Pacto de contención en Morena
La dirigencia nacional de Morena, por conducto de Citlalli Hernández, decidió sentar a la mesa a las dos facciones que sostienen una cruenta disputa por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua para 2027. La cita reunió a la senadora con licencia Andrea Chávez y al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, la geografía de los acompañantes reflejó con nitidez el peso político real detrás de cada grupo: mientras Pérez Cuéllar acudió respaldado por su padrino, el senador Ricardo Monreal —cuyo cacicazgo de tres décadas en Zacatecas da señas de estar en sus últimos días—, Andrea Chávez no llevó directamente a Adán Augusto López. En su representación envió al diputado Sergio Gutiérrez Luna, su tutor político en el Congreso, una decisión calculada como un acierto, pues un padrinazgo abierto y ostentoso resulta hoy más un lastre que un activo electoral.
Esta cumbre de contención responde al deterioro provocado por la polarización entre ambos equipos en la entidad. La cruenta interna morenista contrasta de forma evidente con el escenario que se vive en el flanco opositor dentro de la capital. En la ciudad de Chihuahua, perfiles del PAN como César Jáuregui y Santiago de la Peña han mantenido un enfrentamiento considerablemente más civilizado. Los panistas enmendaron la plana con mayor rapidez para serenar los ánimos, dejando como único episodio desbordado el ataque personal protagonizado por Fernanda Martínez, la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, postura que en su momento contó con el aval implícito de la gobernadora Maru Campos. Tras ese tropiezo, Acción Nacional parece haber pactado reglas no escritas para una contienda interna madura y sin descalificaciones.
Ante el desborde en el partido oficialista, la reunión presidida por Hernández se volvió indispensable para entrar de lleno a la etapa de reparto y control de daños. La cita dejó ver los primeros indicios de cómo se perfilaría la distribución del pastel político chihuahuense. Los acuerdos apuntan a que Cruz Pérez Cuéllar asumiría la candidatura al gobierno del Estado, abriéndole paso a una contienda directa contra Marco Bonilla Mendoza, actual presidente municipal de la capital y virtual precandidato fuerte del PAN.
Por su parte, la senadora con licencia Andrea Chávez obtendría una ruta sin incertidumbre y con el horizonte despejado hacia la alcaldía de Ciudad Juárez. En la frontera, la marca Morena se mantiene con un dominio tan sólido que ni siquiera la falta de resultados de tres administraciones consecutivas —invisibles ante el grave rezago en equipamiento e infraestructura urbana— ha logrado erosionar su preferencia electoral. La viabilidad de este triunfo queda demostrada por el hecho de que perfiles con evidentes limitaciones y cuestionamientos como Armando Cabada y el propio Pérez Cuéllar ganaron la alcaldía sin contratiempos. En ese contexto, Chávez Treviño llegaría prácticamente caminando a la presidencia municipal, concretando la repartición de plazas para evitar un choque de trenes de consecuencias destructivas en el oficialismo.
La narrativa política dictada desde los centros de opinión en la Ciudad de México suele pecar de un centralismo cómodo. Hace apenas dos meses, el consenso de comentólogos y analistas teóricamente informados daba por sentada una victoria aplastante del partido oficialista en el próximo mapa electoral. En las mesas de debate de la capital se afirmaba, como un hecho incontrovertible, que Morena ganaría 15 de las 17 gubernaturas en juego, cediendo únicamente Aguascalientes y Querétaro a las filas del Partido Acción Nacional, donde las estimaciones proyectaban una ventaja opositora del rango de 20 puntos.
Sin embargo, en las últimas semanas esa lectura monolítica ha comenzado a resquebrajarse. El análisis con difusión nacional ha tenido que ajustar sus modelos ante el peso de las dinámicas territoriales. Hoy, los mismos observadores reconocen que la supuesta aplanadora enfrentará duras resistencias: el nuevo consenso sugiere que Morena podría conservar únicamente diez estados, dejando al menos siete gubernaturas en un terreno de abierta incertidumbre por factores locales que la burbuja capitalina simplemente ignoró.
Este viraje analítico responde al surgimiento de escenarios competitivos que no figuraban en las proyecciones iniciales. Además de la solidez panista en Aguascalientes y Querétaro, el estado de Chihuahua se perfila como un bastión que el PAN podría retener, impulsado por liderazgos locales como el de Marco Bonilla, cuya gestión municipal en la capital del estado ha construido una base sólida para frenar la ola oficialista.
