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Guerra abierta contra Santiago/ Villegas “de terror”: Fernanda Martínez/ Blanca Cruz, la nueva Taddei de Morena

Meridiano 107 Texto: Meridiano 107
18 noviembre, 2026
en > De fuentes confiables
Tiempo de Lectura: 8 minutos
Portada De fuentes confiables
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Guerra abierta contra Santiago

Luis Villegas Montes no llegó a la rueda de prensa a cuidar las formas ni a esconder sus diferencias con Santiago de la Peña. Desde el principio dejó clara su posición: “Me cae gordo”, dijo sin rodeos sobre el secretario general de Gobierno. Pero su inconformidad no se quedó en una cuestión personal. El exmagistrado presentó una denuncia electoral contra De la Peña, Silvia Margarita Alvídrez Valles y Fernanda Martínez Quintero, por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y utilización indebida de recursos públicos.

          La conferencia tuvo dos destinatarios: el funcionario que busca posicionarse para la alcaldía de Chihuahua y la estructura política que, según Villegas, está trabajando para convertirlo en candidato del PAN.

          Su advertencia fue todavía más fuerte: entregar la candidatura a De la Peña significaría “coahuilizar” Chihuahua. Recordó los resultados electorales de Coahuila, donde el PAN perdió su registro mientras el PRI obtuvo un triunfo contundente, y cuestionó que el panismo chihuahuense pretenda entregar su principal bastión municipal a un expriista.

          “Si ocurre que perdiera el PAN el estado, ¿qué pasa con el PAN si la única ciudad, si el único bastión se lo das a un priista como Santiago?”, preguntó. Y remató con dos expresiones que resumen la dimensión de su inconformidad: “matar al PAN” y “darle un balazo al PAN”.

          Villegas tampoco escondió que su rechazo tiene un componente personal: “¿Es personal? Sí, sí es personal. Me cae gordo y también lo he dicho en muchos lados”.

La franqueza del exmagistrado puede resultar incómoda, pero también coloca la disputa en sus verdaderos términos: no solamente está cuestionando la promoción de un funcionario, sino la decisión de entregar una candidatura municipal a quien considera ajeno a la identidad panista.

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          En el terreno jurídico, la denuncia incorpora un señalamiento económico de considerable magnitud. Villegas aseguró haber documentado 2 mil 104 contenidos relacionados con el posicionamiento de De la Peña: 352 videos editados y musicalizados, mil 752 fotografías y 79 anuncios pagados en redes sociales. A ello agregó espectaculares, pintas de bardas, recorridos y actividades de promoción. Su estimación supera los 16 millones de pesos.

          La pregunta que lanzó es inevitable: ¿quién está pagando semejante despliegue y de dónde salen los recursos?

          Entre las evidencias que presentó mencionó un video de una persona pintando una barda con la leyenda “Santiago Gob”, junto a una camioneta que identificó como propiedad del Gobierno del Estado. También señaló presuntas presiones a trabajadores estatales para participar en reuniones y actividades de respaldo político.

          La denuncia alcanza a Fernanda Martínez y Silvia Alvídrez por su presunta participación en estas actividades. Ambas ocupan cargos públicos y han manifestado abiertamente su respaldo a De la Peña.

          El asunto tiene dos dimensiones que no deben confundirse: una es la confrontación interna del PAN por la candidatura y otra, mucho más delicada, es la posible utilización de recursos públicos para posicionar a un aspirante. La primera se resolverá en el terreno partidista; la segunda exige una investigación electoral y administrativa.

          Villegas puso sobre la mesa cifras, materiales y señalamientos que deberán ser revisados por la autoridad. Pero también lanzó una advertencia política: Santiago no solamente enfrenta cuestionamientos por su promoción, sino una resistencia abierta dentro del propio panismo.

          Y esta vez el rechazo no llegó de Morena ni de la oposición. Llegó desde las filas del PAN.

Villegas “de terror”: Fernanda Martínez

Las respuestas de los tres señalados por Luis Villegas Montes tuvieron un denominador común: ninguno quiso entrar de fondo al contenido de la denuncia y los dos funcionarios directamente involucrados en la promoción de Santiago de la Peña prefirieron descalificar al denunciante. La estrategia fue cerrar filas alrededor del aspirante y presentar el asunto como un episodio de golpeteo político.

          Santiago de la Peña respondió que todavía no había recibido notificación formal del Instituto Estatal Electoral y que, por lo tanto, desconocía los detalles de la acusación. Sin embargo, aprovechó para minimizar el señalamiento y recordar que no sería la primera denuncia presentada por Villegas en su contra.

          “Digo, otra, porque creo que ya ha presentado varias. No sé qué es lo que ahora está denunciando, entonces le daré el mismo trato que le he dado a las demás”, expresó.

          El secretario general de Gobierno aseguró que está concentrado en sus responsabilidades y que esperará a conocer formalmente el expediente. Una respuesta que, sin embargo, deja sin contestar la pregunta central de Villegas: quién financia la promoción de su imagen, cuánto cuesta y qué participación tienen las estructuras gubernamentales.

          Fernanda Martínez Quintero, directora del Ichijuv, fue bastante más agresiva. Dijo que tampoco había recibido notificación y cuestionó la credibilidad personal del exmagistrado. Su respuesta no se concentró en las pruebas presentadas, sino en desacreditar a quien las exhibió.

          “Lo que te pido decir es tomar las cosas del personaje del que vienen. La verdad es que yo al señor le conozco historias de terror bastante delicadas y yo creo que la verdad sola se sabe”, declaró.

