Jueza pone bozal a De la Peña
A Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno y aspirante a la candidatura del PAN por la alcaldía de Chihuahua, ya le llegó la primera factura judicial por sus declaraciones sobre Andrea Cecilia Domínguez Anguiano. El Juzgado Tercero de Distrito le concedió una suspensión provisional que le impide emitir pronunciamientos de culpabilidad o expresiones insidiosas que vulneren la presunción de inocencia de la denunciante. No es una recomendación ni un exhorto: es una restricción cautelar dictada por una jueza federal.
El expediente de amparo 2673/2026-XIII-7, resuelto el 5 de noviembre, coloca al segundo hombre del gabinete de Maru Campos en una posición políticamente incómoda. Sus declaraciones sobre el caso de Andrea quedaron bajo escrutinio constitucional y ahora tienen un límite judicial. Para alguien que pretende gobernar la capital del estado, no es precisamente la mejor carta de presentación.
Lo delicado es que la demanda no se limita a cuestionar sus declaraciones. La defensa señala ocho aspectos de su actuación, entre acciones y omisiones, que podrían generar responsabilidades administrativas e incluso penales si se acreditan los elementos correspondientes.
Lo que sabía y lo que hizo
Uno de los señalamientos centrales es que De la Peña reconoció haber revisado la queja que Andrea presentó el 6 de octubre ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde denunció amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad.
También se sostiene que el secretario admitió conocerla y haberla recibido anteriormente en la Secretaría General de Gobierno, cuando acudió a solicitar apoyo y respuestas.
La pregunta es inevitable: si conocía la denuncia y estaba enterado de la situación, ¿por qué, en lugar de activar mecanismos institucionales de protección, habría optado por declaraciones que, según la promovente, desacreditaron su denuncia y minimizaron los hechos?
La juez federal Jessica María Contreras Martínez puso el dedo en la llaga. En las páginas 18 y 19 de la resolución establece que los funcionarios de alto rango tienen obligaciones especiales de diligencia, constatación razonable de los hechos y respeto a los derechos humanos. Su investidura les exige mayor cuidado que a un ciudadano particular.
Por eso ordenó abstenerse de emitir expresiones que vulneren la presunción de inocencia de Andrea. Santiago tendrá que medir sus palabras, aunque quizá el problema político ya no esté solamente en lo que dijo, sino en lo que presuntamente dejó de hacer.
La factura para Maru y su aspirante
El asunto también golpea las aspiraciones electorales del funcionario. De la Peña quiere la candidatura panista a la presidencia municipal de Chihuahua, pero ahora carga con una resolución federal que cuestiona constitucionalmente su comportamiento frente a una denunciante.
No significa que sea culpable de un delito ni que los ocho señalamientos estén probados. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Pero tampoco es un expediente que pueda despacharse con una declaración de prensa.
La audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva fue señalada para el 12 de noviembre, a las 9:26 horas. El caso sigue abierto.
Maru Campos tiene otro problema en su gabinete. Su secretario general, el funcionario que debería garantizar gobernabilidad y conducir la política interna, necesita explicar su actuación ante la justicia federal.
Santiago puede tener padrinos políticos y aspiraciones electorales, pero no puede convertir el cargo en patente de corso. La jueza ya le marcó un límite. Ahora falta saber si en Palacio se acusa de recibido.
Maru en su laberinto
La entrevista de Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui, con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, terminó por abrir otro frente en el escándalo de la presunta participación de agentes de la CIA en Chihuahua. Sus declaraciones no solamente contradicen públicamente a la gobernadora Maru Campos sobre la supuesta separación de Guillermo Arturo Zuany Portillo de la Fiscalía, sino que introducen un elemento particularmente delicado: la relación directa que el exfuncionario mantenía con la mandataria y su interlocución personal con ella.
Villasana fue categórico al sostener que Zuany nunca fue despedido cuando le retiraron la visa estadounidense, como afirmó Maru Campos públicamente y en horario triple A. Según el abogado, el exfiscal permaneció en la nómina estatal y los comprobantes de sus percepciones salariales se encuentran en la Secretaría de Hacienda. Es decir, no habría existido la baja laboral que la gobernadora presentó como consecuencia de la revocación de la visa.
La diferencia importa porque Maru había contado que, al conocer la situación migratoria de Zuany, le pidió separarse del cargo y que fue César Jáuregui quien posteriormente lo reincorporó, cuando recuperó su visa. Villasana sostiene que esa historia no corresponde con lo ocurrido: Zuany nunca dejó su puesto y fue la propia gobernadora quien lo llevó a la Fiscalía de Operaciones Especiales en 2021.
Pero lo más interesante de la entrevista no está únicamente en la contradicción sobre el despido. Villasana también afirmó que Zuany tenía acceso directo a Maru, que existía interlocución entre ambos y que era perfectamente posible que el exfuncionario hablara personalmente con ella.
Este señalamiento adquiere especial relevancia frente a las declaraciones que Zuany hizo al New York Times, en las que aseguró que la gobernadora estaba enterada de las operaciones de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense.
El problema se llama César Jáuregui
Aquí es donde la defensa de Villasana coloca a su propio cliente en una situación particularmente complicada.
El abogado insiste en que César Jáuregui desconocía las operaciones de la CIA. Sin embargo, si Maru estaba enterada, como sostiene Zuany, y el exfiscal tenía interlocución directa con la gobernadora, resulta difícil explicar cómo el titular de la Fiscalía General del Estado pudo permanecer completamente ajeno a lo que ocurría en una de sus áreas estratégicas.
