La feria y los parientes incómodos
La feria de las tentaciones familiares y el poder sin recato volvieron a sacudir el tablero político estatal. En un movimiento que dinamitó la paz de Palacio, el abogado Luis Villegas Montes irrumpió con su habitual estilo filoso y sin tapujos para encender el ventilador de las complicidades más guardadas del régimen chihuahuense.
Tomando la batuta en defensa de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, exdirectora de la Feria de Santa Rita, Villegas apuntó directamente a la línea de flotación de las familias reales del gabinete: Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora Maru Campos, y Alberto de la Peña Grajeda, hermano del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
La acusación no escatimó en detonantes penales y morales. Ante los reflectores, el litigante desnudó un coctel de abusos que incluye acoso laboral, hostigamiento sexual, presunta corrupción, tráfico de influencias y hasta el despojo de una vivienda en agravio de la exfuncionaria. Lejos de quedarse en el terreno de las diferencias administrativas, el caso expone cómo el apellido y el parentesco se convirtieron en patente de corso para operar negocios jugosos al amparo de la feria más importante del estado, transformando la administración pública en un negocio de cuates y parientes.
El trasfondo de este escándalo revela una red de nepotismo donde los parientes de los dos personajes más influyentes de la política estatal metieron las manos y los intereses económicos en la organización de la Feria de Santa Rital, operando con la arrogancia de quienes se saben intocables. Según la narrativa expuesta por la defensa, el pecado capital de Andrea Cecilia fue negarse a solapar los manejos y caprichos de la aristocracia dorada que despacha con bendición familiar.
Con esta ofensiva legal y mediática ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Luis Villegas coloca al gobierno estatal en el peor de los escenarios: el espejo incómodo de la opacidad y el influyentismo. Mientras la nomenklatura intenta minimizar el golpe, el expediente ya está abierto y promete seguir desprendiendo chispas en los corrillos del poder chihuahuense.
Maru y su plan perfecto
Las columnas políticas que aplauden los alineamientos del Palacio de Gobierno ya tienen dictada la supuesta ruta sucesoria para el panismo local, un sencillo proyecto donde todo encaja con una precisión matemática que rara vez sobrevive al choque con la realidad. Según estas plumas afines a la mandataria estatal, el guion marca que la gobernadora solicitará licencia entre finales de febrero y los primeros días de marzo para enfilarse como candidata a diputada plurinominal.
En teoría y lógica constitucional, el relevo natural en la silla del Ejecutivo debería recaer en el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; sin embargo, los corifeos del régimen aseguran que él estará demasiado ocupado recorriendo las calles de la capital en busca del voto para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Chihuahua. Ante ese supuesto impedimento, la solución que se promueve desde los círculos de poder es ungir a Hugo Gutiérrez Dávila, actual titular de la Secretaría de Educación y Deporte, como gobernador interino.
Mientras tanto, en el búnker de los operadores se tejen otros hilos igual de ambiciosos pero llenos de cabos sueltos. Por ejemplo, se proyecta que la diputación federal de la virtual candidata sea apenas una escala de dos años, un simple escalón administrativo antes de lanzarla directamente por la presidencia de la República, como si las urnas nacionales y las correlaciones de fuerza nacional respondieran a los caprichos del mapa chihuahuense.
Frente a este tablero, la gran incógnita es cómo le caerá esta simplificación a César Jáuregui y al grupo de panistas que caminan con él, quienes no suelen ser espectadores pasivos de su propio desplazamiento. Señal de ello es la jugada que ya se asoma en los tribunales y juzgados, donde el magistrado Luis Villegas parece estar emitiendo un mensaje muy claro a través de la demanda interpuesta contra los hermanos del virtual candidato a la alcaldía y de la propia aspirante federal.
Este optimismo de escritorio se debería de repensar con lo que se vivirá este próximo sábado 10 de octubre sobre las calles Mariscal y 16 de Septiembre en Ciudad Juárez. Ahí será donde Marco Bonilla Mendoza tome protesta como “Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad”. Hay que recordar que en los planos originales de hace un par de meses todavía, el ungido para esa jugada en decadente frontera tenía que ser Gilberto Loya, pero aquel diseño se cayó a pedazos. La pregunta inevitable que flota en el ambiente es por qué este nuevo plan tendría mejor suerte.
El dedazo sin recato para Andrea
La reciente e intempestiva designación de Andrea Chávez como coordinadora municipal de los comités de defensa de la transformación en Ciudad Juárez —con la clara mira puesta en la alcaldía— desató una tormenta interna que sacó a flote las costuras peor cosidas del obradorismo. Quien alzó la voz sin tapujos fue Tatiana Clouthier, indignada no sólo por la evidente simulación de los procesos estatutarios, sino por la forma tan burda en la que se operó el costoso rescate político de la senadora.
A juzgar por la informal y casual vestimenta con la que Ariadna Montiel atestiguó el anuncio, el destape no sólo atropelló los tiempos y las formas partidistas, sino que a la propia secretaria la agarró en curva y de absoluta sorpresa. Ese detalle visual expone con crudeza el método: las decisiones de esta magnitud no se cocinan en los comités locales ni en mesas de diálogo transparente, sino en cúpulas donde el grupo Tabasco echó el resto para blindar y reubicar a su pieza más preciada tras los acomodos de la gubernatura.
La narrativa oficial de que Chávez Treviño coqueteaba con la peligrosa posibilidad de saltar al vacío aceptando la candidatura del Partido del Trabajo nunca fue más que un amago de petatiux. Por eso Reginaldo Sandoval, fiel a su papel de comparsa disciplinada, siempre dejó en claro que la última palabra la tenía Andrea, sabiendo perfectamente que nadie en su sano juicio se baja voluntariamente del equipo de los supuestos ganadores.
El trato dispensado a la senadora con licencia fue de un privilegio insultante para la militancia de a pie. No se trató de un simple visto bueno, sino de una orden directa y vertical que arrancó desde el despacho de la presidencia de la república. Por eso decidieron no guardar las formas y pisotearon cualquier simulacro de convocatoria o encuesta interna. La dirigencia no actuó movida por el pánico a una ruptura local, pues es más que evidente que el descontento y las fracturas internas son inevitables, ya están sembradas y acompañarán a Morena durante todo el proceso electoral.
Los verdaderos alcances de esta imposición no se medirán en los discursos de unidad de fin de semana, sino que se verán con toda su crudeza hasta la noche del primer domingo de junio de 2027, cuando las urnas cobren las facturas del pragmatismo. Al final, este episodio confirma lo que muchos sospechan tras bambalinas: que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue respondiendo a presiones directas e indirectas del líder moral del movimiento, demostrando que en la llamada cuarta transformación, cuando el grupo de poder manda, los estatutos y la dignidad de las bases se archivan sin miramientos.
