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Meridiano 107
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ISMOS: El PRIAN de Cruz/ Maru en la guerra panista/ Sheinbaum: entre Trump y los cárteles

Meridiano 107 Texto: Meridiano 107
21 noviembre, 2026
en > De fuentes confiables
Tiempo de Lectura: 11 minutos
Portada De fuentes confiables
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Pérez Cuéllar fortalece su propio PRIAN.

El PRIAN de Cruz

Cruz Pérez Cuéllar parece empeñado en darle la razón a sus cada vez más numerosos detractores dentro de Morena. Cada nuevo fichaje que presume como prueba del fortalecimiento de su proyecto rumbo a la gubernatura de Chihuahua termina convirtiéndose en un argumento más para quienes cuestionan su identidad política, sus compromisos con el movimiento y, sobre todo, su verdadera cercanía con las bases morenistas. El problema es que el alcalde de Juárez con licencia parece no entender el mensaje. O quizá lo entiende, pero sencillamente no le importa.

          Lo que durante años Andrés Manuel López Obrador y los fundadores de Morena combatieron bajo la etiqueta del PRIAN hoy aparece instalado en el proyecto político de Pérez Cuéllar, con el respaldo de Ariadna Montiel, su principal aliada dentro de la dirigencia nacional. El reciclaje de antiguos cuadros priistas y panistas no es una anécdota ni una incorporación aislada: es una definición política que exhibe las prioridades de quienes pretenden controlar la candidatura morenista en Chihuahua.

          La lista de incorporaciones en Ciudad Juárez resulta bastante ilustrativa: Alfredo Urías Cantú, Alejandro Alberto Jiménez, Julio Coronado, Naylea Soto, Maurilio Fuentes, Mireya Porras y Aldonza González, entre otros personajes con trayectoria en el PRI y el PAN. Viejos conocidos de la política tradicional que ahora aparecen en fotografías, reuniones y actos de respaldo al proyecto guinda. Para sus promotores son fichajes; para buena parte del morenismo representan la confirmación de que el proyecto de Cruz está dispuesto a sacrificar cualquier principio con tal de sumar estructuras electorales.

          Hay casos todavía más reveladores. Mireya Porras, Jaime Flores y Jorge Gutiérrez respaldan el proyecto de Pérez Cuéllar sin que hayan formalizado su salida de sus partidos de origen ni su incorporación a Morena. Y Alejandro Domínguez ha dejado claro que no piensa expulsarlos del PRI. Es decir, el proyecto que presume fortalecer a Morena termina convertido en una especie de franquicia política donde caben militantes de otros partidos sin necesidad de romper con sus antiguas lealtades.

Los fundadores, desplazados

La contradicción es demoledora para quienes construyeron Morena en Chihuahua. Martín Chaparro, Víctor Orozco, Juan Carlos Loera, Víctor Quintana y Bertha Luján representan distintas etapas de una lucha política que enfrentó durante años al régimen priista y al panismo. Hoy, buena parte de ese capital político aparece relegado frente a quienes durante décadas participaron en las estructuras partidistas que el obradorismo prometió desterrar.

          Tampoco se trata solamente de los fundadores. El desplazamiento alcanza a quienes participaron en las disputas internas, defendieron candidaturas y construyeron presencia territorial cuando Morena no tenía gobiernos, presupuestos ni posiciones que repartir. Incluso Andrea Chávez y el Partido del Trabajo, protagonistas de la alianza que llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018, quedan frente a una operación que parece privilegiar a los recién llegados.

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          Ahí está el verdadero problema de Cruz Pérez Cuéllar. Confunde acumulación de operadores con fortaleza política y cree que sumar antiguos cuadros del PRI y del PAN equivale a ganar respaldo dentro de Morena. No entiende —o no quiere entender— que las bases no necesariamente celebran lo que él presenta como grandes adquisiciones.

