Panistas desafían a Maru
La fotografía política de Jardines del Cedro tiene más lecturas que una simple concentración de panistas. Alrededor de mil 300 militantes, dirigentes, funcionarios, exfuncionarios y figuras históricas de Acción Nacional se reunieron este jueves para enviar un mensaje que tiene destinataria: María Eugenia Campos Galván. La exigencia de una elección interna para definir la candidatura a la alcaldía de Chihuahua en 2027 es, en realidad, una advertencia contra cualquier intento de resolver la sucesión municipal desde el despacho de Palacio de Gobierno.
El llamado Bloque de Unidad consiguió sentar en un mismo espacio a distintas expresiones del panismo capitalino. Carlos Olson, Jorge Soto, Carla Rivas, Félix Martínez, Isaac Olivas, Rafael Loera y Carlos Rivas estuvieron entre los principales promotores. No se trató de una reunión de cortesía ni de una fotografía para presumir cohesión partidista. La convocatoria puso sobre la mesa el asunto que divide al PAN: quién tendrá la última palabra sobre la candidatura y, sobre todo, quién está dispuesto a aceptar que la decisión venga previamente cocinada.
La unidad no se decreta desde Palacio
La intervención de Félix Martínez fue particularmente significativa. Su exigencia de una consulta o elección interna encontró respaldo entre los asistentes. Carlos Olson, con un discurso más institucional, insistió en que el partido debe estar por encima de aspirantes y gobiernos. Sin embargo, el mensaje de fondo fue coincidente: la unidad no puede construirse excluyendo a la militancia.
Ahí está el problema de Maru Campos. Su respaldo público a Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno y de origen priista, alimentó la percepción de que existe una candidatura favorita y que los demás aspirantes tendrían que acomodarse a una decisión tomada desde arriba. De la Peña ha negado que exista una imposición y sostiene que cualquier reunión que busque construir para Chihuahua debe ser bienvenida. Pero las palabras no disipan las suspicacias cuando los movimientos políticos cuentan una historia diferente.
El asunto tampoco es menor para quienes han hecho carrera dentro del PAN. Una candidatura externa, particularmente cuando se trata de alguien con pasado priista, obliga a responder una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la militancia si al final las decisiones se toman en función de las preferencias del grupo gobernante?
El grito que incomodó a Palacio
Pero el momento más revelador llegó con Juan Blanco Zaldívar. El exalcalde tomó el micrófono y lanzó la consigna: «¡César libre, César libre!». La concurrencia respondió y convirtió la exigencia en uno de los episodios centrales de la reunión.
La presencia de César Jáuregui Moreno, aunque permanece recluido en el Altiplano y enfrenta un proceso penal federal, sigue pesando en la disputa interna. Su situación jurídica alteró los equilibrios y abrió un frente político entre quienes consideran que debe conservar sus derechos como aspirante y quienes buscan avanzar con otras opciones.
La arenga de Juan Blanco no fue solamente una expresión de solidaridad. También recordó que el expediente de Jáuregui tiene consecuencias políticas dentro del partido y que sus cercanos no están dispuestos a desaparecer del escenario.
Una advertencia que no admite simulaciones
La ausencia de Mario García, dirigente municipal, y de Daniela Álvarez, dirigente estatal, tampoco pasó inadvertida. Que una convocatoria de esta dimensión ocurra sin la participación formal de las dirigencias habla de las distancias que existen entre las estructuras institucionales y las corrientes que reclaman participación.
Maru puede minimizar la concentración, pero no puede ignorar lo que representa: un sector del PAN decidió organizarse, exhibir sus diferencias y exigir reglas antes de que la sucesión municipal quede resuelta.
Jardines del Cedro dejó una advertencia: si la candidatura se decide por consigna cupular, la unidad que hoy todos invocan podría convertirse en la primera víctima de la disputa por Chihuahua capital.
Piso parejo, pero con dueño
El PAN de Chihuahua salió a ofrecer piso parejo para las candidaturas de 2027, pero la conferencia en la que presentó a Marcelo Torres Cofiño como delegado del Comité Ejecutivo Nacional dejó más preguntas que certezas. La promesa de equidad sonó bien; el problema es que el partido llega a la sucesión con demasiados intereses cruzados, una fractura que ya se hizo pública y un expediente judicial que amenaza con convertirse en uno de los principales lastres políticos del gobierno de Maru Campos.
La frase de Marco Bonilla fue reveladora: «Los amigos en el corazón y los mejores en la boleta». Una sentencia que parece diseñada para tranquilizar a los inconformes, pero que también deja abierta la pregunta fundamental: ¿quién decidirá quiénes son los mejores y con qué reglas?
