Chihuahua, Chih.– La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, exigió al Gobierno del Estado transparentar el uso, los gastos y la situación operativa de dos helicópteros arrendados por más de mil 154 millones de pesos, así como garantizar que las aeronaves se utilicen en traslados médicos de emergencia hacia comunidades serranas y de difícil acceso.
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso local, la legisladora señaló el contrato SH/ADE/SSP/192/2023, adjudicado de manera directa a la empresa B3-Flyservices, S.A. de C.V. por un monto de 64.1 millones de dólares y con vigencia hasta septiembre de 2027, lo que representa un costo estimado de 800 mil pesos diarios.

La congresista demandó un informe pormenorizado de las bitácoras de vuelo, los objetivos de cada operación y los traslados realizados tanto de funcionarios como de pacientes, además de solicitar que se aclare la condición mecánica de una de las unidades que presuntamente se encuentra fuera de servicio.
“No hablamos de una cantidad menor, sino de recursos públicos millonarios. El Gobierno debe explicar cómo los utiliza y demostrar qué beneficios concretos recibe la población”, manifestó Argüelles Díaz desde tribuna.
Para atender la falta de acceso oportuno a servicios hospitalarios en zonas rurales y de la Sierra Tarahumara, la legisladora presentó un exhorto dirigido a las secretarías de Seguridad Pública (SSPE) y de Salud con el fin de que formalicen un convenio de colaboración, establezcan protocolos de actuación y aprovechen otras aeronaves oficiales disponibles cuando las condiciones técnicas lo permitan.
Asimismo, la diputada contrastó el monto destinado al arrendamiento aéreo con las deficiencias en el sector sanitario estatal, tras recordar que la semana pasada el Pleno rechazó una iniciativa de su grupo parlamentario para instaurar un plan emergente de abasto de medicamentos y mejorar las condiciones laborales del personal médico.
El punto de acuerdo también requiere que la Secretaría de Seguridad Pública rinda cuentas sobre los servicios prestados y el presupuesto ejercido en la operación de ambas unidades, con el propósito de que la coordinación institucional derive en mecanismos verificables de atención a urgencias.
“Más de mil millones de pesos comprometidos exigen transparencia y resultados. Las y los chihuahuenses tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero y por qué esos recursos no se traducen en beneficios tangibles para la población”, concluyó.



