Andrea y Cruz: blanco y negro, con el mismo gris
La carrera interna de Morena por la candidatura al gobierno de Chihuahua ha tomado pista de despegue con dos protagonistas que no se pueden ver ni en pintura: el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez. Aunque ambos buscan el mismo premio para la elección, el arranque de sus procesos internos dejó al descubierto una profunda división estética y de estrategia política. Sin embargo, detrás de esos discursos tan ensayados, los dos cargan con el mismo pecado original: un derroche millonario y adelantado de dinero cuyo origen real nadie ha sabido explicar con claridad.
El contraste visual y retórico en el momento de sus registros fue total. Por un lado, Cruz Pérez Cuéllar apostó por el viejo manual de la política territorial. Arropado por el peso de las estructuras tradicionales y un evento masivo, el alcalde centró su narrativa en la experiencia de gestión y el pragmatismo. Su postura envía un mensaje claro a las clases medias y a los sectores conservadores del estado: ofrece eficacia probada y gobernabilidad, alejándose del dogma radical para presentarse como una opción capaz de negociar con el empresariado local. Su fuerza no está en la ideología, sino en la boleta y el control del municipio más poblado del estado.
En la acera de enfrente, Andrea Chávez optó por la mística del obradorismo puro y el relevo generacional. Su discurso, cargado de símbolos de la izquierda y con una fuerte presencia en redes sociales, buscó nacionalizar el conflicto local al lanzarse con todo contra la gobernadora panista Maru Campos. Para Chávez, la campaña no es un asunto de administración pública, sino una batalla ideológica de «buenos contra malos». Su estrategia busca encender al voto duro de Morena mediante la polarización y el arrastre de la marca nacional, asumiendo que la identidad del movimiento es suficiente para ganar el norte.
A pesar de estas diferencias tan marcadas en la superficie, en el fondo ambos candidatos se parecen mucho más de lo que les gustaría admitir. El punto de coincidencia más incómodo para ambos es el uso de recursos que desafía cualquier narrativa de austeridad. Las calles de Chihuahua se inundaron de propaganda mucho antes de los tiempos legales. La colocación masiva de espectaculares, bardas y el despliegue de camiones de servicios de salud adjudicados a la senadora implican un gasto de decenas de millones de pesos que resulta indefendible bajo el presupuesto de un sueldo legislativo. La justificación de que se trata de «donaciones» de empresarios amigos camina por la delgada línea de la ilegalidad electoral.
Pérez Cuéllar tampoco viaja ligero de equipaje. Al manejar el presupuesto de Ciudad Juárez, el alcalde enfrenta denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de la oposición, que lo acusa de desvío de fondos públicos y uso de la estructura municipal para su autopromoción. La movilización de sus bases y la publicidad que sostiene su imagen pública despiertan las mismas sospechas de financiamiento ilegal que él critica en su rival.
Este escenario dibuja una paradoja para Morena en el estado. Mientras los dos aspirantes se desgastan intentando demostrar quién es el verdadero heredero de la transformación, la realidad es que ambos avanzan impulsados por maquinarias financieras oscuras. Al final, esta guerra de billeteras le está armando el expediente de campaña al PAN. Quien resulte ganador de la encuesta interna no solo tendrá que unificar a un partido dividido por el estilo, sino también cargar con el peso de sospechas económicas que ensucian, desde ahora, cualquier promesa de honestidad.
El análisis sobre la contienda por la gubernatura de Chihuahua expone cómo las diferencias de discurso de los aspirantes se desdibujan ante las acusaciones de financiamiento irregular.
Maru escoge rival…¡Pérez Cuéllar!
En la política mexicana las coincidencias no existen y la reciente cadena de choques verbales entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar responde a un cálculo milimétrico de selección de rival orientado a la supervivencia a largo plazo. Al elegir al alcalde como su contraparte en el ring público, e ignorar de forma sistemática la crítica frontal de la senadora con licencia Andrea Chávez, la mandataria no solo administra el ruido mediático de la sucesión, sino que busca poner fin al ciclo de persecución de exmandatarios que ha caracterizado al estado durante la última década.
Esta selectividad de contrincante también arroja luz sobre un fenómeno institucional que de otro modo resultaría inexplicable: la evidente abulia y el congelamiento en la investigación de las trece carpetas judiciales que acumula el alcalde con licencia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado. En un escenario de confrontación real y abierta, esos expedientes —que involucran denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, sobreprecios y desvíos millonarios— habrían sido utilizados desde hace tiempo como el mazo político definitivo para descarrilar sus aspiraciones. Sin embargo, mantener esas indagatorias en una cómoda congeladora institucional funciona como la perfecta de las herramientas políticas, sirviendo tanto de incentivo para asegurar la moderación del juarense como de salvoconducto para los pactos que se tejen tras bambalinas.