El PRIAN, con dos camisetas

La paradoja adquiere mayores dimensiones cuando se observa el escenario electoral de 2027. Con la inminente alianza formal entre PRI y PAN, Chihuahua se encamina a una disputa en la que los partidos tradicionales podrían competir por el poder desde dos trincheras: unos con sus siglas y colores a la vista, y otros mediante cuadros y operadores que encontraron en Morena una nueva plataforma política.

          El viejo régimen partidista no desapareció ni necesariamente fue derrotado. Buena parte de sus protagonistas sigue presente en la disputa por el poder, aunque ahora algunos vistan de azul y rojo y otros porten la camiseta guinda. El PRIAN tendría así una expresión institucional en la alianza opositora y otra, políticamente mucho más incómoda para Morena, dentro de sus propias filas.

          La diferencia estaría en las siglas, no necesariamente en las trayectorias, las relaciones políticas ni las estructuras de quienes buscan conservar posiciones e influencia. Mientras PRI y PAN preparan su entendimiento electoral, Pérez Cuéllar abre las puertas de su proyecto a personajes provenientes de esas mismas organizaciones y los presenta como refuerzos de su candidatura.

          La disputa de 2027, por tanto, no solamente tendrá como protagonistas a dos bloques partidistas. También pondrá sobre la mesa qué grupos políticos, con sus antiguas estructuras, lealtades y operadores, consiguen mantenerse o regresar al poder.

          La ironía es difícil de ignorar: después de tantos años de combatir al PRIAN, una parte del morenismo parece dispuesta a compartirle la casa, entregarle espacios y hasta presumirlo como refuerzo de su proyecto. Y Cruz Pérez Cuéllar, lejos de disipar las sospechas de sus adversarios internos, se encarga de alimentarlas con cada nuevo fichaje. Porque el PRIAN que Morena prometió desterrar no se fue de Chihuahua: encontró una puerta de entrada al partido guinda y, por lo que se observa, hay quienes están encantados de recibirlo.

El año pasado hasta berrinche hizo.

Maru en la guerra panista

La ausencia de María Eugenia Campos en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre no pasó inadvertida. Y no solamente porque se trata de una de las ceremonias cívicas de mayor relevancia institucional, sino porque ocurrió apenas dos días después de su regreso de España y en medio de la peor confrontación interna que ha enfrentado el PAN durante su administración. La gobernadora tenía motivos para estar en Chihuahua y compromisos públicos que atender. Sin embargo, decidió no encabezar el desfile ni aparecer en una ceremonia que, por su investidura, le correspondía presidir.

          La explicación oficial de su inasistencia no está clara, pero la lectura política apunta hacia otro lado: Maru está demasiado ocupada intentando apagar el incendio que amenaza con consumir a su propio partido. La disputa panista dejó de ser un desacuerdo entre aspirantes para convertirse en una confrontación por el control de la estructura partidista, las candidaturas y, sobre todo, por la capacidad de decidir quién tendrá derecho a heredar el proyecto político de la gobernadora en 2027.

Palacio convertido en comité de campaña

Desde principios de noviembre se han conocido versiones sobre reuniones y negociaciones encabezadas por la propia Maru para acercar posiciones entre los grupos enfrentados. La llegada de Marcelo Torres Cofiño como delegado del Comité Ejecutivo Nacional tampoco es un asunto menor: su presencia revela que el conflicto rebasó la capacidad de conducción de la dirigencia estatal y que fue necesaria la intervención del centro nacional del partido.

          La gobernadora tiene razones para preocuparse. El respaldo mayoritario del Consejo Estatal a César Jáuregui, las resistencias a Santiago de la Peña y los movimientos de los grupos que buscan imponer condiciones para la definición de candidaturas exhiben un PAN dividido, donde ya no todos reconocen la autoridad política de Maru como árbitro indiscutible.

