¿Corrupción en los cielos de Chihuahua?
En el cielo de Chihuahua las nubes ya no traen lluvia, sino facturas gigantescas que burlan la inteligencia ciudadana. La renta de dos helicópteros Bell 429 para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal es el mayor monumento al derroche de este gobierno. Aquí el dinero público se quema más rápido que el combustible en el aire.
Los números son claros y no aceptan discursos bonitos. Con el contrato SH/ADE/SSP/192/2023, el Gobierno del Estado comprometió 64 millones 134 mil dólares para alquilar dos aeronaves a la empresa B3-Flyservices. Esta firma es filial del consentido Grupo Seguritech y el acuerdo corre de septiembre de 2023 a septiembre de 2027. Hablamos de más de mil ciento cincuenta millones de pesos. Son ochocientos trece mil pesos cada día por dos aparatos que al final volverán a manos privadas sin dejar un solo tornillo al estado.
Para entender el tamaño de este festín basta revisar los precios reales del mercado. En 2016, el propio gobierno estatal compró un Bell 429 completamente nuevo de fábrica por ocho punto cinco millones de dólares, un precio acorde al mercado internacional. Hoy, dos helicópteros nuevos de ese mismo modelo cuestan entre quince y veinte millones de dólares. Si sumamos cuatro años de uso intenso, mantenimiento, seguros y sueldos de pilotos, el gasto total no pasaría de treinta y cuatro millones de dólares, con la gran diferencia de que Chihuahua sería dueño legítimo de las naves. Pagar casi el doble por una simple renta es un negocio redondo, pero solo para el proveedor favorito de la Plataforma Centinela o por lo menos parece que solo para ellos.
En Palacio de Gobierno se defienden con el cuento del servicio integral llave en mano. Dicen que el pago cubre refacciones, seguros y equipo policial moderno. Pero cuando alguien pide ver la lista de esos equipos y las horas de vuelo pagadas, bajan la cortina de la seguridad nacional. Los anexos técnicos fueron escondidos bajo reserva legal. Así convierten el gasto público en un acto de fe donde la gente debe pagar callada y sin hacer preguntas.
A este cuadro se suma una burla más. Mientras firman cheques millonarios de forma directa y sin concurso abierto, en los hangares oficiales duermen helicópteros que ya son del estado. Ahí sigue el Bell 429 matrícula XC-LOP adquirido hace una década, el mismo que ni siquiera pudieron vender en las subastas pasadas. Resulta más fácil premiar a los proveedores amigos con precios de escándalo que usar bien lo que ya pertenece a los chihuahuenses.
Si miramos las finanzas y la transparencia, los datos bastan para sospechar un sobreprecio brutal y una rendición de cuentas rota. En el terreno legal, un delito o daño al erario solo existirá si los auditores abren los archivos secretos y prueban que los cobros inflan los precios reales del mercado. Pero mientras las auditorías duermen tranquilas, queda claro que en Chihuahua la seguridad se paga a precio de oro y se maneja bajo la vieja ley del secreto…nunca como ahora: ¡Qué el cielo bendiga a Chihuahua!
Lupa al gasto de De la Peña
Santiago de la Peña ya no solamente enfrenta cuestionamientos por sus aspiraciones a la alcaldía de Chihuahua. Ahora tendrá que responder por una denuncia electoral que amenaza con colocar bajo la lupa la promoción política que ha construido desde la Secretaría General de Gobierno. Luis Villegas Montes decidió llevar el asunto a los tribunales y puso sobre la mesa una pregunta que incomoda tanto al funcionario como a quienes lo impulsan dentro del PAN: ¿quién está pagando la campaña de Santiago mientras sigue cobrando como secretario?
La acusación tiene un ingrediente particularmente delicado: el presunto aprovechamiento de estructuras gubernamentales para alimentar un proyecto político personal. No es un asunto menor cuando se trata de un funcionario que ocupa una de las posiciones más importantes del gabinete de Maru Campos y que, al mismo tiempo, busca hacerse de un lugar en la sucesión municipal de Chihuahua.
Villegas Montes no se anda por las ramas. En el boletín con el que anunció la denuncia cuestionó si De la Peña está dedicado a gobernar o si utiliza su posición para promoverse electoralmente. También señaló la presunta intervención de servidores públicos, operadores políticos y acuerdos dentro del PAN para apuntalar sus aspiraciones.
En el expediente aparecen los nombres de Silvia Margarita Alvídrez Valles y Fernanda Jazmín Martínez Quintero. No son referencias decorativas: el denunciante sostiene que existen actuaciones y relaciones políticas que deben ser investigadas para determinar quién organiza, quién opera y quién financia el despliegue publicitario del secretario.