Desde hace diez años, Chihuahua vive atrapada en la política del espejo retrovisor, donde Javier Corral basó su legitimidad en la persecución de César Duarte, y al asumir el poder, Maru Campos hizo lo propio con Corral. Para la actual administración, romper este bucle de vendettas judiciales no es un asunto de magnanimidad, sino de seguridad elemental para asegurar que el relevo en el cargo no convierta la salida de la gobernadora en el próximo acto de la misma obra de teatro penal.
Es ahí donde la figura de Cruz Pérez Cuéllar se vuelve sumamente atractiva para el Palacio de Gobierno, ya que a diferencia del perfil de Andrea Chávez, que representa una ruptura ideológica y generacional absoluta, el alcalde de Juárez comparte los mismos códigos de la vieja escuela política. Ambos conocen las reglas no escritas del sistema tradicional, entienden que el poder es cíclico y comprenden perfectamente el peso de un expediente guardado en el cajón, por lo que un eventual relevo con él asegura una transición basada en la negociación y los acuerdos prácticos, no en la cacería de brujas.
Esta selectividad configura un escenario de doble blindaje que asegura la retaguardia de la gobernadora independientemente de las siglas que ganen la elección. Si la estrategia de confrontación desgasta al alcalde juarense y permite la continuidad del proyecto estatal a través de Marco Bonilla, el blindaje es total y natural por la vía de la casa; pero si el avance de la oposición resulta inevitable, un triunfo de Pérez Cuéllar garantiza un pacto de convivencia institucional donde las posibilidades de una nueva persecución penal se reducen a cero, pues el juarense no tiene interés en heredar pleitos ajenos y sabe que la misma paz que recibió es la paz que debe otorgar. Al final, la aparente hostilidad entre el Estado y la alcaldía de Juárez es un diálogo entre iguales que busca pavimentar el camino para que el futuro de la mandataria se define por la política y no por los tribunales.
Guerrero: nuevo manual de política
El registro de aspirantes a la gubernatura de Guerrero muestra de forma muy clara cómo se mueve el poder en el país. Ya no estamos en los tiempos del viejo PRI donde el presidente decidía todo con un dedo, pero tampoco en una democracia interna donde las encuestas ciudadanas mandan por completo. Lo que hay hoy es un juego mixto entre las órdenes del centro, la simulación y las ganas de sobrevivir de los partidos aliados.
La primera certeza es que el poder real cambió de dirección. Quienes buscan las grandes decisiones mirando hacia Palenque se equivocan; eso ya es solo una sombra. El control de los tiempos y la última palabra están hoy en Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum. La baja de Félix Salgado Macedonio por la regla de no nepotismo lo demuestra: por más peso que tenga un cacique local, el centro manda si decide poner un límite.
Pero que el poder esté en Palacio Nacional no significa que los demás se queden de brazos cruzados. El registro de Karen Castrejón, la líder nacional del Partido Verde, parece un acto de rebeldía, pero en realidad es una estrategia de negociación. El Verde sabe cómo funciona esto y estira la liga para que su apoyo cueste más caro.
De fondo, este caso pone en evidencia que Morena sigue sin convertirse en un partido político tradicional con reglas fijas. Funciona más bien como un movimiento amplio donde todo se define sobre la marcha. Como no hay un camino claro para ascender ni estructuras rígidas, los políticos usan las elecciones internas para llamar la atención del centro y ganar espacios.
Para el Partido Verde, meter a su dirigente en la lista de Guerrero no es para ganar la gubernatura. Su meta es acumular canicas para negociar. Saben que la presidenta ya mandó una señal fuerte al respaldar públicamente en la mañanera a Esthela Damián Peralta, una funcionaria de su total confianza. Pero al mantener a Castrejón en la contienda, el Verde crea una moneda de cambio. Si luego deciden bajarla para alinearse, ese favor se cobrará con secretarías en el estado, diputaciones o alcaldías.
Mientras tanto, las figuras locales como Beatriz Mojica o Abelina López apuestan todo a su fuerza en el territorio. Piensan que si salen muy altas en las encuestas locales, el costo de dejarlas fuera será tan grande que el centro tendrá que negociar con ellas de todos modos.
Al final, Guerrero nos enseña que en la política actual la disciplina ya no significa quedarse callado. La falta de orden institucional en Morena permite que todos jueguen, se muevan y estiren las reglas hasta donde se pueda. Palacio Nacional vigila y limpia las listas a través del partido, pero deja que los aliados compitan para mantener activa la maquinaria. Al terminar el día, la decisión final se tomará combinando lo que digan los números abajo y la confianza que se tenga desde arriba.
