprobada por unanimidad este domingo durante una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Congreso local.
El retroceso en la reincorporación del mandatario se originó tras una serie de reacciones políticas adversas tanto a nivel federal como al interior de su propio partido. El viernes previo, Rocha Moya había anunciado su regreso a la gubernatura tras 112 días de ausencia, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos probatorios suficientes en el ámbito nacional para proceder penalmente en su contra.
Sin embargo, el retorno generó fricciones institucionales e inmediatos cuestionamientos públicos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó públicamente que ningún interés de carácter personal o particular debe colocarse por encima del bienestar de la población y de la nación, advirtiendo sobre el ejercicio de la función pública sin límites y señalando que se enteró de la reincorporación a través de redes sociales.
Ante la falta de respaldo político de la administración federal y de figuras clave de la autodenominada Cuarta Transformación, el gobernador difundió un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo local, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo. En el mensaje que acompañó el documento oficial, el político argumentó que Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo.
La solicitud se fundamentó formalmente en el artículo 50, fracción octava, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, lo que activó de inmediato el protocolo establecido en el artículo 58 de la misma legislación para proceder con la designación de la persona titular de la gubernatura en carácter interino. Las autoridades estatales y el órgano legislativo continúan con los trabajos conducentes para garantizar la gobernabilidad en la entidad mientras se define la situación jurídica y política derivada de las investigaciones y los señalamientos internacionales que pesan sobre la administración.
