Morelia, Michoacán.- Mientras los titulares se centran en los balazos que segaron la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la violencia en Michoacán adopta formas más sigilosas y paralizantes: desapariciones forzadas que dejan familias en el limbo y amenazas que convierten cada paso en un cálculo de supervivencia. En el primer semestre de 2025, el estado se erige como un caldo de cultivo para estas agresiones no letales, con once desapariciones reportadas a nivel nacional contra figuras políticas, varias de ellas vinculadas al corazón de la Tierra Caliente, donde el narco no solo mata, sino que borra. El caso más fresco, el del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, ilustra cómo el terror se infiltra en lo cotidiano, dejando huellas mudas en un territorio donde la impunidad es la norma.
Correa, de 41 años y quien gobernó el municipio entre 2018 y 2021, fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en Tierras Coloradas, Hidalgo, apenas 24 horas después del asesinato de Manzo que conmovió al país. Sus pertenencias —un teléfono y documentos— aparecieron abandonadas en un paraje boscoso, junto a evidencias de una riña en un bar local, según ventiló la Fiscalía General del Estado de Michoacán al emitir una ficha de búsqueda que incluye su descripción física y un llamado urgente a la ciudadanía. La hipótesis inicial apunta a un posible secuestro express ligado a deudas o rencillas políticas, pero las autoridades no descartan la mano de grupos criminales que, en Michoacán, han hecho de las desapariciones un arma para silenciar opositores sin el estruendo de las armas. Este suceso se suma a una cadena que incluye el rapto y posterior ejecución de productores como Bernardo Bravo Manríquez en Apatzingán, y evoca el fantasma de Gilberto Mejía Salgado, electo en Penjamillo en 2021 y engullido por la nada desde entonces, sin un solo culpable en la mira.
Michoacán epicentro de la crisis
No es un caso aislado en un año que pinta a Michoacán como epicentro de la crisis. Integralia, en su reporte de violencia política del primer semestre, documenta 253 agresiones contra actores municipales a nivel nacional, de las cuales una porción significativa —incluyendo amenazas y secuestros— azota el occidente del país, con el estado lidiando por lo menos con una docena de incidentes similares. Las desapariciones, aunque solo once en todo México, se concentran en zonas de alta disputa territorial, donde alcaldes y exediles como Correa se convierten en blancos por su conocimiento de las redes de extorsión que asfixian a productores de aguacate y limón. «Es una forma de control sutil: desapareces y el mensaje llega a todos», explica la analista de Data Cívica, quien vincula estos actos a la escalada postelectoral, cuando los cárteles recalibran su influencia sobre los gobiernos locales.
Pero las sombras van más allá de los secuestros: las amenazas se multiplican como un virus silencioso, erosionando la voluntad de quienes osan desafiar al crimen. En los primeros seis meses de 2025, se registraron 74 intimidaciones directas contra políticos en el país, con Michoacán contribuyendo al menos con una veintena, según cruces de reportes periodísticos y de la Secretaría de Seguridad. La viuda de Manzo, quien asumirá su curul en Uruapan, ha confesado recibir llamadas anónimas prometiendo «seguir la cuenta pendiente», un eco de las alertas que recibieron otros sobrevivientes, como la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, quien en junio pasado escapó de un secuestro en Jalisco solo para ser acribillada meses después en su propio despacho. Estos mensajes, a menudo enviados vía redes sociales o intercalados en extorsiones a productores, no distinguen entre banderas partidistas: independientes como Manzo y militantes de Morena o PAN caen por igual en la red de 33 atentados con arma de fuego frustrados y 17 secuestros reportados nacionalmente, muchos de ellos en la ruta Uruapan-Morelia.
La trama se extiende a otros frentes: periodistas que cubren la corrupción municipal han enfrentado dos agresiones físicas y catorce amenazas hasta septiembre, con casos como el de un reportero en Apatzingán quien, tras publicar sobre cuotas narco, vio su vehículo incendiado sin que la Fiscalía moviera un dedo. Defensores ambientales, guardianes de los bosques contra la deforestación ilegal, suman decenas de intimidaciones, superando las 78 registradas en 2014 y escalando a niveles letales en la Sierra Costa, donde el crimen organizado impone «impuestos» por tala. En Tierra Caliente, agricultores denuncian un terror cotidiano: secuestros express para cobrar «derecho de piso» en limonares, con amenazas que llegan a familias enteras, como las que precedieron al homicidio de Bravo, quien grabó un video advirtiendo de su inminente fin.
Ante esta marea, la respuesta federal llega tardía: el Plan Integral de la Paz, anunciado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, promete inteligencia focalizada y protección a vulnerables, pero analistas dudan de su alcance en un estado donde las policías municipales son permeables al narco. Mientras Correa permanece en el limbo y las llamadas anónimas silenciaron campañas enteras, Michoacán susurra una verdad amarga: la violencia no siempre grita con balas; a veces, solo desaparece en la niebla, dejando un vacío que devora la democracia de adentro hacia afuera.
