El uso del fuero constitucional como un mecanismo de protección personal para eludir la acción de la justicia se ha convertido en una de las inercias más cuestionadas de la política mexicana. La decisión del senador Enrique Inzunza Cázarez de abandonar la bancada de Morena para declararse legislador independiente —manteniendo intacto su escaño y la inmunidad procesal— desnuda una maniobra táctica donde el refugio legal opera como el centro de gravedad de su supervivencia. Lejos de representar un acto de rendición de cuentas, la salida del partido oficial busca amortiguar el costo político sin renunciar jamás a la protección procesal frente a las acusaciones que lo persiguen.
El fuero como trinchera
La renuncia de Inzunza al grupo parlamentario morenista responde a una estrategia de contención ante la presión pública y los señalamientos internacionales por presuntos vínculos con redes de criminalidad organizada en Sinaloa. Sin embargo, la disociación nominal esconde una contradicción de fondo: desvincularse de las siglas partidistas no equivale a renunciar a la inmunidad que otorga la Constitución.
Al atornillarse a su escaño bajo la etiqueta de independiente, el legislador transforma la curul en una trinchera impenetrable. La justicia queda así atrapada en un laberinto de formalidades procesales donde el fuero deja de ser un instrumento democrático de equilibrio entre poderes para convertirse en un escudo individual que frena cualquier investigación ministerial imparcial.
El espejo de Javier Corral
Esta utilización instrumental de las prerrogativas legislativas evoca de inmediato el antecedente de Javier Corral, cuyo tránsito político hacia el flanco oficialista también estuvo atravesado por la discusión en torno al blindaje del fuero. En su momento, el exgobernador de Chihuahua encaró señalamientos locales y buscó el amparo de la protección constitucional desde el Senado para contener procesos en su contra, exhibiendo cómo los operadores políticos de distintas trayectorias ideológicas recurren a las curules federales como salvavidas ante la justicia ordinaria.
La coincidencia de estos casos demuestra que el sistema político mexicano padece una distorsión estructural recurrente. Ya sea mediante la simulación de una independencia legislativa express o a través de la incorporación estratégica a los escaños del partido en el poder, la inmunidad constitucional se instrumentaliza sistemáticamente para ganar tiempo, bloquear indagatorias y eludir el escrutinio de los tribunales.
La justicia suspendida en el limbo
El núcleo del problema radica en que la figura del fuero continúa funcionando como un sinónimo de impunidad de aparato. Cuando los operadores en desgracia mudan de piel partidista pero se aferran tenazmente a los privilegios materiales y legales del cargo, el mensaje hacia la ciudadanía es de absoluta opacidad.
En suma, el caso de Enrique Inzunza —matizado por el fantasma de los precedentes como el de Javier Corral— confirma que en las altas esferas del poder público la lealtad a los partidos se desecha cuando estalla la crisis, pero los privilegios del escaño se defienden con uñas y dientes para mantener a la ley a raya.
