Raya en delito el apoyo a Santiago
El escándalo que envuelve a José Luis Martínez Juárez, jefe de prensa de Maru Campos, no puede reducirse a un conflicto entre el Gobierno del Estado y un grupo de periodistas. La denuncia presentada por MegaRadio Chihuahua ante la Fiscalía General del Estado apunta a algo mucho más grave: la presunta utilización de recursos públicos para promover la candidatura de Santiago de la Peña y presionar, al mismo tiempo, a los medios que publican información incómoda para ese proyecto político.
Aquí no hay que andarse con rodeos. Si los hechos denunciados se acreditan, estaríamos ante una posible desviación de recursos públicos para beneficiar a un aspirante a un cargo de elección popular y perjudicar a quienes representan un bloque político contrario a sus intereses. Eso no es una diferencia de criterios editoriales, ni una disputa por el control de la agenda informativa. Puede constituir peculado y delitos electorales.
José Luis Martínez no es un operador particular de Santiago de la Peña. Es el responsable de Comunicación Social del Gobierno de Maru Campos, dispone de una estructura administrativa, personal, canales institucionales y presupuesto público. Su responsabilidad es comunicar las actividades del gobierno, no convertirse en jefe de propaganda de un aspirante panista a la alcaldía de Chihuahua.
La gravedad del señalamiento está precisamente en el origen de los recursos y en el propósito de su utilización. El artículo 270 del Código Penal de Chihuahua contempla expresamente como peculado el uso indebido de fondos públicos para promover la imagen política de un superior jerárquico o de un tercero, así como para denigrar a cualquier persona. La descripción coincide con dos de los componentes centrales de la denuncia: promover a Santiago y presionar para retirar contenidos desfavorables.
Pero hay más. El artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones para los servidores públicos que destinen ilegalmente fondos, bienes o servicios bajo su responsabilidad para apoyar o perjudicar a un precandidato, partido o candidato. La fracción IV también contempla el apoyo a esas figuras mediante subordinados durante horarios laborales. No es una interpretación política: son disposiciones expresas de la legislación electoral.
Por eso la denuncia tiene implicaciones que van más allá de José Luis Martínez. ¿Quién autorizó la operación? ¿Quién decidió que Comunicación Social debía trabajar para Santiago? ¿Quién ordenó presionar a los medios y quién determinó que un periodista debía ser expulsado del grupo oficial de prensa después de publicar una investigación sobre el propio coordinador?
El caso de Megaradio es particularmente revelador. La publicación de una investigación sobre Martínez fue seguida por la exclusión del director de noticias del grupo de WhatsApp utilizado para distribuir información oficial. La denuncia documenta fechas, horarios y capturas de pantalla. No se trata de un detalle anecdótico: es un señalamiento de represalia desde una estructura gubernamental.
Y Maru Campos no puede declararse ajena al problema. Martínez encabeza la comunicación de su gobierno y tiene bajo su responsabilidad una estructura pagada con dinero de los chihuahuenses. Si esa estructura fue desviada para favorecer a Santiago y golpear a quienes cuestionan sus aspiraciones, la gobernadora tiene explicaciones políticas y administrativas que ofrecer.
Santiago, por su parte, tampoco puede pretender que la promoción denunciada es un asunto ajeno a sus aspiraciones. Su nombre aparece directamente vinculado con la operación descrita por los denunciantes.
La disputa por la alcaldía de Chihuahua comienza a mostrar prácticas que, de comprobarse, rebasan cualquier competencia interna del PAN. Utilizar dinero público para posicionar a un aspirante y hostigar a sus adversarios no es hacer campaña: es poner el gobierno al servicio de un proyecto particular.
La Fiscalía tiene materia para investigar. Y la pregunta que Palacio no podrá esquivar es elemental: ¿José Luis Martínez convirtió Comunicación Social en la oficina de campaña de Santiago por iniciativa propia o estaba cumpliendo instrucciones?
Morena profundiza su fractura
La visita de Ariadna Montiel Reyes a Ciudad Juárez, programada para este sábado, podría terminar produciendo el efecto contrario al que necesita Morena rumbo a 2027. La presidenta nacional del partido se reunirá en Las Anitas con Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, en un encuentro donde la ausencia de Andrea Chávez resulta políticamente más significativa que los asistentes.
No se trata de una ausencia cualquiera. Andrea no solamente fue una de las protagonistas de la contienda interna por la candidatura al Gobierno del Estado, sino que ahora está perfilada como la virtual candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez. Que ni siquiera haya sido convocada a una reunión de la dirigencia nacional en la ciudad donde pretende competir constituye una señal difícil de disimular.
La convocatoria difundida por Morena establece una conferencia de prensa de 10:30 a 11:30 horas en el salón Zeus de Las Anitas. Cruz estará al lado de Ariadna, en su condición de coordinador estatal, una posición que le permite conservar el control de buena parte de la estructura política del movimiento en Chihuahua.
El problema es que Morena pretende vender unidad mientras sus decisiones y sus gestos públicos siguen alimentando la división. Si el propósito de la visita de Montiel es recomponer las relaciones entre los distintos grupos, comenzar por una reunión en la que se privilegia a uno de los protagonistas de la disputa y se excluye a la otra difícilmente puede considerarse una operación de cicatrización.
