La CIA salpica a Maru Campos
La versión de Maru Campos sobre la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua acaba de recibir un golpe directo desde uno de los hombres que más saben de aquella operación: Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal Especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, quien aseguró que la gobernadora estaba enterada de las actividades de los agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.
La declaración contradice frontalmente la versión que la mandataria ha sostenido desde que estalló el escándalo de El Pinal y coloca directamente en Palacio de Gobierno una responsabilidad que hasta ahora se había intentado concentrar en funcionarios de la Fiscalía estatal.
Ya no se trata solamente de las explicaciones de César Jáuregui, hoy detenido y preso en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, ni de las decisiones de los mandos policiales. Ahora es el propio hombre que habría construido y conducido la relación operativa con la CIA quien señala que Maru Campos conocía esas actividades.
Y eso cambia la dimensión del escándalo.
La gobernadora respondió con un emplazamiento: «Si tiene algo que decir, debería dar un paso al frente y decirlo». Una respuesta que busca colocar la discusión en el terreno judicial, pero que no responde la pregunta fundamental: ¿cómo pudo operar durante meses una agencia de inteligencia extranjera dentro de las estructuras de seguridad de Chihuahua sin que la titular del Ejecutivo estuviera enterada?
Antes de El Pinal aquí andaban
La investigación de Steve Fisher y Jack Nicas, publicada por The New York Times bajo el título «El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México», reconstruye una relación que habría comenzado desde el otoño de 2025 y se extendió durante varios meses.
A partir de cientos de páginas de documentos y entrevistas con alrededor de una veintena de funcionarios mexicanos y estadounidenses, el reportaje describe una colaboración que fue mucho más allá de los cursos de capacitación y el intercambio de conocimientos técnicos que inicialmente defendió el Gobierno de Chihuahua.
Según la investigación, Zuany habría servido como enlace entre la CIA y las corporaciones de seguridad del estado. Su papel consistió en abrir las puertas de las instituciones policiales a los agentes estadounidenses y facilitar su incorporación a actividades que terminaron involucrando despliegues operativos.
La cronología es particularmente importante. La colaboración habría comenzado meses antes del operativo contra el narcolaboratorio de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Por tanto, la presencia estadounidense no habría sido producto de una emergencia ni de una decisión improvisada durante una intervención policial.
Existía una relación institucional que creció progresivamente y que, según el periódico estadounidense, terminó involucrando a agentes extranjeros en actividades de seguridad sobre territorio mexicano.
El detalle más delicado es que los estadounidenses no se habrían limitado a observar o asesorar. El reportaje documenta que acompañaron a policías mexicanos en diferentes despliegues, algunos portando armas largas y equipo táctico.
En una de las incursiones descritas, un agente estadounidense permaneció armado en el exterior de un inmueble para proporcionar cobertura a los policías mexicanos que ingresaron. En otra actividad, un agente revisó dispositivos electrónicos asegurados y estuvo presente durante el interrogatorio de un detenido.
Eso no es simplemente capacitación policial. Es participación en actividades operativas.
Y aquí aparece una pregunta que el Gobierno estatal sigue sin responder: ¿quién autorizó que agentes de una agencia de inteligencia extranjera participaran de esa manera en operaciones de seguridad dentro de Chihuahua?
Zuany Portillo el enlace
El reportaje también revela un antecedente delicado sobre la trayectoria del exfiscal Zuany.
De acuerdo con una carta enviada por funcionarios mexicanos al FBI, Estados Unidos le había revocado previamente la visa por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico.
Sin embargo, Zuany habría establecido contacto con la CIA y posteriormente recuperado su visa estadounidense.
El contraste resulta inevitable: un funcionario que había sido objeto de señalamientos por parte de autoridades estadounidenses terminó convertido, según la investigación periodística, en interlocutor de la principal agencia de inteligencia de ese país en Chihuahua.
Zuany rechazó los señalamientos y defendió su desempeño profesional. En sus mensajes a los periodistas aseguró: «Como siempre, me he desempeñado de forma ética y profesional».
También cuestionó la información recabada por el periódico y sostuvo que se estaba recogiendo «la versión de personas resentidas y que actúan de mala fe».
Pero su defensa no elimina las preguntas sobre la relación con la CIA, la participación de agentes extranjeros en operativos y, sobre todo, el conocimiento que pudieron tener los principales responsables del Gobierno estatal.
El accidente destapó la operación
El capítulo más delicado ocurrió después del accidente de abril de 2026, cuando una camioneta que regresaba de un operativo contra laboratorios clandestinos cayó por un barranco en la Sierra Tarahumara.
Murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de agencias estadounidenses, Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y otro funcionario estatal.
La muerte de los agentes estadounidenses convirtió el asunto en un problema diplomático y de seguridad nacional. La presencia de la CIA en Chihuahua dejó de ser un asunto que pudiera manejarse discretamente entre funcionarios.
Pero la investigación del New York Times agrega elementos todavía más delicados.
De acuerdo con testimonios citados por el periódico, Zuany recibió llamadas desde el lugar del accidente y dos personas presentes señalaron que ordenó retirar los cuerpos de los agentes estadounidenses y verificar que no llevaran insignias del Gobierno mexicano.
