Ciudad Juárez, Chihuahua.- La encomienda operativa instruida por la dirigencia nacional de Morena para que Hugo González Muñiz y Omar Holguín Franco asuman el control del partido en Chihuahua carece de sustento jurídico para relevar a Brighite Granados de la Rosa, debido a que no existe una ausencia material de sus funciones como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).
De acuerdo con la normativa interna del instituto político, la figura de suplencia prevista en el Artículo 32, inciso b, del Estatuto únicamente procede ante una ausencia física o imposibilidad real para desempeñar el encargo, como licencias, enfermedad o abandono total. Al mantenerse activa la dirigente estatal en tareas partidistas y actos vinculados con otros liderazgos internos, como el de la senadora Andrea Chávez, el cargo no se encuentra acéfalo, por lo que su inasistencia a eventos encabezados por la secretaria Ariadna Montiel Reyes o el alcalde Cruz Pérez Cuéllar representa un diferendo político y no una vacante administrativa.
Asimismo, el reglamento interno no faculta al presidente del Consejo Estatal, Hugo González Muñiz, para asumir atribuciones ejecutivas ni compartir la conducción del Comité Ejecutivo Estatal mediante una designación directa desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya que su competencia se circunscribe a presidir el órgano deliberativo en la entidad.
En estricto acato al Estatuto y a los reglamentos de Morena, cualquier inconformidad derivada de la falta de asistencia a convocatorias oficiales o de una presunta parcialidad en la conducción del partido frente al proceso interno rumbo a 2027 debe dirimirse por la vía jurisdiccional interna partidista.
Para efectuar una sustitución válida y evitar impugnaciones por usurpación de funciones o violencia política en razón de género, el procedimiento exige presentar una queja formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). Dicho órgano es la única instancia facultada para iniciar un procedimiento sancionador ordinario, garantizar el derecho de audiencia y, en su caso, determinar la suspensión de derechos o destitución de una dirigencia electa, o bien esperar a que medie una renuncia formal para convocar a sesión extraordinaria del Consejo Estatal.



