La nueva Taddei ya despacha en el INE
En la Cámara de Diputados no hay parálisis por torpeza, hay cálculo político puro y duro. Desde el 26 de octubre, cuando Guadalupe Taddei abandonó la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el artículo 41 de la Constitución ordena integrar de inmediato un Comité Técnico de Evaluación como primer paso obligatorio para elegir a quien dirigirá el organismo. Pero en San Lázaro se están burlando de la ley a plena luz del día.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, lo dijo sin el menor pudor: no tiene prisa. Pretende vendernos el cuento de que retrasa la convocatoria para construir consensos con la oposición rumbo a las elecciones de 2027. Es mentira. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya está lista desde el 9 de noviembre para nombrar a sus integrantes en ese comité, pero Monreal sigue congelando el trámite. Omite su obligación legal en pleno arranque del proceso electoral porque cada día que pasa sin convocatoria es un día más que el INE queda bajo control de una operadora a modo.
Morena no tiene prisa porque ya encontró a su nueva Taddei y se llama Blanca Yassahara Cruz García. Aprovechando que la ley no fija un plazo fatal tras una renuncia, el oficialismo apuesta por alargar el interinato de forma indefinida. Así evitan negociar con la oposición, esquivan la votación calificada en el Pleno y se ahorran el riesgo de una tómbola. Para qué elegir a un árbitro nuevo si la oficina principal ya está ocupada por alguien que ya demostró lealtad ciega al poder.
Los datos duros desnudan quién es realmente Blanca Cruz, por más que hoy intente disfrazarse de funcionaria institucional revisando contratos viejos. Desde que llegó al Consejo General en abril de 2026, votó exactamente igual que Guadalupe Taddei en el 88 por ciento de las sesiones divididas. Fue una de las seis consejerías que en septiembre avaló la ilegalidad de contar las boletas planchadas, esas papeletas lisas y sin doblez que aparecen mágicamente en las urnas para inflar resultados. El Tribunal Electoral tuvo que enmendarles la plana por unanimidad en octubre para frenar ese intento de legalizar el fraude.
Pero su verdadera carta de recomendación para Monreal viene de Puebla. En 2024, siendo presidenta del instituto electoral local, Blanca Cruz solapó un milagro matemático a favor de Fuerza por México, el partido de Pedro Haces, brazo derecho de Ricardo Monreal. De tener apenas 6 mil 440 votos en el PREP, el partido de Haces saltó a 33 mil 575 sufragios en el cómputo oficial, exactamente mientras Morena perdía 30 mil votos. Con ese trasvase descarado alcanzó el 3.06 por ciento y salvó su registro. Blanca Cruz guardó silencio cómplice y enterró el caso en una contraloría interna que jamás sancionó a nadie. Dos años después, Monreal le pagó el favor metiéndola al INE.
La jugada es burda y sospechosa. Con un Consejo General empatado en dos bloques de cinco consejerías, la presidencia tiene el voto decisivo para controlar el rumbo de las elecciones de 2027. Al congelar la creación del Comité Técnico de Evaluación, Morena viola el espíritu de la Constitución para blindar a una presidenta interina que ya probó en Puebla y en el INE que sabe mirar hacia otro lado cuando el oficialismo necesita ayuda. No buscan consensos, están ganando tiempo para dejar al zorro cuidando el gallinero.
Centinela ciego frente a 20 ranchos arrasados
La barbarie denunciada este domingo en la región rural que une a Aldama con Coyame del Sotol exhibe una cruda realidad que ningún boletín oficial puede maquillar. De acuerdo con los testimonios y videos difundidos por los propios productores ganaderos, grupos armados prendieron fuego a alrededor de veinte ranchos —entre ellos propiedades identificadas como El Cuatralbo y Los Vaqueros—, calcinaron vehículos, destruyeron maquinaria y forzaron el desplazamiento de familias enteras.
Basta un mínimo de sentido común y conocimiento de la geografía semidesértica de Chihuahua para entender que arrasar con veinte propiedades no es obra de un comando furtivo en un par de horas. Los ranchos en esa franja están separados por decenas de kilómetros de brechas y terracería. Ejecutar semejante operación de tierra arrasada requiere logística, combustible, vigilancia de caminos y, necesariamente, la movilización de un verdadero ejército de criminales operando con total libertad durante más de una jornada completa sin que nadie los molestara.
Lo más alarmante no es solo la magnitud del ataque, sino el silencio institucional que lo rodea. Hasta la tarde de este domingo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública han sido capaces de emitir una postura oficial que confirme la cifra exacta de predios siniestrados, la cronología de la incursión o el paradero de los trabajadores rurales que se reportan como desaparecidos. Los ganaderos tuvieron que huir para salvar la vida y regresar días después, apenas escoltados por patrullas, para rescatar lo que quedó de su ganado y grabar con sus propios teléfonos los escombros.
