Mil millones para Chihuahua, migajas para Juárez
Quienes tienen la fortuna de recorrer Chihuahua capital difícilmente pueden imaginar el calvario cotidiano que significa desplazarse por Ciudad Juárez. En la capital, las avenidas son amplias, las conexiones entre sectores permiten llegar a buena parte de los destinos en 15 minutos y rara vez un recorrido entre extremos de la ciudad obliga a invertir más de media hora. Juárez es otra historia: distancias que en condiciones de tráfico pueden consumir una hora y, con frecuencia, hasta dos; vialidades insuficientes, embotellamientos interminables y banquetas inexistentes en amplios sectores. Son dos realidades urbanas muy distintas y, sin embargo, el Gobierno del Estado parece no advertirlo cuando decide dónde invertir el dinero público.
El anuncio de Maru Campos de destinar mil 19 millones de pesos a seis obras viales en Chihuahua capital, frente a los 540 millones asignados a tres vialidades de Ciudad Juárez, vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta fronteriza: ¿por qué la ciudad que más aporta a la economía estatal recibe un trato presupuestal que no corresponde con sus necesidades?
La diferencia es de 479 millones de pesos. La capital recibe prácticamente el doble de recursos para sus seis proyectos. Se trata de obras importantes: puentes sobre la avenida Tecnológico, pasos a desnivel en Fuerza Aérea y Palestina, en Juan Pablo II y Quinta Real, además del paso inferior de Silvestre Terrazas. Nadie discute que Chihuahua necesite infraestructura. Lo que se cuestiona es la proporción del gasto y la ausencia de una política que reconozca las necesidades extraordinarias de la frontera.
Porque Ciudad Juárez no es una ciudad secundaria ni un apéndice económico del estado. Es su principal motor industrial y exportador. Los datos del Plan Municipal de Desarrollo, con cifras de 2023, le atribuyen 43.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. En empleo formal, los registros del IMSS para ese mismo año contabilizaron 494 mil 522 trabajadores asegurados en el municipio, equivalentes al 51.09 por ciento del total estatal. La capital, por su parte, concentra alrededor de una tercera parte de los empleos formales.
Hay otro dato que tampoco debería perderse de vista: Juárez concentra 41.04 por ciento de la lista nominal electoral de Chihuahua, con un millón 307 mil 35 ciudadanos registrados en el corte del 27 de agosto de 2026. Es decir, además de sostener una parte fundamental de la economía estatal, representa cuatro de cada diez electores.
¿Entonces qué necesita Juárez para recibir una inversión proporcional a su importancia? ¿Esperar a que se acerque otra elección? ¿Volver a convertirse en escenario de promesas, recorridos y compromisos que después se diluyen en la agenda de Palacio?
La movilidad fronteriza no es un asunto de comodidad. Es un problema de productividad, seguridad y calidad de vida. Un trabajador que pierde dos horas diarias en traslados, una ambulancia atrapada en el tráfico, un estudiante obligado a caminar por calles sin banquetas o una familia que necesita atravesar media ciudad para llegar a su destino están pagando las consecuencias de décadas de infraestructura insuficiente.
Y aquí aparece una diferencia que parece escapar de la visión gubernamental: mientras Chihuahua capital continúa ampliando y conectando sus corredores viales, Juárez todavía tiene sectores enteros sin una estructura de movilidad capaz de responder a su crecimiento. No basta con construir tres vialidades y presentar el presupuesto como una inversión histórica. La frontera necesita un programa integral, con pasos a desnivel, conexiones entre sectores, pavimentación, banquetas y soluciones de transporte público.
Maru Campos es originaria de Chihuahua capital y tiene todo el derecho de impulsar las obras que considere necesarias para su ciudad. Lo que no puede hacer es confundir el cariño por su terruño con una política de inversión estatal. Gobernar significa distribuir los recursos atendiendo necesidades, población, actividad económica y rezagos, no las preferencias del corazón.
