El discurso gubernamental insiste en sostener la soberanía nacional sobre una premisa simbólica. La reciente entrega de apoyos del programa «El Maíz es la Raíz» realizada este 31 de julio de 2026 en Oaxaca por la presidenta Claudia Sheinbaum —donde volvió a enarbolar la protección de las variedades nativas como eje ordenador del campo— reactivó la máxima de «Sin maíz no hay país». Sin embargo, la pretensión de erigir una política económica y de soberanía alimentaria fundada en la retórica de la identidad tropieza directamente con la realidad técnica y la geopolítica del comercio agroindustrial global.
En el centro del dilema está el rendimiento de la tierra. Los maíces nativos o criollos registran un promedio de entre 1.5 y 3.5 toneladas por hectárea, mientras que el maíz híbrido convencional de riego y el genéticamente modificado (transgénico) alcanzan densidades de 8 a 12 toneladas. Pretender que las especies criollas absorban la demanda total de la población no solo es una imposibilidad agronómica, sino que expone un descalce estructural entre la narrativa de la autosuficiencia y la capacidad real del aparato productivo nacional.
Mitos de la producción nacional
Actualmente, México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano directo (utilizado en la masa y la tortilla). No obstante, el consumo nacional total asciende a casi 50 millones de toneladas anuales. Alrededor de la mitad de ese grano —especialmente el maíz amarillo empleado para alimentar al sector pecuario (carne, leche, huevo) y a la industria del almidón— es importado, proveniente en su abrumadora mayoría de Estados Unidos, donde más del 90% del cultivo comercial es transgénico.
La dependencia del exterior convierte la consigna oficial en una paradoja de la política pública. Cerrar la brecha de las más de 20 millones de toneladas que se compran en el mercado estadounidense apelando únicamente a programas de fomento al minifundio o a maíces criollos de baja escala ignora la lógica de la geopolítica alimentaria. La biotecnología agrícola y las cadenas transfronterizas de suministro operan con reglas de volumen, eficiencia energética y economías de escala que no se resuelven con subsidios de contención social.
Proteger el germoplasma y la riqueza biocultural de los maíces nativos es indispensable como política ambiental, de patrimonio histórico y de desarrollo para comunidades campesinas de autoconsumo. Pero confundir la preservación cultural de nicho con una estrategia de seguridad nacional alimentaria debilita la posición de México en la mesa de negociación del T-MEC.
Si casi la mitad del grano que sostiene la dieta industrial y la proteína animal consumida en el país es transgénica e importada, la retórica sobre el maíz no sustituye a la geopolítica. La verdadera soberanía alimentaria exige equilibrar la protección del patrimonio genético con una política agroindustrial competitiva, inversión en tecnología de riego, infraestructura logística y acuerdos comerciales realistas. Todo lo demás es pretender administrar la economía de un país a través de frases de campaña.