Marcelo Torres Cofiño llega precisamente para eso. Su nombramiento como delegado del CEN no es un movimiento decorativo. La dirigencia nacional sabe que Chihuahua es una de las plazas estratégicas para 2027 y que la disputa por las candidaturas puede terminar en una confrontación de consecuencias electorales. Torres tendrá que escuchar, medir fuerzas y evaluar perfiles, aunque la última palabra corresponda a la dirigencia nacional.
El discurso de Bonilla tiene una particularidad: ofrece imparcialidad desde una posición de evidente interés. Es alcalde de Chihuahua, aspirante a la gubernatura y uno de los principales protagonistas del proceso sucesorio. No es un observador de la contienda, sino uno de sus participantes.
La pregunta no es menor porque en Chihuahua la candidatura a la alcaldía se ha convertido en una batalla de grupos. Santiago de la Peña cuenta con el respaldo político que se atribuye a Maru Campos; Rafael Loera Talamantes ha levantado la voz contra los favoritismos y los acuerdos de Palacio, mientras Juan Blanco aparece también en la recomposición de las fuerzas internas.
César Jáuregui, que hasta hace poco figuraba entre los nombres de peso en la disputa municipal, debe colocarse ahora en otra dimensión. Su permanencia en Almoloya y el proceso penal que enfrenta modificaron radicalmente sus posibilidades políticas. Ya no puede ser presentado como el principal contendiente de Santiago. Su situación constituye, más bien, una crisis para Maru Campos y para el panismo estatal.
El primer escenario de confrontación por la candidatura capitalina se perfila ahora entre Santiago de la Peña y Rafael Loera Talamantes. Este último representa una corriente inconforme con las preferencias que se atribuyen a Palacio de Gobierno y reclama condiciones transparentes para competir. Juan Blanco también debe mantenerse en el radar, aunque su posición pública ha estado vinculada al respaldo a Jáuregui y a la exigencia de una elección interna.
El problema para el PAN es que no puede hablar de competencia democrática mientras sus principales decisiones sigan dependiendo de los equilibrios entre la gobernadora, el alcalde capitalino y la dirigencia nacional. Si el piso es parejo, debe serlo también para quienes no cuentan con el respaldo de Palacio. De lo contrario, la elección interna será solamente una escenografía para legitimar una decisión tomada de antemano.
Jáuregui, el elefante en la sala
Pero hubo otro dato que terminó por desnudar las preocupaciones del panismo: de los 60 minutos de conferencia, más de 20 se consumieron hablando de César Jáuregui. Un tercio del encuentro dedicado a un exfiscal que hoy representa uno de los mayores problemas políticos para Maru Campos y para el PAN de Chihuahua.
Daniela Álvarez y Bonilla se refugiaron en el argumento del debido proceso. Es una posición jurídicamente correcta, pero políticamente insuficiente. El partido que durante años presumió respaldo a sus gobiernos ahora parece medir cada palabra cuando se trata de defender a uno de los hombres más cercanos a la gobernadora.
Jáuregui enfrenta una acusación de enorme gravedad. Fue vinculado a proceso por presunta traición a la patria, relacionada con la participación de dos agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio de drogas en la sierra de Chihuahua, sin la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas.
Bonilla calificó de desproporcionada la imputación y acusó al gobierno federal de utilizar el expediente como distractor frente a los casos de Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya. Sin embargo, el argumento no resuelve la pregunta central: ¿qué sabía el gobierno de Chihuahua sobre la presencia y participación de los agentes estadounidenses y quién autorizó su intervención?
La defensa del debido proceso no debe confundirse con la defensa política de los involucrados. Mucho menos cuando el escándalo alcanza a la propia gobernadora y compromete la relación institucional con Estados Unidos.
Y hay otro efecto que el PAN no puede ignorar: la situación de Jáuregui alteró el tablero de las candidaturas municipales. Su grupo debe reorganizarse, sus aliados tienen que redefinir posiciones y Santiago de la Peña encuentra enfrente a otros interlocutores. La crisis judicial y la competencia electoral son asuntos distintos, pero se cruzan inevitablemente en la disputa por el control del partido.
Juárez, la otra preocupación
La frontera tampoco quedó fuera del reparto de preocupaciones. Daniela Álvarez puso sobre la mesa la cobertura del 100 por ciento de las casillas para 2027 y destacó el trabajo de Luis Olmedo, secretario nacional de Elecciones.
La referencia a las 120 mil boletas planchadas que, según la dirigente, detectaron en la elección de 2014, tiene una intención evidente: recordar que en Juárez no basta con tener candidatos, estructura y discursos. Hay que cuidar la operación electoral.
