Ciudad de México.- Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, huyó a Estados Unidos y se encuentra bajo protección del gobierno de ese país, pese a que enfrenta órdenes de aprehensión vigentes en México por su presunta participación en la colaboración clandestina con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense.
La revelación fue publicada este jueves 12 de noviembre por The New York Times, en un nuevo reporte del periodista Steve Fisher, quien ha documentado la participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en Chihuahua y la intervención de Zuany como enlace entre la agencia de inteligencia y las corporaciones policiacas estatales. Alan Feuer colaboró en la investigación.
De acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses consultados por el periódico, bajo condición de anonimato, el exfiscal abandonó México para evitar su detención, luego de que las autoridades intensificaran las investigaciones y se ejecutara la captura de su antiguo jefe, el exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El dato más relevante de la nueva publicación es que Zuany no solamente consiguió salir del país, sino que ahora estaría bajo protección del gobierno estadounidense, precisamente cuando las autoridades mexicanas lo buscan por su presunta responsabilidad en la participación irregular de agentes extranjeros en tareas operativas contra el narcotráfico.
El NYT advierte, sin embargo, que hasta el jueves se desconocía el lugar exacto donde se encontraba el exfuncionario dentro de Estados Unidos. Tampoco precisa las condiciones jurídicas de esa protección ni afirma que haya sido incorporado formalmente a un programa de testigos protegidos.
La información coloca el caso en una dimensión diplomática y de seguridad nacional que trasciende el ámbito de la Fiscalía de Chihuahua: un funcionario mexicano investigado por facilitar operaciones de una agencia extranjera se encuentra ahora en territorio estadounidense, protegido por el gobierno del país cuyos agentes participaron en las actividades que originaron el escándalo.
La CIA encontró en Zuany una vía para operar en Chihuahua
La nueva información se conecta directamente con la investigación publicada por The New York Times el martes 10 de noviembre, en la que Steve Fisher y Jack Nicas documentaron cómo la CIA consiguió establecer una colaboración con fuerzas de seguridad de Chihuahua sin que existiera autorización del gobierno federal mexicano.
Según esa investigación, Zuany Portillo coordinó durante más de seis meses, a partir del otoño de 2025, la presencia de agentes de la CIA en actividades de capacitación, entrenamiento táctico y operaciones contra organizaciones criminales.
Los agentes estadounidenses no se limitaron a observar los ejercicios policiacos. De acuerdo con los testimonios y documentos consultados por el periódico, acompañaron a unidades estatales en misiones terrestres, participaron en la planeación de operativos y aportaron información de inteligencia.
En algunas de esas intervenciones portaban armas, equipo táctico e incluso prendas con insignias de corporaciones de Chihuahua, una forma de mantener discreta su presencia ante la ausencia de autorización federal.
El reportaje refiere que, para la CIA, Zuany representaba una vía de acceso a las corporaciones estatales y una oportunidad para ampliar sus actividades en México, en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum mantenía su rechazo a la participación operativa de agentes extranjeros.
La relación habría tenido también un componente personal y migratorio: el exfiscal enfrentaba problemas con las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales y tenía cancelada su visa.
De acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses citados por el NYT, el gobierno de Estados Unidos restituyó su visa a finales de 2025, después de que Zuany facilitara la colaboración de los agentes de la CIA con las fuerzas de seguridad de Chihuahua.
El periódico también señala que el FBI había investigado al exfuncionario por señalamientos relacionados con el crimen organizado. Una carta enviada por autoridades mexicanas a esa agencia estadounidense advertía sobre esos antecedentes.
La aparente contradicción es uno de los aspectos más delicados del caso: mientras existían señalamientos sobre sus presuntos vínculos criminales, Zuany habría sido considerado por la CIA un colaborador útil para establecer relaciones con las corporaciones policiacas mexicanas.