El Gobierno estatal presume los mil millones para Chihuahua como una gran conquista. Pero cuando se coloca esa cifra junto a los 540 millones destinados a Juárez, el boletín de prensa termina exhibiendo una disparidad que merece explicaciones.
La frontera no pide privilegios ni pretende que se abandone a la capital. Exige justicia presupuestal. Aporta casi la mitad de la riqueza estatal, genera más de la mitad del empleo formal y concentra 41 por ciento del electorado. No puede seguir siendo la ciudad a la que todos los gobiernos buscan cuando necesitan votos y a la que después le regatean los recursos para resolver sus problemas.
Porque para Maru, al parecer, Chihuahua capital merece puentes para llegar más rápido a casa, mientras Juárez debe seguir aprendiendo a sobrevivir entre el tráfico, las distancias y el abandono.
El cuarteto que gobierna a Maru
Los recurrentes yerros políticos de Maru Campos tienen una explicación que apunta directamente a su círculo de asesores externos. Cuatro personajes de la vieja tecnocracia panista y priista han terminado por convertirse en una especie de gobierno paralelo, con acceso privilegiado a Casa de Gobierno, influencia en las decisiones estratégicas y una característica que los vuelve particularmente cuestionables: nadie sabe con claridad cuánto cobran, bajo qué contratos trabajan ni cuáles son los resultados concretos de sus recomendaciones.
Jordy Hernán Herrera Flores, Diódoro Carrasco Altamirano, Ernesto Cordero Arroyo y Maximiliano Cortázar Lara conforman este cuarteto de consejeros. El primero fue secretario de Energía con Felipe Calderón; Carrasco gobernó Oaxaca y encabezó Gobernación con Ernesto Zedillo; Cordero ocupó las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social, y Cortázar fue vocero presidencial durante el calderonismo. Son las «figuras de la política nacional» ante las cuales Maru parece rendir una admiración que termina convirtiéndose en obediencia política.
Herrera aporta la visión tecnocrática y financiera; Carrasco, el manual de la negociación cupular y el control político; Cordero, la ingeniería presupuestal y el manejo de la deuda, y Cortázar, la comunicación política y el control de daños. Cuatro especialidades que, a juzgar por los resultados, no han conseguido evitar que la gobernadora acumule errores, abra frentes innecesarios y termine atrapada en sus propias decisiones.
El problema de Maru es que parece gobernar con mentalidad pueblerina y aldeana frente a los supuestos grandes personajes de la política nacional. Se deslumbra con los antiguos cargos federales, con los apellidos conocidos y con las credenciales de quienes pasaron por Los Pinos, Gobernación o Hacienda. Les concede autoridad casi incuestionable, aunque sus recetas no necesariamente entiendan Chihuahua, sus municipios ni los conflictos que se viven en la frontera. La paradoja es brutal: una gobernadora que presume carácter termina dependiendo de consejeros que llegan de la Ciudad de México a decirle cómo gobernar su propio estado.
Y la factura de esa dependencia se observa en los resultados. Ciudad Juárez, por ejemplo, sigue reclamando soluciones a problemas de seguridad, infraestructura y servicios públicos, mientras las decisiones del Ejecutivo parecen privilegiar cálculos financieros, acuerdos cupulares y operaciones de imagen.
Pero hay otro asunto que no admite rodeos: el dinero. Se han documentado asesorías financieras de Cordero y pagos millonarios a empresas vinculadas con el entorno de estos operadores. También se ha reportado la reserva de información sobre contratos y erogaciones. De Herrera y Cortázar hace falta conocer los instrumentos contractuales, sus honorarios y los entregables. ¿Cuánto cuesta realmente este gobierno de asesores? ¿Qué recibe Chihuahua a cambio?
Maru no puede seguir escondiendo detrás de las «figuras de la política nacional» las decisiones que le corresponden como gobernadora. Si este cuarteto tiene tanta influencia como se le atribuye, también debe responder por los desaciertos del gobierno.
