Ciudad de México.- Durante la continuación de la audiencia de imputación en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna —recluido en el penal federal del Altiplano por su presunta vinculación con una red de contrabando de combustibles—, la Fiscalía General de la República (FGR) dio lectura a diversas declaraciones ministeriales. En los testimonios aportados por exfuncionarios navales convertidos en colaboradores de la justicia, salieron a relucir los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, «Andy», y del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, dentro del entramado investigado por el llamado huachicol fiscal.
Los señalamientos surgieron a partir de las declaraciones integradas en la carpeta de investigación y rendidas por mandos medios y operadores vinculados con la administración portuaria. Entre los testimonios clave se encuentran los de Alejandro Torres Joaquín —capitán y exdirector de la Aduana de Tampico, identificado con el nombre clave «Santo»— y Juan Carlos Soto Pichá, exsubdirector de Operación Aduanera en Guaymas.
De acuerdo con lo expuesto ante la autoridad judicial, las menciones a actores políticos de alto perfil forman parte de los dichos vertidos por los coinvestigados al detallar la presunta estructura de protección y operación que permitía el ingreso ilegal de cargamentos de hidrocarburos por las aduanas marítimas del país. No obstante, la propia representación social ha precisado que la existencia de estas referencias en los testimonios no implica automáticamente una acusación formal ni una línea de investigación ministerial directa en contra de los aludidos, al carecer hasta el momento de pruebas que corroboren su intervención en las maniobras ilícitas.
La estrategia de la defensa y el impacto político
La revelación de estos nombres durante la diligencia judicial abrió un nuevo frente de debate en torno al caso. La defensa legal de los hermanos Farías Laguna ha buscado incorporar estos elementos para cuestionar el alcance de la indagatoria y presionar para que se verifique el contenido de las declaraciones. Por su parte, el equipo jurídico evalúa ampliar denuncias para que se indague a fondo a cualquier personaje mencionado en las testimoniales, sin importar su jerarquía o filiación partidista.
El caso del contralmirante Farías Laguna se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles para las instituciones de seguridad, debido a las ramificaciones del contrabando de combustibles y los cuestionamientos sobre los controles de fiscalización en los puertos nacionales. Mientras el proceso judicial avanza a puerta cerrada para proteger información reservada, la aparición de figuras del círculo político cercano al oficialismo en los registros ministeriales mantiene la atención pública sobre el manejo de las aduanas y la eficacia de los filtros anticorrupción en la administración pública.