El accidente que destapó la operación
La presencia de agentes estadounidenses salió a la luz en abril de 2026, después del accidente automovilístico ocurrido cuando regresaban de un operativo en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Morelos, donde se había localizado un complejo de laboratorios clandestinos.
En el percance murieron dos agentes de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía estatal, entre ellos el director de investigaciones de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes.
La revelación de que agentes de inteligencia estadounidenses habían participado en actividades operativas dentro de Chihuahua, sin conocimiento ni autorización del gobierno federal, provocó una crisis política entre la administración de María Eugenia Campos y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El escándalo derivó en la salida de Zuany Portillo de la Fiscalía especializada, el 13 de mayo, y posteriormente en la renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado.
La investigación federal avanzó hasta establecer responsabilidades penales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 11 de noviembre que existen órdenes de aprehensión contra Zuany tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía de Chihuahua.
En el ámbito estatal, el exfuncionario enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades, dentro de la causa penal 3055/2026.
Zuany promovió un amparo el 17 de octubre para impedir su detención y obtuvo una suspensión provisional el día 21. Sin embargo, esa protección judicial no significa que hayan desaparecido las investigaciones ni las órdenes de captura.
Maru Campos, en el centro de las revelaciones
Otro elemento que mantiene abierto el conflicto político es el señalamiento que el propio Zuany hizo al NYT respecto al conocimiento que habría tenido la gobernadora María Eugenia Campos sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.
En mensajes enviados al periódico, el exfiscal sostuvo que la mandataria estaba enterada de esas actividades, una afirmación que la gobernadora ha rechazado.
La Fiscalía estatal respondió que la carpeta de investigación del operativo de abril contiene 150 declaraciones de 86 personas y que ninguna establece que Campos conociera o autorizara la participación de agentes extranjeros.
La dependencia también sostuvo que las declaraciones atribuidas a Zuany no forman parte de los elementos incorporados a la investigación.
Por su parte, Sheinbaum ha insistido en que debe esclarecerse cómo se produjo la colaboración de la CIA y quiénes participaron en ella. El miércoles 11 de noviembre señaló que era necesario conocer quién es Zuany y cómo colaboró con una agencia estadounidense.
Una protección que abre nuevas interrogantes
La información publicada por Steve Fisher plantea preguntas que ahora corresponden tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses.
La primera es bajo qué condiciones el gobierno de Estados Unidos protege a un exfuncionario mexicano que enfrenta órdenes de aprehensión en su país. La segunda es si esa protección está relacionada con la información que Zuany posee sobre las operaciones de la CIA, sus contactos con mandos policiacos y el conocimiento que pudieron tener otros funcionarios de Chihuahua.
También está pendiente conocer si las autoridades estadounidenses tienen previsto facilitar su comparecencia ante los tribunales mexicanos o si su colaboración con agencias de ese país representa un obstáculo para que pueda ser presentado ante la justicia nacional.
Por ahora, el NYT no establece que Zuany se encuentre dentro de un programa formal de protección de testigos ni revela su ubicación exacta. Lo que sí sostiene, con base en testimonios de funcionarios de ambos países, es que huyó a Estados Unidos y está bajo protección de su gobierno.
El caso adquiere así una dimensión particularmente delicada: mientras México investiga la participación de agentes de la CIA en operaciones realizadas en Chihuahua sin autorización federal, uno de los principales enlaces de esa colaboración se encuentra fuera del alcance inmediato de las autoridades mexicanas y bajo protección del gobierno estadounidense.
La crisis ya no se limita a determinar quién permitió la entrada de los agentes extranjeros, quién conocía sus actividades y quién debe responder por ellas. Ahora también obliga a esclarecer por qué Estados Unidos protege a un exfuncionario mexicano buscado por la justicia y qué información está proporcionando a las agencias de ese país.
Fuentes principales: The New York Times, reportajes de Steve Fisher, con colaboración de Alan Feuer, publicados el 12 de noviembre de 2026, y de Steve Fisher y Jack Nicas, del 10 de noviembre de 2026.