Y aquí el PAN enfrenta una realidad incómoda. Ciudad Juárez es un territorio donde Morena tiene una ventaja política importante y donde Acción Nacional necesita reconstruir su capacidad de movilización. No se gana una elección fronteriza con conferencias de prensa desde Chihuahua capital.
La cobertura de casillas es indispensable, pero no sustituye una estrategia territorial, una candidatura competitiva ni una estructura capaz de enfrentar a los operadores de Morena.
Al final, Marcelo Torres Cofiño llega a Chihuahua con tres encargos: evitar que la disputa por la alcaldía capitalina reviente al partido, contener las inconformidades de quienes exigen elecciones internas y ayudar a construir una estrategia que permita competir en Juárez.
No será sencillo. Bonilla quiere llegar a la gubernatura, Maru Campos busca conservar influencia en la sucesión, Santiago de la Peña tiene aspiraciones, Loera Talamantes disputa el espacio de los inconformes y Juan Blanco permanece en el tablero de las fuerzas internas. A todo ello se suma la crisis de César Jáuregui, que amenaza con seguir contaminando la vida política del gobierno estatal.
El PAN presume unidad, pero sus propias circunstancias dicen otra cosa. La reunión de Los Cedros fue el desmentido más contundente a ese discurso.
Y mientras el partido promete piso parejo, la pregunta sigue en el aire: ¿Marcelo Torres viene a garantizar que los mejores lleguen a la boleta o a administrar los acuerdos de quienes ya se sienten dueños de las candidaturas?
Porque una cosa es ofrecer democracia y otra muy distinta permitirla.
Montiel y la unidad imposible
La eventual visita de Ariadna Montiel Reyes a Ciudad Juárez este sábado tiene un problema de origen: la dirigente nacional de Morena llega a una plaza donde la disputa interna no terminó con la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación. Por el contrario, las diferencias se profundizaron y adquirieron una dimensión política que difícilmente podrá resolver con un discurso de unidad y un llamado a la disciplina.
Hay una declaración de Andrea Chávez durante la precampaña que conviene recordar. Cuando le preguntaron qué la hacía diferente de Cruz Pérez Cuéllar, respondió sin rodeos: «Somos blanco y negro». Ahí está dicho prácticamente todo. No se trata de una simple diferencia de equipos, de métodos o de simpatías personales. La propia Andrea estableció una distancia política entre ambos proyectos. Ahora se pretende que quienes se definieron como blanco y negro aparezcan unidos bajo una misma conducción, como si bastara una instrucción de la dirigencia nacional para borrar lo que llevan meses construyendo.
El problema para Ariadna Montiel es todavía mayor porque quienes hoy se agrupan alrededor de Andrea llevan tiempo cuestionando precisamente su intervención en el proceso de Chihuahua. Desde ese grupo se ha señalado que la dirigente nacional operó a favor de Cruz Pérez Cuéllar. Por eso, su llegada a Juárez para exigir unidad tiene una contradicción de origen: tendrá que convencer de su imparcialidad a quienes consideran que ya tomó partido.
Tampoco puede ignorarse el nombramiento que la propia Montiel entregó a Andrea el pasado 5 de octubre, como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. La senadora con licencia recibió personalmente el reconocimiento, en un acto que llamó la atención por su rapidez e informalidad. Fue una definición política que confirmó que Andrea conserva interlocución y respaldo en el centro del país, independientemente de que Cruz haya obtenido la coordinación estatal.
Juárez, el verdadero campo de batalla
La dimensión del conflicto se explica con la estructura electoral. De los aproximadamente 350 mil militantes que Morena reporta en Chihuahua, alrededor de 160 mil se concentran en Ciudad Juárez. Es decir, la frontera representa casi la mitad de su padrón estatal. Quien controle políticamente esa estructura tendrá una posición determinante en la organización territorial rumbo a 2027.
Cruz, por su parte, no se ha quedado esperando instrucciones. Ha comenzado a sumar adhesiones en Juárez y otros municipios, entre ellos Cuauhtémoc, Delicias y Parral. La incorporación del regidor Alejandro Alberto Jiménez, del exalcalde Alfredo Urías Cantú y de Maurilio Fuentes Estrada es parte de esa operación de crecimiento político.
Mientras tanto, Brighite Granados y Juan Carlos Loera siguen siendo señalados por el grupo de Cruz como actores que no terminan de aceptar el resultado de la definición interna y mantienen diferencias con el coordinador estatal.
Ariadna tendrá que entender que no llega a una organización donde solamente hace falta reconciliar susceptibilidades. Llega a una confrontación entre dos proyectos que la propia Andrea resumió con dos palabras: blanco y negro.
Y si la dirigente nacional cree que puede convertirlos en una sola tonalidad mediante un regaño, quizá termine descubriendo que la unidad que viene a buscar no está al alcance de sus instrucciones.