Esta crisis pone bajo la lupa directa a Gilberto Loya Chávez, actual encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado. Loya no es un improvisado en materia de inteligencia policial; antes de asumir el mando ministerial en octubre pasado, fue el titular de Seguridad Pública y el arquitecto principal de la multimillonaria Plataforma y Torre Centinela. Nadie en el gobierno de Chihuahua conoce mejor que él los alcances, los arcos carreteros y las miles de cámaras instaladas en el estado.
Precisamente por ese historial, la urgencia de que el fiscal encargado salga a dar la cara y presente resultados es doble. Si bien las cámaras de la Plataforma Centinela no llegan hasta el fondo de las brechas ganaderas —y en el corredor hacia Ojinaga han sido blanco constante de ataques criminales—, un despliegue de decenas de hombres armados, camionetas y abastecimiento para quemar veinte ranchos tuvo que moverse por algún tramo vigilado o dejar rastro en los subcentros de Chihuahua y Ojinaga.
Hoy Gilberto Loya tiene frente a sí la prueba de fuego para demostrar que su experiencia tecnológica sirve en la procuración de justicia y que los miles de millones de pesos invertidos en la Plataforma Centinela sirven para algo más que presumir estadísticas y recuperar vehículos robados en las zonas urbanas. De nada sirve tener el sistema de videovigilancia más costoso del país si un ejército criminal puede operar durante días en el campo chihuahuense, vaciar una región entera y retirarse sin dejar un solo detenido ni una carpeta de investigación pública. La sociedad y los productores del campo exigen respuestas inmediatas, no otro silencio administrativo mientras el estado arde.
Equilibrismo de aparador en Shenzhen
Claudia Sheinbaum aterrizó en Shenzhen con la encomienda de vender una estampa de soberanía internacional para consumo interno, pero la realidad geopolítica desnuda los verdaderos límites de su gobierno. La visita a la cumbre de la APEC en China no es el nacimiento de una nueva potencia diplomática independiente, sino un acto de malabarismo desesperado para aparentar margen de maniobra mientras Washington mantiene a México contra las cuerdas.
En el discurso oficial, el viaje busca diversificar mercados y proyectar liderazgo global. En los hechos, la presidenta viaja con las manos atadas por una dependencia estructural que no admite rebeldías. Más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, una cifra que convierte cualquier gesto hacia Pekín en un movimiento vigilado bajo lupa por la Casa Blanca. Con Donald Trump imponiendo revisiones anuales al T-MEC y amenazando con duplicar aranceles por el tema migratorio, el gobierno mexicano sabe perfectamente que tensar la cuerda demasiado significa el suicidio económico.
Por eso la supuesta apertura hacia China es, en el fondo, un equilibrismo acotado y lleno de concesiones previas a Estados Unidos. Antes de subirse al avión, el propio gobierno de Sheinbaum ya había aplicado aranceles contra productos asiáticos para demostrarle a Washington que México no servirá de trampolín comercial para mercancías chinas. Además, en Shenzhen se descartó de antemano cualquier intento de negociar un Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático. México va a pedir inversión y transferencia tecnológica en rubros inofensivos como paneles solares y hospitales inteligentes, cuidando minuciosamente no pisar ningún callo en materia de seguridad nacional estadounidense.
Los datos duros del intercambio bilateral confirman que México llega a esta cita en una posición de evidente desventaja. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el déficit comercial con China alcanzó un récord histórico de 94 mil 878 millones de dólares. Es decir, México le compra a China casi todo lo que necesita para sostener su industria de exportación, pero le vende una fracción mínima. La visita presidencial no resolverá ese desequilibrio profundo; simplemente intenta administrarlo sin provocar la ira del vecino del norte.
Al final, la narrativa soberanista choca de frente con la aritmética comercial. Sheinbaum busca capitalizar la foto con Xi Jinping y la recepción de la estafeta para organizar la cumbre de la APEC en 2028 como pruebas de una política exterior autónoma. Sin embargo, el margen real de México se reduce a caminar sobre una cuerda floja donde Estados Unidos dicta las reglas del juego y fija el límite exacto de hasta dónde puede llegar la coquetería con China. En Shenzhen no hay un desafío geopolítico auténtico, sino la confirmación de que, por más discursos nacionalistas que se pronuncien en casa, la brújula de Palacio Nacional sigue apuntando obligatoriamente hacia Washington.