La denuncia, según los adelantos difundidos, incluye 352 videos, mil 752 fotografías y 79 anuncios pagados, además de registros de publicidad, espectaculares, recorridos y actividades de posicionamiento. Villegas también ha señalado presuntas presiones a trabajadores estatales para participar en reuniones políticas. Si las pruebas documentales sostienen esos señalamientos, el asunto podría trascender la simple disputa por una candidatura.
Y aquí aparece otro problema para el PAN y para Palacio de Gobierno: la promoción de De la Peña no ocurre en el vacío. Forma parte de una competencia interna en la que distintos grupos buscan acomodar sus piezas rumbo a 2027. La utilización de recursos públicos, personal gubernamental o mecanismos institucionales para favorecer a un aspirante sería una línea que no debería cruzarse.
Villegas ya había denunciado en febrero a Daniela Álvarez, dirigente estatal panista, por presuntos actos anticipados de campaña y promoción con recursos cuyo origen cuestionó. Ahora el señalamiento apunta directamente al secretario general de Gobierno.
Este miércoles 18 de noviembre, a las 11:00 horas, en el hotel Quality Inn San Francisco, el exmagistrado dará a conocer el contenido íntegro de la denuncia y entregará a los medios una memoria USB con las pruebas y anexos.
Santiago tendrá que explicar. No basta con invocar sus aspiraciones legítimas ni esconderse detrás de la actividad institucional. Si su promoción se paga con dinero privado, que se conozca quién lo aporta; si intervienen servidores públicos, que se investigue; y si hay recursos gubernamentales involucrados, que se finquen responsabilidades.
Porque la Secretaría General de Gobierno no es una oficina de precampaña, ni el presupuesto estatal una caja chica para construir candidaturas.
RU, ¿un espacio público al servicio de Froylán?
La disputa de Froylán Castañeda con Daniela Álvarez es apenas la parte visible de un personajillo que merece una revisión mucho más profunda. El director de Radio Universidad se ha metido de lleno en la confrontación política del PAN, pero hay preguntas que van más allá de sus ataques contra la dirigente blanquiazul: ¿qué autoridad tiene para utilizar su posición institucional como trinchera política y qué cuentas puede ofrecer sobre su desempeño al frente de la emisora universitaria?
La reacción de Daniela no fue precisamente diplomática. Harta de las agresiones que atribuye al funcionario universitario, lanzó una advertencia pública que merece citarse íntegramente en su parte más significativa: “No puede ser posible que alguien de tu calaña pueda ser parte de mi alma mater”. La dirigente panista anunció además que recurriría a las vías legales. No fue una simple diferencia de opiniones: fue un señalamiento directo contra la conducta de quien dirige un medio de comunicación universitario.
Castañeda llegó a Radio Universidad en mayo de 2022, nombrado por el entonces rector Jesús Villalobos Jión. Su encomienda era fortalecer la emisora y renovar su presencia. Hoy, cuatro años después, su nombre aparece asociado a las disputas políticas y a una confrontación personal con la presidenta estatal del PAN.
Pero hay otro frente que no debe quedar fuera de la investigación: las relaciones laborales dentro de Radio Universidad. En días recientes trascendieron referencias al despido de una reportera y a la presunta agresión de un subordinado contra una trabajadora durante una fiesta de la emisora. Son hechos que deben esclarecerse, particularmente por la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la conducción de la institución.
La pregunta para el rector Luis Rivera Campos es inevitable: ¿existen quejas de trabajadores contra el director de Radio Universidad? ¿Se investigaron las circunstancias del despido de la reportera? ¿Qué ocurrió con el episodio de la empleada presuntamente agredida? ¿Hubo procedimientos administrativos y responsabilidades?
También hay que revisar si los espacios radiofónicos se distribuyen con criterios de pluralidad o si terminan convertidos en instrumentos para favorecer intereses particulares. El propio Código de Ética de Radio Universidad establece que sus trabajadores no deben aceptar pagos o dádivas que comprometan su labor y exige una cobertura plural, crítica y veraz.
La confrontación con Daniela Álvarez puede ser todo lo estridente que se quiera, pero no debe servir para distraer la atención de las responsabilidades de un funcionario universitario.
Radio Universidad no es propiedad de Froylán Castañeda. Tampoco es su plataforma personal para cobrar facturas políticas.
Si existen testimonios de agresiones, extorsiones o abusos, que se conozcan y se investiguen. Si hay trabajadores que guardan silencio por temor a perder su empleo, deben tener garantías para hablar.
Y si Castañeda considera falsos los señalamientos, tiene derecho a responder. Lo que no puede hacer la Universidad es mirar hacia otro lado.