Tres testigos agregaron que posteriormente presionó a policías estatales para ocultar la participación de la CIA cuando fueran interrogados por las autoridades.
Si estos testimonios se acreditan, no estaríamos solamente ante una colaboración irregular con una agencia extranjera. También habría existido un intento de ocultar la identidad de los participantes y la intervención de agentes estadounidenses en el operativo.
¿Quién más conoció esas instrucciones? ¿Qué información recibió la Fiscalía? ¿Qué se informó a las autoridades federales? Y, sobre todo, ¿quién ordenó o permitió que la presencia de la CIA permaneciera oculta?
La pregunta que Maru no puede esquivar
La revelación políticamente más explosiva del reportaje es la afirmación de Zuany de que Maru Campos estaba enterada de las actividades de la CIA en Chihuahua.
No es un señalamiento menor. Contradice directamente la versión pública de la gobernadora, quien ha sostenido que desconocía la participación de los agentes estadounidenses y que las decisiones correspondieron a funcionarios de la Fiscalía estatal.
La diferencia es enorme.
Si Zuany y otros mandos actuaron por cuenta propia, tendrán que responder por ello ante la justicia. Pero si la gobernadora conocía la colaboración, entonces la investigación debe llegar hasta Palacio de Gobierno y establecer qué sabía, desde cuándo y qué decisiones tomó.
No puede pretenderse que la responsabilidad termine en los funcionarios subordinados.
Maru Campos encabezaba el Gobierno estatal cuando se desarrolló esta relación con la CIA. No basta con decir que desconocía los detalles de un operativo. La pregunta es si sabía que agentes de inteligencia estadounidenses estaban trabajando con las corporaciones de seguridad de Chihuahua y participando en actividades operativas.
El 23 de abril, después de conocerse la presencia de agentes estadounidenses, Claudia Sheinbaum cuestionó que personal extranjero participara en operaciones de seguridad en territorio nacional sin autorización federal.
La explicación del Gobierno de Chihuahua fue que se trataba de capacitación y colaboración técnica.
Pero esa versión ahora tiene que contrastarse con los detalles publicados por The New York Times: agentes armados, acompañamiento en incursiones, cobertura táctica, revisión de dispositivos electrónicos y presencia durante interrogatorios.
Jáuregui está preso, pero el escándalo sigue
César Jáuregui Moreno, quien fuera fiscal general del estado y negó conocer la presencia de la CIA, ya se encuentra detenido y preso en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Su situación judicial no debe confundirse con la de Zuany, quien abandonó la Fiscalía el 13 de mayo y enfrenta órdenes de aprehensión.
La detención de Jáuregui representa una parte del proceso judicial, pero no resuelve la pregunta sobre la responsabilidad de quienes encabezaban el Gobierno de Chihuahua cuando se desarrolló la colaboración con la CIA.
Tampoco la eventual detención de Zuany cerraría el expediente político.
La investigación debe reconstruir toda la cadena de decisiones: desde el primer contacto con la agencia estadounidense hasta los despliegues operativos, el accidente de El Pinal y las presuntas instrucciones para ocultar la participación de los agentes extranjeros.
Palacio está bajo presión
Maru Campos tiene derecho a rechazar las declaraciones de Zuany. Pero no puede pretender que una acusación de esta naturaleza desaparezca simplemente emplazando al exfiscal a presentarse ante un juez.
Zuany tendrá que responder por los señalamientos que pesan sobre él. Jáuregui enfrenta su propio proceso penal. Pero la responsabilidad política de la gobernadora es otro asunto y merece una investigación independiente.
La declaración de Zuany no demuestra judicialmente que Maru estuviera enterada, pero sí contradice directamente su versión pública y obliga a investigar su posible conocimiento de la operación.
Si estaba enterada, tendrá que explicar por qué sostuvo que desconocía las actividades de la CIA. Si no lo estaba, tendrá que explicar cómo una agencia de inteligencia extranjera pudo desarrollar durante meses una relación operativa con las corporaciones de seguridad de su gobierno sin que esa información llegara a su despacho.
No hay una salida cómoda para Palacio de Gobierno.
El caso ya no puede reducirse a la actuación de un exfiscal, a la detención de Jáuregui o a las decisiones de unos cuantos policías. La pregunta alcanza directamente a la gobernadora y a su círculo de colaboradores.
¿Quién abrió las puertas de Chihuahua a la CIA? ¿Quién permitió que sus agentes participaran en operaciones armadas? ¿Quién conocía los alcances de esa colaboración? ¿Y quién decidió que todo debía mantenerse en secreto?
La CIA ya no es solamente un problema de la Fiscalía estatal. La declaración de Zuany ha colocado a Maru Campos en el centro de la controversia.
Y mientras la gobernadora exige que el exfiscal dé la cara ante un juez, hay otra comparecencia que la opinión pública está esperando: la de la propia mandataria, para que explique qué sabía su gobierno sobre la presencia y las operaciones de la CIA en Chihuahua.
Porque los funcionarios pueden caer, los expedientes pueden avanzar y las responsabilidades penales pueden determinarse en los tribunales. Pero la responsabilidad política de quien encabezaba el Gobierno estatal no desaparece con la detención de sus subordinados.