La fractura tiene antecedentes. Cruz y Andrea disputaron la candidatura a la gubernatura en un proceso que dejó heridas, acusaciones, diferencias de operación y dos estructuras políticas que no terminaron de reconciliarse. La competencia no fue solamente por una candidatura: representó el enfrentamiento de dos proyectos, dos grupos y dos maneras de entender el control de Morena en Chihuahua.
Hay una frase de Andrea que conviene recuperar. Cuando le preguntaron durante la precampaña qué la hacía diferente de Cruz, respondió: «Somos blanco y negro». Difícil encontrar una descripción más precisa de lo que hoy sucede en el partido.
La dirigencia nacional conoce perfectamente esas diferencias. Ariadna Montiel participó en los acercamientos con ambos personajes y sabe que la reconciliación no se consigue con fotografías ni pronunciamientos de ocasión. En julio pasado, incluso, hubo una reunión en Ciudad de México con Andrea, Cruz y Martín Chaparro para establecer prioridades políticas en Chihuahua.
Por eso resulta contradictorio que ahora, en la principal plaza electoral de Morena en el estado, la dirigente nacional aparezca acompañada de Cruz, mientras Andrea queda fuera de la convocatoria.
Y hay otro elemento que no debería perderse de vista: Ciudad Juárez concentra una parte fundamental del padrón morenista y representa el principal bastión electoral del partido en Chihuahua. No se puede construir una candidatura competitiva para recuperar la gubernatura si el movimiento llega dividido precisamente desde su mayor reserva de votos.
Cruz tiene su estructura, sus operadores y sus aspiraciones estatales. Andrea tiene presencia política, relaciones nacionales y una base de simpatizantes que no desaparecerá por decreto. Pretender que una de esas fuerzas puede imponerse sobre la otra sin consecuencias electorales es un error de cálculo.
Ariadna Montiel tendrá que explicar si su visita busca conducir a Morena como dirigente nacional o convertirse en árbitro de una facción. Porque si la operación de unidad comienza excluyendo a Andrea, el mensaje que recibirá la militancia será exactamente el contrario.
En Las Anitas puede haber fotografía, conferencia y discursos de unidad. Lo que difícilmente habrá, si las cosas siguen por este camino, es reconciliación. Morena está profundizando su fractura en la frontera y lo está haciendo justo cuando más necesita cerrar filas.
El viejo truco del cambio de piel
En la política y en la obra pública de Chihuahua, los viejos zorros nunca pierden las mañas. Solo cambian de piel ante el notario para seguir cobrando del presupuesto.
En diciembre de 2016, la Contraloría Municipal de Ciudad Juárez recomendó cerrar la puerta a la constructora Gexiq. Regidores locales y organizaciones civiles habían denunciado pavimentaciones de pésima calidad tras más de 310 millones de pesos cobrados al erario juarense. Parecía el punto final para un grupo de contratistas señalados por hacer mal su trabajo.
Pero en la frontera el dinero público tiene memoria muy corta. Según documentó el medio La Verdad Juárez, apenas unos meses después nació Grupo Koraachi, impulsada por el mismo círculo de socios. El resultado fue idéntico: otros 57 contratos municipales por más de 306 millones de pesos. Cambió el nombre en las facturas, pero se mantuvo el mismo equipo técnico y el mismo domicilio fiscal en la avenida Plutarco Elías Calles.
Hoy la historia se repite a escala federal y con cifras mucho más altas. Investigaciones difundidas por el periodista Joaquín López-Dóriga revelaron que el Infonavit, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, entregó 697 millones de pesos a Constructora IEBS. Esta compañía apenas tenía un año de haber sido creada cuando recibió semejante bolsa dentro del paquete nacional de vivienda.
¿Y quiénes aparecen en el acta constitutiva de esta prodigiosa empresa recién nacida? Exactamente la misma familia. En los papeles figuran Francisco Javier Ibarra Molina, actual dirigente estatal del partido PAZ en Chihuahua, junto con seis de sus familiares directos. Los mismos apellidos que ayer operaban Gexiq, hoy se reparten cientos de millones de pesos del ahorro de los trabajadores.
En el mundo de los negocios a esta maniobra se le llama simulación societaria. En la política de a pie tiene nombres menos elegantes. Es el arte de burlar las observaciones de una contraloría municipal mediante el uso de razones sociales desechables. Una empresa carga con las culpas del pasado y la otra sale limpia a firmar contratos nuevos, mientras las autoridades federales miran hacia otro lado.
La paradoja en Ciudad Juárez resulta insultante. Mientras miles de familias esperan que arranquen las viviendas prometidas, detenidas por la falta de factibilidad de agua y permisos hidráulicos, los contratos millonarios ya fueron asignados sin licitación abierta a los contratistas de siempre. En el Senado ya exigen auditorías a este esquema de adjudicaciones directas que compromete los fondos obreros.
Además, el contraste exhibe las grietas del sistema de fiscalización mexicano. Una sanción local muere en la frontera del municipio y no impide hacer negocios multimillonarios con la federación. Basta con pagar un acta constitutiva nueva para borrar años de reclamos ciudadanos y calles mal pavimentadas.
El velo corporativo sirve para limpiar expedientes ante las dependencias públicas, pero no alcanza para tapar la realidad. Podrán cambiar el logotipo en las camionetas, en los cascos y en las hojas membretadas. Sin embargo, los dueños, la maquinaria y las viejas prácticas siguen intactas. En Chihuahua, el bienestar de los constructores favoritos llegó mucho antes que las casas para los obreros.