Michoacán: de fractura a rebelión
Morena tiene fracturas abiertas en tres estados rumbo a 2027, Chihuahua y Nuevo León en la tercia, pero ninguna parece tan encarnizada como la de Michoacán. Ahí no solamente está en juego la candidatura a gobernador, sino la capacidad de Ariadna Montiel para imponer las decisiones de la dirigencia nacional, la influencia que conserva Adán Augusto López y la disposición de Raúl Morón para aceptar una derrota que, por lo visto, difícilmente está dispuesto a reconocer.
Morón es el personaje que puede perder y arrebatar. Las mediciones y el desarrollo del proceso interno hacían previsible la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación. Sin embargo, la inconformidad de Morón se convirtió rápidamente en una rebelión con respaldo de legisladores federales y del Partido del Trabajo.
Leonel Godoy, exgobernador y uno de los personajes con mayor peso en Morena Michoacán, tomó partido abiertamente por Morón. Cuestionó la transparencia del procedimiento y lanzó una pregunta incómoda: «¿Por qué no someterse a una nueva encuesta, si está seguro de que va a ganar?».
Godoy fue más lejos al calificar de «canallada» el trato recibido por Morón y exigir que se reponga la medición. No es una diferencia menor entre compañeros de partido: es un desafío directo a la dirigencia nacional y a la autoridad de quienes dieron por concluido el proceso.
La intervención de Gerardo Fernández Noroña terminó de nacionalizar el conflicto. El senador acudió el 15 de noviembre a una concentración de apoyo a Morón en Morelia y proclamó: «Vengo del futuro y veo a Raúl Morón encabezando al pueblo de Michoacán».
También denunció que dentro del movimiento se estaban haciendo «chingaderas» y exigió un procedimiento «claro y transparente, sin trampa, sin maniobra, sin perversidad». Que un senador de Morena utilice semejante lenguaje para cuestionar una decisión de su propio partido exhibe la profundidad del enfrentamiento.
Pero detrás de esta rebelión aparece un personaje que, aunque ya no ocupa la coordinación de Morena en el Senado, conserva relaciones y capacidad de operación: Adán Augusto López Hernández.
Su salida de esa posición no significa que haya desaparecido del tablero. Durante su paso por Gobernación y por la coordinación parlamentaria construyó compromisos y lealtades. Participó personalmente en la selección de perfiles que llegaron al Senado y presumió abiertamente su cercanía con López Obrador, cuyo hermandad utilizó como una de sus principales credenciales políticas.
Por eso las coincidencias entre Godoy, Noroña y los intereses del grupo de Adán Augusto no pasan inadvertidas. No existe una prueba pública de que López Hernández haya ordenado la operación en favor de Morón, pero sería ingenuo suponer que su influencia política se extinguió al dejar el cargo. Está fuera de la coordinación, no necesariamente fuera de la operación.
El otro ingrediente explosivo es el PT. Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, dejó de hablar entre líneas y lanzó una advertencia que Morena debería tomar en serio: «Si nosotros no vamos juntos, vamos a perder».
Sandoval sostiene que con Morón pueden ganar y con Torres Piña perder. También cuestionó la forma en que se comunicó el resultado de la encuesta: «A Morón nada más le enseñaron una tablita y le dijeron “perdiste”». Incluso advirtió que, si a finales de noviembre no se resuelve una nueva medición, el PT «tomará decisiones».
La respuesta de Citlalli Hernández fue negar que exista un acuerdo para repetir la encuesta. Así, mientras el PT reclama un compromiso que Morena desconoce, la fractura crece y amenaza con convertirse en una ruptura electoral.
El problema para Morena es que no enfrenta solamente la inconformidad de un aspirante. Tiene a un exgobernador, a dos senadores y a uno de sus principales aliados legislativos cuestionando la designación de Torres Piña. Mientras tanto, este último intenta construir acuerdos con otras fuerzas políticas, sin conseguir que el PT acepte su candidatura.
Citlalli Hernández puede insistir en que el procedimiento terminó, pero imponer un resultado no significa conseguir unidad. Morón tiene estructura, respaldo político y un aliado dispuesto a elevar el costo de la decisión.
Michoacán puede convertirse en el primer gran boquete electoral de Morena rumbo a 2027. Y lo verdaderamente delicado es que la oposición ni siquiera tendría que provocarlo: el partido gobernante está haciendo el trabajo por sus adversarios.
Si Morón pierde y arrebata, la responsabilidad no será de quienes se opongan a Morena, sino de una dirigencia que creyó que podía administrar las ambiciones de sus propios grupos con una encuesta y una «tablita».