Porque Chihuahua no necesita una corte de exfuncionarios federales que venga a dictarle línea a su gobernadora. Necesita un gobierno que conozca el estado, escuche a su gente y se haga responsable de sus decisiones. Y eso no se consigue pagando asesorías en la sombra ni confundiendo los antiguos cargos de sus consejeros con autoridad política.
La Fiscalía bajo control político
El traslado de la carpeta de investigación de El Pinal, que estuvo bajo responsabilidad de la unidad especial encabezada por Wendy Chávez, al área de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, no es un simple movimiento administrativo. Significa que Gilberto Loya asume el control de uno de los expedientes más delicados y políticamente comprometedores para el gobierno de Maru Campos. Todavía hay responsabilidades por esclarecer y personajes que podrían tener mucho que explicar.
Para entender las implicaciones hay que recordar quién es Loya y por qué llegó a la Fiscalía. Maru no lo puso ahí para incomodarlo, limitarlo o construir un contrapeso a su poder. Lo colocó porque es uno de sus hombres de mayor confianza, alguien a quien puede encomendarle prácticamente cualquier tarea política o administrativa. Ingeniero de formación, con trayectoria en seguridad pública y convertido apenas recientemente en abogado, recibió una institución cuya conducción exige algo más que lealtad política.
No es la primera vez que la gobernadora le encarga una operación política. Durante el primer semestre de este año, Loya intentó disputar la candidatura panista a la gubernatura frente a Marco Bonilla. Su posicionamiento respondió a una estrategia impulsada desde Palacio, pero no le alcanzó para desplazar al alcalde capitalino. Cuando aquella posibilidad se cerró, terminó al frente de la Fiscalía. Cambió la aspiración electoral por una responsabilidad institucional de enorme alcance.
La secuencia de la detención de César Jáuregui también merece atención. Apenas ocho días después de la llegada de Loya, el 17 de octubre, el exfiscal fue interceptado por agentes estatales en el cruce del Periférico de la Juventud y avenida La Cantera. Fue detenido y entregado a las autoridades judiciales. Posteriormente, la FGR intervino con una acusación federal por traición a la patria que lo llevó al penal de máxima seguridad de Almoloya.
La acusación de persecución política tampoco nació en Morena. Fue Luis Villegas Montes, abogado defensor de Jáuregui, quien primero señaló que la Fiscalía estaba siendo utilizada para impedir las aspiraciones políticas de su antiguo jefe. Después apareció Omar Holguín, secretario general de Morena y segundo en la jerarquía estatal del partido, para convertir el señalamiento en una acusación formal de la dirigencia morenista.
Loya respondió que «la procuración de justicia no tiene absolutamente ningún uso político». Pero su declaración no elimina las preguntas sobre la relación entre la Fiscalía y Palacio. Mucho menos cuando la gobernadora colocó al frente de la institución a un hombre de su absoluta confianza.
Y mientras tanto, Arturo Zuany sigue prófugo. La versión periodística que apunta a que fue localizado en Ecuador y trasladado a Estados Unidos, donde estaría bajo protección de ese gobierno, abre interrogantes todavía mayores. Si Zuany conoce los detalles de la operación de El Pinal y de la participación de agentes de la CIA, su testimonio podría comprometer a más funcionarios. No existe confirmación oficial de esa protección, pero la hipótesis no puede ignorarse.
Wendy Chávez dejó asentado que todavía pueden existir responsabilidades penales y administrativas. Ahora Loya tiene la carpeta en sus manos y anuncia que espera reactivar la ficha roja contra Zuany.
La verdadera prueba será saber si está dispuesto a investigar toda la cadena de mando, incluso si eso significa tocar intereses de Palacio. Porque una Fiscalía encabezada por un hombre de confianza de la gobernadora tendrá que demostrar, con hechos y no con declaraciones, que su lealtad institucional está por encima de cualquier encargo político…¡calma!, se llama sarcasmo.



