Morena se queda con el INE hasta 2027
La jugada de Ricardo Monreal está prácticamente consumada. Después de semanas de pachorras legislativas, negociaciones interminables y declaraciones cuidadosamente administradas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados parece haber conseguido lo que buscaba: dejar al Instituto Nacional Electoral (INE) exactamente como está, con diez consejeros, Blanca Yassahara Cruz García en la presidencia provisional y sin una renovación de fondo antes de las elecciones de 2027. Taddei se fue, pero la estructura política que quedó detrás de ella permanece. Y eso es precisamente lo que importa.
No se trataba solamente de encontrar sustituta para Guadalupe Taddei. La verdadera disputa era quién conservaría el control de las decisiones del árbitro electoral, quién tendría influencia sobre su estructura administrativa y con qué correlación de fuerzas llegaría el organismo a las elecciones intermedias. Monreal ha administrado los tiempos con una habilidad que merece atención: mientras la oposición exige acuerdos y modificaciones legales, Morena conserva intactas las condiciones que le permiten mantener su influencia sobre el Consejo General. La demora no le cuesta al oficialismo; le beneficia.
Las pachorras resultaron
Monreal ha repetido que prefiere un acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar adelante la renovación del INE. Sin embargo, también ha dejado claro que Morena tiene los votos para avanzar sin la oposición. El 11 de noviembre reconoció que pudieron aprobar la convocatoria porque contaban con mayoría simple y que podían hacer lo mismo con los integrantes de los órganos de evaluación que les corresponden.
«Pudimos haber aprobado la convocatoria el miércoles 11 de noviembre en la madrugada porque teníamos la mayoría, tenemos la mayoría y se requiere sólo mayoría simple», admitió.
Ahí está la confesión que desarma el argumento de la falta de condiciones. No es que Morena no pueda avanzar: puede hacerlo. Lo que no parece tener prisa es por modificar un escenario que le resulta políticamente funcional. Monreal ha dejado correr los días, ha permitido que la negociación se estanque y ha mantenido abierta la posibilidad de que Blanca Cruz permanezca al frente del organismo hasta después de los comicios.
La estrategia tiene una ventaja adicional: si no hay acuerdo, la responsabilidad pública del estancamiento se reparte entre todos, pero el beneficio de conservar la integración actual se concentra en Morena. Una operación política bastante cómoda para quien dispone de la mayoría y controla el calendario legislativo.
Blanca Cruz, pieza de Monreal y Haces
En el centro de esta maniobra está Blanca Yassahara Cruz García. Su llegada al Consejo General, junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, se produjo el 21 de abril de 2026, mediante una votación de 334 diputados. Los tres fueron designados por nueve años, hasta 2035.
La oposición cuestionó el procedimiento y la independencia de los perfiles. En el caso de Blanca Cruz, las relaciones políticas con el entorno de Ricardo Monreal y Pedro Haces han sido señaladas en investigaciones periodísticas. El País reportó que dentro del oficialismo se le identificaba como cercana a ambos personajes y que su permanencia provisional hasta las elecciones de 2027 era un escenario considerado por los operadores políticos. Son señalamientos periodísticos que deben distinguirse de una subordinación formal acreditada, pero su relevancia política es inocultable.
El 27 de octubre, los diez consejeros eligieron por unanimidad a Cruz como presidenta provisional, después de la salida de Taddei. Ella declaró que «el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad». La frase suena bien, pero no resuelve el problema de fondo: la independencia de un árbitro no se demuestra con discursos, sino con decisiones, votaciones y capacidad para resistir presiones políticas.
Y aquí es donde la permanencia de Cruz adquiere otra dimensión. Si Monreal consigue que llegue a 2027, no habrá sido necesario nombrar a una nueva presidenta definitiva ni modificar la correlación de fuerzas del Consejo General. Bastará con mantener lo que ya existe. La salida de Taddei habrá cambiado el rostro de la presidencia, no necesariamente el funcionamiento político del organismo.
Moreira les hizo el trabajo
La oposición tampoco puede declararse ajena a este desenlace. Rubén Moreira se ha estacionado en una exigencia: primero reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para recuperar la colegialidad del INE y después avanzar en la renovación de su presidencia.
El planteamiento tiene una razón institucional concreta. La reforma de 2024 concentró en la presidencia del organismo facultades para designar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. La propuesta de modificación busca devolver al Consejo General la capacidad colegiada de intervenir en esos nombramientos, con una exigencia de al menos ocho votos para aprobarlos.
Pero una cosa es defender la colegialidad y otra convertirla en una condición que paralice cualquier avance. Moreira ha terminado estacionado en una posición que le permite a Monreal justificar la demora y mantener el escenario actual. Mientras el priista insiste en que primero debe modificarse la ley, el morenista no tiene que mover un solo engrane del mecanismo que ya funciona a su favor.
La oposición puede tener argumentos jurídicos para exigir esa reforma, pero políticamente le ha facilitado al oficialismo una salida. Morena no necesita resolver ahora la disputa por la presidencia si puede llegar a las elecciones con el mismo Consejo General y una presidenta provisional cuya permanencia ya está en la conversación legislativa.