La rebelión tiene nombres 

El problema es que la confrontación no se limita a la competencia por la alcaldía de Chihuahua. También exhibe las fracturas que dejó el manejo político del caso César Jáuregui y la pretensión de la gobernadora de mantener bajo control las decisiones sucesorias. Los grupos que respaldan a César, los que impulsan a Santiago y quienes se han colocado en abierta oposición a las decisiones de Palacio están disputando mucho más que una candidatura: están midiendo fuerzas frente a una gobernadora que necesita conservar el mando de su partido para llegar a 2027 con posibilidades de imponer condiciones.

          En ese escenario, la suspensión del calendario de definiciones internas y la intervención del CEN son señales de que el problema no se resuelve con una fotografía de unidad ni con declaraciones de disciplina partidista.

El costo de descuidar la investidura

Pero hay algo que Maru no debería perder de vista. La gubernatura no es una extensión de la dirigencia panista ni Palacio de Gobierno puede convertirse en una oficina permanente de operación electoral. La agenda pública tiene obligaciones que no desaparecen porque el partido esté en crisis.

          El desfile del 20 de noviembre era uno de esos compromisos. Después de regresar de España el día 18, la gobernadora tenía la oportunidad de recuperar presencia pública y encabezar una ceremonia institucional que trasciende las diferencias partidistas. No lo hizo. Tampoco hubo una explicación suficientemente clara que permitiera entender las razones de una ausencia de esa dimensión.

          La política tiene sus prioridades, pero cuando la lucha por el control del partido termina desplazando las responsabilidades de gobierno, el problema deja de ser exclusivamente panista.

La sucesión ya se metió a Palacio

Maru parece haber llegado a un punto en el que debe dedicar más tiempo a contener a sus propios correligionarios que a construir una salida política para los problemas de Chihuahua. Y eso tiene consecuencias: una gobernadora que pierde capacidad de arbitraje dentro de su partido difícilmente podrá conservar intacta su autoridad frente a quienes ya están pensando en la sucesión.

          La ausencia del desfile no prueba que la guerra panista haya sido la causa, pero su coincidencia con la crisis interna alimenta inevitablemente esa interpretación.

La paradoja es que mientras Morena intenta resolver sus propias disputas por la candidatura de 2027, el PAN, que presume ventaja electoral y una alianza con el PRI prácticamente encaminada, está ocupado en una guerra doméstica. Y Maru, en lugar de aparecer como gobernadora de todos los chihuahuenses, corre el riesgo de quedar atrapada en su papel de jefa de una facción que ya no consigue mantener bajo control a su propio partido.

«Los narcos gobiernan México» dice nuevamente Trump, ahora cara a cara con Sheinbaum.

Sheinbaum: entre Trump y los cárteles

Claudia Sheinbaum enfrenta dos frentes que se retroalimentan y que amenazan con desbaratar la estrategia política con la que Morena pretende llegar fortalecido a las elecciones de 2027: la presión de Donald Trump por el control territorial del narcotráfico en México y una crisis de seguridad que exhibe la dimensión del poder criminal, incluso frente a las fuerzas armadas.

          La presidenta quisiera concentrar sus esfuerzos en la política doméstica, en la defensa de su partido, en las mayorías legislativas y en el control de las instituciones electorales. Pero Trump tiene otros planes. Y cada vez que Sheinbaum intenta regresar la discusión al terreno de la disputa política interna, desde Washington le recuerdan que el problema más delicado de su gobierno no está en la oposición, sino en la relación entre poder político y organizaciones criminales.

           El golpe llegó desde China. La reunión de Sheinbaum y Trump en Shenzhen fue presentada por la mandataria mexicana como un encuentro cordial, productivo y sin mayores sobresaltos. Sin embargo, dos días después, el republicano ofreció su propia versión y no tuvo reparos en exhibir la distancia entre ambos relatos: “Los cárteles controlan México. Se lo dije”. Añadió: “No podemos permitir que los cárteles gobiernen México”. No fue una declaración menor ni una ocurrencia aislada. Fue un mensaje político dirigido a México y, particularmente, a su presidenta. 