Por su parte, en San Luis Potosí el panorama se complica para el partido en el gobierno: el Partido Verde busca mantener el control territorial apostando por la sucesión familiar a través de Ruth González Silva, esposa del actual mandatario, una jugada que desafía la cohesión de la alianza oficial.
En el norte, Nuevo León se convierte en un frente de alta tensión donde Adrián de la Garza, respaldado por una alianza PRI-PAN o por la fuerza propia del priismo, se posiciona como una opción con amplias posibilidades de triunfo. Hacia el sureste, en Campeche, las fracturas de la gestión actual abren la puerta para que Movimiento Ciudadano dispute seriamente la entidad.
El caso de Zacatecas es emblemático del desgaste dinástico. La continua presencia de la familia Monreal en la entidad ha generado un cansancio ciudadano bajo la premisa que los estadounidenses definirían como «too much». Mientras que la memoria del periodo en que gobernó Ricardo Monreal entre 1998 y 2004 dejó un balance aceptable, el contraste con la actual administración de David Monreal ha provocado una fatiga social que pone en serio riesgo la continuidad de Morena.
Esta reconfiguración demuestra que las elecciones estatales no se deciden en la capital. La incertidumbre en siete entidades devuelve al proceso electoral el atractivo de la verdadera competencia, donde la realidad territorial termina imponiéndose a las certezas apresuradas de la comentocracia.
No es Trump el problema
Las declaraciones vertidas por Stephen Miller en el Pentágono marcan un punto de inflexión en la retórica institucional de Washington hacia el Estado mexicano. Durante un acto oficial en la sede del Departamento de Defensa, el influyente asesor de la Casa Blanca descalificó sin matices el aparato institucional de México al afirmar que «hay una razón por la que en México el sistema judicial, el sistema político y el sistema legal no funcionan; es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino». Al equiparar a los cárteles mexicanos con grupos extremistas como ISIS o Al Qaeda y catalogarlos abiertamente como organizaciones terroristas extranjeras, la administración estadounidense invalida de facto cualquier alcance de la reciente reforma al Poder Judicial en México, sugiriendo que ninguna modificación constitucional surtirá efecto en un sistema permeado por la narcopolítica.
La respuesta desde el Palacio Nacional en la habitual conferencia mañanera buscó amortiguar el impacto directo, optando por no entrar en un choque retórico directo con Miller pero marcando una postura firme al señalar que Estados Unidos debe «mirarse a sí mismo» en materia de consumo y tráfico de armas. Sin embargo, la contención diplomática del Ejecutivo mexicano contrasta con la realidad de una arremetida geopolítica que escala a niveles de alta preocupación institucional.
Sostener que este endurecimiento es únicamente una ocurrencia de Donald Trump o una táctica de su grupo político constituye un diagnóstico equivocado. La presente escalada no surgió en la campaña republicana ni depende del estado de ánimo de la Casa Blanca; su detonante real se gestó antes de que Trump fuera presidente electo, exactamente cuando se concretó el polémico traslado e internamiento de Ismael «El Mayo» Zambada a territorio estadounidense. Ese episodio evidenció una fractura operativa y de confianza profunda entre los aparatos de inteligencia de ambos países.
El núcleo más severo de la crisis bilateral no reside en la retórica del Poder Ejecutivo en Washington, sino en la maquina judicial y de procuración de justicia de Estados Unidos. La Fiscalía federal estadounidense representa el actor más poderoso e inflexible en esta dinámica, como lo demuestra la acusación formal sustentada en un documento de 34 páginas dictado por un gran jurado federal para exigir la detención y extradición de los diez principales mandos del Cártel de Sinaloa. Cuando la maquinaria penal de los tribunales federales estadounidenses se pone en marcha, adquiere una autonomía procedimental que no responde a los vaivenes de la política electoral.
Por esta razón, la idea de que un eventual cambio en el control del Congreso norteamericano en las elecciones intermedias o la conclusión del mandato de Trump en 2028 resolverán la tensión es una ilusión analítica. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos respecto a la delincuencia organizada transnacional ha transitado de un enfoque puramente policial a un marco de defensa y soberanía fronteriza que trasciende partidos. Ni la alternancia legislativa ni la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca en el próximo ciclo presidencial alterarán la ruta trazada por el Departamento de Justicia y los organismos de inteligencia contra la estructura política y financiera del crimen organizado en México.