La mayoría, instrumento de control
El antecedente de abril es suficiente para entender la dimensión de la disputa. Morena, PT y PVEM utilizaron sus 334 votos para designar a tres consejeros sin construir un acuerdo con la oposición. Ahora, con esa integración ya consumada, el oficialismo puede administrar la renovación de la presidencia sin alterar la composición del órgano.
La mayoría calificada que debería servir para construir consensos se convierte así en un instrumento para imponer condiciones cuando conviene y bloquear acuerdos cuando no resultan necesarios. Si Morena no consigue el consenso que exige una designación de esta naturaleza, tiene otras rutas constitucionales, entre ellas la insaculación. Pero antes de llegar a ese punto puede prolongar el interinato y dejar que el tiempo haga su trabajo.
No es un asunto menor. El Consejo General tiene atribuciones sobre decisiones fundamentales para la organización electoral, la fiscalización y la conducción de los procesos. La correlación de fuerzas dentro de ese órgano importa tanto como el nombre de quien ocupa la presidencia. Pretender que la salida de Taddei resuelve el problema es confundir un cambio de persona con una transformación institucional.
Sheinbaum pone la línea política
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum del 20 de noviembre terminan de darle sentido político a esta operación. Dos días después de que José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova hicieran pública su advertencia sobre la crisis de credibilidad del INE, la presidenta salió a fijar una posición que no deja demasiado espacio para interpretaciones.
«Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027, porque esa es su nueva farsa, al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto», declaró desde el Zócalo.
Y remató con una acusación contra quienes, según ella, pretenden debilitar la Transformación y recuperar sus antiguos privilegios.
La coincidencia no puede pasar inadvertida. Los cuatro expresidentes electorales no convocaron a desconocer las elecciones ni pidieron desacatar sus resultados. Advirtieron sobre la pérdida de confianza en el árbitro y reclamaron condiciones institucionales para recuperar su credibilidad antes de 2027. Sheinbaum respondió colocándolos, junto con quienes cuestionan al INE, en el campo de los adversarios de la Transformación.
La maniobra discursiva es evidente: en lugar de responder por qué el organismo debe conservar su independencia, la presidenta convierte las advertencias sobre su funcionamiento en una supuesta estrategia para deslegitimar las elecciones. Es una forma de blindar políticamente al oficialismo antes de que comiencen los cuestionamientos más delicados.
La democracia no se defiende descalificando a quienes advierten sobre la debilidad de sus instituciones. Mucho menos cuando las advertencias provienen de quienes encabezaron el organismo electoral y conocen desde dentro sus mecanismos, responsabilidades y riesgos.
Monreal opera; Palacio respalda
Las posiciones de Monreal y Sheinbaum se complementan. El primero administra los tiempos legislativos y mantiene abierta la posibilidad de conservar a Blanca Cruz hasta 2027. La segunda fija el discurso político: cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de los próximos comicios será presentado como una maniobra de los adversarios de Morena.
Uno trabaja desde San Lázaro; la otra establece desde Palacio Nacional los límites de la discusión pública. En medio queda el INE, con diez consejeros y una presidencia provisional que puede convertirse en definitiva de facto durante el proceso electoral más importante para la continuidad política del proyecto gobernante.
Y no se trata de afirmar que cada consejero votará necesariamente por instrucciones de Morena. Se trata de advertir que el oficialismo ha construido una correlación de fuerzas que sus críticos consideran favorable, que ha utilizado su mayoría legislativa para integrar el Consejo y que ahora tiene incentivos para no modificar ese escenario antes de 2027.
El árbitro también está en juego
Lo que Monreal parece haber conseguido con sus pachorras es mucho más que ganar tiempo. Ha colocado a la oposición en una negociación sin salida inmediata, ha mantenido a Blanca Cruz en la presidencia provisional y ha evitado que la renovación del INE se convierta en una oportunidad para revisar integralmente su independencia.
La operación puede llegar a buen puerto sin necesidad de anunciar que Morena pretende controlar el árbitro. Basta con conservar la integración, administrar los nombramientos, mantener la correlación interna y descalificar anticipadamente a quienes cuestionen el resultado o las condiciones del proceso.
Ese es el verdadero tamaño del problema. Morena llegó al poder denunciando fraudes electorales, reclamando árbitros independientes y exigiendo que ninguna mayoría política pudiera torcer la voluntad ciudadana. Hoy, desde el poder, dispone de la mayoría legislativa, participa decisivamente en la integración del Consejo General y busca llegar a 2027 sin modificar las condiciones que le permiten conservar influencia sobre el organismo.
Taddei ya salió. Blanca Cruz permanece. Los diez consejeros siguen ahí. Monreal administra los tiempos y Sheinbaum advierte que fracasarán quienes cuestionen las elecciones.
La pregunta ya no es quién sustituirá a Guadalupe Taddei. La pregunta es si Morena pretende que el INE llegue a 2027 con una independencia de papel y una conducción política que no incomode al poder.
Porque cuando un partido utiliza su mayoría para acomodar las condiciones del árbitro y, al mismo tiempo, advierte que cuestionarlo equivale a atacar la democracia, el problema deja de ser una disputa administrativa. Se convierte en una disputa por el control de las elecciones. Y eso es exactamente lo que está en juego.