El INE y la obsesión electoral

Mientras Trump colocaba el narcotráfico en el centro de la conversación bilateral, Sheinbaum regresaba a su frente doméstico. Su ofensiva discursiva contra los señalamientos de captura partidista del INE buscó desacreditar las acusaciones de que Morena pretende controlar la autoridad electoral. En sus conferencias insistió en que Guadalupe Taddei llegó mediante una insaculación y que su nombramiento previo en Sonora correspondió al Consejo General presidido por Lorenzo Córdova.

         El problema es que explicar el procedimiento de designación no responde a los cuestionamientos sobre la actuación posterior de los consejeros, sus relaciones políticas y la pérdida de autonomía del organismo. La presidenta pretende convertir una discusión sobre independencia institucional en una disputa sobre quién nombró a quién. Es una defensa política, no una demostración de imparcialidad. Y tiene una razón de fondo: Morena necesita llegar a 2027 con el control de las condiciones políticas y legislativas que le permitan conservar sus mayorías. 

Once muertos y una demostración de fuerza

Pero la realidad volvió a irrumpir con violencia. La captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa, convirtió el operativo en una demostración de fuerza militar y, simultáneamente, en una exhibición del poder de respuesta del narcotráfico.

          El saldo fue de once muertos: cuatro militares y siete presuntos integrantes del grupo criminal. Helicópteros, fuerzas especiales, persecuciones, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos que paralizaron sectores de la población. También fueron detenidos Germán N., alias Serafín, identificado como segundo al mando, y un operador financiero de la organización.

           El Chapo Isidro figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. La operación contó con apoyo de inteligencia estadounidense, según las autoridades. Es decir, Washington no solamente reclama resultados: también participa en las operaciones que los producen. 

Los gobernadores bajo sospecha

Y aquí aparece el otro problema de Sheinbaum: la cadena de señalamientos que alcanza a gobernadores de Morena. Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal aparecen en distintos reportes periodísticos relacionados con investigaciones estadounidenses, restricciones de visas o presuntos vínculos financieros y políticos con organizaciones criminales.

          En el caso de Rocha Moya, la situación escaló hasta una acusación formal de autoridades estadounidenses. Respecto de Durazo y Villarreal, Los Angeles Times reportó investigaciones y restricciones migratorias. En cuanto a Marina del Pilar, la controversia por la revocación de su visa y las versiones sobre indagatorias estadounidenses han colocado su administración bajo una presión política extraordinaria. Ninguno de estos señalamientos debe confundirse automáticamente con una sentencia judicial, pero tampoco pueden despacharse como simples campañas de desprestigio. 

          Sheinbaum está atrapada en un laberinto que su propio movimiento contribuyó a construir. Si confronta a Washington, arriesga la relación comercial, la cooperación de seguridad y la estabilidad de la frontera. Si acepta sus exigencias, abre la puerta a investigaciones que pueden alcanzar a figuras centrales de Morena.  Y si se refugia en la defensa política de sus gobernadores, corre el riesgo de convertir la protección partidista en una factura internacional.

           El problema ya no es solamente quién ganará las elecciones de 2027, quién controlará el INE o cuántas gubernaturas conservará Morena. Es si la presidenta tiene capacidad para gobernar territorios donde el crimen organizado ha acumulado poder, penetrado estructuras y condicionado la vida pública.

           Trump se lo puso en palabras que no admiten demasiadas interpretaciones: “Los cárteles controlan México”. Sheinbaum puede discutir la forma, rechazar la intromisión y defender la soberanía, pero no puede resolver el problema desacreditando a sus críticos ni convirtiendo cada señalamiento en una conspiración opositora. El calendario electoral avanza, pero el narcotráfico no está esperando las campañas. Y esa es la contradicción más peligrosa de su presidencia: quiere concentrarse en conservar el poder mientras enfrenta la amenaza de que haya territorios y estructuras de poder que no estén bajo el control efectivo del Estado.

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