Las posibilidades no son precisamente favorables para el exfiscal. Si sabía, tendrá que explicar cuál fue su participación o por qué no informó públicamente sobre esas operaciones. Si no sabía, entonces queda la pregunta sobre el papel que desempeñaba al frente de la institución: ¿cómo podía desconocer lo que sucedía en una fiscalía bajo su responsabilidad?
La defensa de Jáuregui pretende deslindarlo, pero termina exhibiendo un problema de mando y comunicación institucional que tampoco lo favorece.
Maru también tiene que explicar
Por lo pronto, Villasana contradice directamente a la gobernadora. Si Zuany nunca fue dado de baja, como afirma el abogado, los registros de Hacienda pueden ayudar a esclarecer quién está diciendo la verdad sobre su permanencia en la Fiscalía.
Y si fue Maru quien lo llevó a Operaciones Especiales, como sostiene Villasana, también tendrá que explicar por qué presentó públicamente su salida como una decisión derivada de la revocación de la visa y atribuyó a Jáuregui su posterior reincorporación.
El asunto de la CIA ya no se limita a las declaraciones de un exfuncionario contra la gobernadora. Ahora hay una defensa jurídica que aporta datos verificables sobre la permanencia de Zuany en la nómina y que reconoce la relación directa del exfiscal con Maru.
La gobernadora ha intentado colocar a César como responsable de lo ocurrido, mientras el abogado de éste sostiene que ella misma llevó a Zuany a la dependencia y que mantenía comunicación directa con él.
Entre los señalamientos de Zuany, las explicaciones de Maru y la defensa de Villasana, las versiones chocan en un punto fundamental: quién sabía de la CIA y quién pretende ahora deslindarse.
Porque si Maru sabía y César no, el fiscal general tendrá que explicar cómo pudo suceder. Y si ambos estaban enterados, la pregunta es por qué la gobernadora intenta contar una historia en la que aparece como la última en enterarse.
Lo cierto es que cada explicación abre otra contradicción. Y en este episodio, Maru y César parecen estar más ocupados en deslindarse mutuamente que en aclarar qué hacían los agentes estadounidenses en Chihuahua.
Sheinbaum-Zuany-CIA
La presidenta Claudia Sheinbaum terminó por elevar el expediente de la CIA en Chihuahua a un asunto de alcance nacional. Después de conocer el reportaje de The New York Times, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe las investigaciones y puso el reflector sobre Guillermo Arturo Zuany Portillo, el exfiscal que asegura que María Eugenia Campos estaba enterada de las actividades de los agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.
La declaración presidencial no es menor. Sheinbaum calificó de «muy interesante» la investigación periodística y consideró necesario conocer quién es Zuany y cómo colaboraba con una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. No anunció una instrucción formal a la FGR, pero dejó claro que el asunto no puede darse por cerrado ni reducirse a la responsabilidad penal de César Jáuregui, hoy detenido.
Y ahí está precisamente el problema para Palacio de Gobierno: el caso amenaza con dejar de ser un expediente sobre la actuación de dos exfiscales para convertirse en una investigación sobre la cadena de mando y el conocimiento que tenía la gobernadora.
La presidenta hizo, además, una precisión que tiene consecuencias políticas y jurídicas. Advirtió que el reportaje estadounidense no sostiene que hubiera operativos de la CIA desde 2025, sino presencia de agentes. La diferencia no es menor: una cosa es la estancia de personal extranjero y otra su participación directa en operaciones de campo, particularmente en el operativo de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.
Sheinbaum sostuvo que, cuando el Gabinete de Seguridad federal conoció la participación activa de extranjeros, consideró que podía existir una violación a la Ley de Seguridad Nacional y se abrió la investigación correspondiente. Es decir, el Gobierno federal no está discutiendo solamente una diferencia de interpretación entre autoridades estatales y federales: está investigando posibles transgresiones al marco constitucional que regula la colaboración con gobiernos extranjeros.
El señalamiento de Zuany contra Maru Campos es el otro frente explosivo. El exfiscal sostiene que la gobernadora conocía las actividades de la CIA. La Fiscalía estatal, en cambio, afirma que la mandataria fue mantenida al margen y que ninguna de las 150 declaraciones de 86 personas incorporadas a la carpeta acredita que estuviera enterada.
Pero una cosa es la versión de la Fiscalía y otra que la inocencia política de la gobernadora esté demostrada. La declaración de Zuany exige ser contrastada con documentos, comunicaciones, autorizaciones y testimonios de quienes participaron en la colaboración con los estadounidenses.
El problema para Maru es que su discurso público ha defendido la necesidad de mantener una colaboración estrecha con Estados Unidos, mientras su administración sostiene que desconocía la participación de agentes de la CIA en actividades operativas. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo desarrollarse durante meses una relación de colaboración de esa naturaleza sin que la gobernadora supiera nada?
La investigación de la FGR tendrá que responder quién abrió las puertas, quién autorizó, quién informó y quién decidió mantener fuera del conocimiento federal una operación de semejante dimensión.
Por ahora, Sheinbaum puso a Zuany en el centro de la investigación, pero el señalamiento del exfiscal apunta más arriba. Y mientras no se esclarezca esa contradicción, Maru Campos seguirá cargando con un escándalo que ya rebasó las fronteras de Chihuahua.
Porque la soberanía nacional no puede quedar a criterio de un fiscal, de una gobernadora ni de una agencia extranjera. Y mucho menos puede resolverse con la cómoda explicación de que nadie sabía nada.