          En otras declaraciones, calificó el asunto como una especie de teatro y sostuvo que quienes realizan ese tipo de señalamientos terminan desacreditándose solos. Martínez defendió su derecho a respaldar un proyecto político fuera de su horario laboral, aunque esa explicación no resuelve por sí misma si existió participación de recursos o actividades institucionales en la promoción denunciada.

          Por su parte, Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora del Registro Civil, aseguró estar tranquila y afirmó que es cuidadosa con sus horarios y responsabilidades. “Estoy segura de que no he incurrido en ninguna falta. Soy muy cuidadosa de mi trabajo, de mis horarios y también, obviamente, reafirmo y confirmo mi apoyo total a Santiago de la Peña como militante de Acción Nacional”.

          Incluso atribuyó la denuncia al nerviosismo de quienes observan el crecimiento del aspirante. “Están preocupados porque ven que Santiago de la Peña es un excelente aspirante y que en su momento, no lo dudo, será un excelente candidato y un excelente alcalde”.

          Las respuestas dejan una cuestión pendiente: la militancia panista de las funcionarias no está en discusión, pero sí lo estaría el eventual uso de sus responsabilidades públicas para favorecer a un aspirante. Ninguna descalificación sustituye una explicación documentada. Y si De la Peña quiere competir por la alcaldía, tendrá que entender que la promoción de su candidatura también exige transparencia sobre el dinero y las estructuras que la sostienen.

Blanca Cruz, la nueva Taddei de Morena

Ignacio Mier ya destapó sus cartas. Quiere a Blanca Yassahara Cruz al frente del INE hasta después de 2027 y conservar el Consejo General con diez integrantes. No es una propuesta inocente: sus votaciones, sus coincidencias con Taddei y su actuación frente a las llamadas boletas planchadas explican por qué el morenismo tiene interés en prolongar su presencia en la presidencia del árbitro electoral.

          La sucesión de Guadalupe Taddei comienza a despejarse, pero no precisamente en dirección a la autonomía del INE. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, decidió quitarle el disfraz a la operación y plantear abiertamente que Blanca Yassahara Cruz García permanezca al frente del organismo hasta que termine el proceso electoral de 2027. También propone que el Consejo General se quede con diez consejeros.

          Dicho de otra manera, Morena ya encontró a quién quiere para ocupar el espacio que dejaría Taddei. Y no se trata de una figura que haya aparecido por generación espontánea.

          Blanca Cruz llegó al Consejo General el 22 de abril de 2026, junto con Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gómez Puga. Los tres fueron electos por la Cámara de Diputados con 334 votos de Morena, PT y Partido Verde, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 127 votos en contra. Sus nombramientos fueron por nueve años, hasta abril de 2035.

         No llegaron solos ni por una mayoría plural. Su designación fue producto de una negociación dominada por el bloque oficialista, que consiguió imponer los tres perfiles. En el caso de Arturo Chávez, su cercanía con el entorno político de Claudia Sheinbaum fue documentada durante el proceso de selección. Los perfiles de los tres despertaron cuestionamientos por sus vínculos y antecedentes.

         Pero en Blanca Cruz hay elementos adicionales que hacen especialmente delicada la propuesta de Mier.

         Los registros de votación del Consejo General muestran coincidencias de alrededor del 88 por ciento entre sus posiciones y las de Guadalupe Taddei. No es un dato menor cuando se revisa el comportamiento del bloque que ha acompañado a la anterior presidenta en decisiones controvertidas.

         Una de las más delicadas fue la discusión sobre las llamadas boletas planchadas, papeletas sin marcas de doblez que aparecieron en urnas y cuya contabilización fue cuestionada por la oposición. Cruz acompañó el criterio que permitía dejar en manos de los consejos distritales la decisión de computarlas.

         La Sala Superior del Tribunal Electoral terminó revocando ese criterio el 7 de octubre. Determinó que las boletas sin marcas de doblez no debían contabilizarse como votos válidos ni nulos. El INE tuvo que modificar sus lineamientos.

         No fue una diferencia menor de interpretación. Estaba en juego la certeza sobre la autenticidad de los sufragios.

         También están bajo cuestionamiento las decisiones relacionadas con la distribución de votos y el registro de partidos políticos, particularmente en el expediente del partido vinculado a Pedro Haces. Son antecedentes que deben examinarse junto con las votaciones de las nuevas consejerías.

         Por eso la propuesta de Mier resulta tan reveladora. No está defendiendo simplemente la continuidad administrativa del instituto. Está respaldando a una presidenta provisional cuyo desempeño ya quedó asociado a decisiones que generaron fuertes controversias sobre la independencia del árbitro.

         Y todavía falta lo más importante: 2027.

         Con 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de cargos locales en disputa, Morena pretende llegar a la elección con una presidencia del INE cuya continuidad impulsa desde el Senado.

         La pregunta ya no es quién sustituirá a Taddei. La pregunta es si Morena pretende sustituirla sin cambiar absolutamente nada del modelo de conducción que tanto ha cuestionado la oposición.

         Porque cambiar el nombre de la presidenta mientras se conserva la misma lógica de votación no representa una renovación institucional. Y la independencia del INE no puede depender de la confianza que le tenga Morena a quien ocupa su oficina principal.

         Mier ya habló. Ahora falta que explique por qué la continuidad de Blanca Cruz resulta tan conveniente para su partido.

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