Sopapo de Ariadna a Cruz
El uso de la «Nómina Secreta» de César Duarte como ariete retórico por parte de Ariadna Montiel contra la gobernadora Maru Campos abre un boquete de contradicciones que sacude el tablero político de Chihuahua rumbo a 2027. Sostener que la funcionaria federal desconocía que su principal aliado en el estado, Cruz Pérez Cuéllar, comparte exactamente el mismo pecado original en los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua es, sencillamente, insostenible.
Montiel no es una espectadora casual; es la operadora de territorio de Morena con mayor flujo de información en la entidad. Conoce al dedillo el proceso de desafuero que la Cámara de Diputados frenó en 2021 para blindar a Pérez Cuéllar, entonces senador, frente a las acusaciones de haber recibido millones de pesos de la caja chica duartista. Sabía perfectamente que al lanzar ese búmeran, la trayectoria de regreso impactaría directo en la línea de flotación del alcalde de Ciudad Juárez, el puntero en la interna de Morena para la gubernatura.
¿Qué motivó entonces esta mención? Si aplicamos de manera estricta la Navaja de Ockham, la explicación más simple suele ser la correcta: un monumental lapsus pendejus, como diría Tácito. La premura de la coyuntura, el afán de revancha discursiva frente a las ausencias de Maru Campos y el impulso de encasillar al panismo como «delincuentes defendiendo a delincuentes» obnubilaron el cálculo estratégico. El rigor del libreto de la mañanera nacional se trasladó mecánicamente a un escenario local donde las lealtades del pasado están cruzadas por el pragmatismo. Fue una imprudencia nacida del automatismo verbal que terminó por revivir los fantasmas judiciales de su propio socio político, puede ser.
Sin embargo, en la alta política el error absoluto rara vez carece de réplicas sísmicas calculadas. No se puede desechar la hipótesis de una carambola de tres bandas: una jugada de fantasía orientada a dinamitar el statu quo interno. Mencionar la nómina podría ser el primer movimiento táctico para justificar un viraje de timón absoluto, un sutil recordatorio de la vulnerabilidad de Pérez Cuéllar para pavimentar el camino hacia un desistimiento del acuerdo cupular de febrero pasado.
De ser así, Montiel estaría preparando el terreno para un repliegue estratégico hacia el plan original trazado en diciembre de 2025: la postulación de Mayra Chávez para la gubernatura y el encumbramiento de Cuauhtémoc Estrada para la alcaldía de Juárez. La maniobra suena temeraria y suicida a ojos de la ortodoxia electoral, pues implicaría bajar al aspirante con mayor estructura territorial en el estado. No obstante, quien detenta el control absoluto de los hilos de Morena y la bendición del centro tiene el poder real para imponer disciplinas y rediseñar candidaturas bajo la narrativa de la «purificación moral».
Sea una pifia discursiva o el inicio de una purga interna disfrazada de descuido, la mención de la nómina secreta desnudó las contradicciones de Morena en Chihuahua. Al intentar demoler la legitimidad de la gobernadora, Montiel terminó por recordar que en las aguas del duartismo terminaron salpicados, por igual, los rivales de enfrente y los aliados de casa.
¿Enloqueció el PAN?
La iniciativa presentada por los diputados del PAN para establecer la alternancia de género en las candidaturas a la gubernatura de Chihuahua 2027 podría convertirse en un serio error de cálculo político. Al buscar forzar a Morena a postular una mujer después de haber llevado candidato hombre en el ciclo anterior, el PAN al parecer pretende bloquear la aspiración de Cruz Pérez Cuéllar y allanarle el camino a Marco Bonilla. Sin embargo, esta estrategia parece miope y contraproducente, porque Cruz representa actualmente el candidato más débil y vulnerable que Morena podría presentar en la contienda.
Cruz Pérez Cuéllar arrastra un historial cargado de señalamientos de corrupción que lo hacen altamente impresentable ante un electorado cada vez más exigente. Se le vincula con presuntos financiamientos irregulares del exgobernador César Duarte durante su campaña de 2016, además de acusaciones recientes por contratos irregulares en la alcaldía de Juárez, nepotismo y posible enriquecimiento inexplicable. Carece por completo de carisma y de capacidad para conectar emocionalmente con amplios sectores de la ciudadanía. Su principal fortaleza actual no radica en simpatía popular, sino en redes clientelares sólidas en Juárez y en la capacidad de comprar voluntades a través de estructuras tradicionales. Esto quedó demostrado en 2016, cuando buscó la gubernatura por Movimiento Ciudadano y apenas logró alrededor de 57 mil votos en todo el estado, un resultado tan pobre que apenas alcanzó para conservar el registro del partido.
Aunque Andrea Chávez como candidata resulta atractiva —por su juventud, buena comunicación en redes y capacidad para conectar con sectores jóvenes, mujeres y la base dura de Morena—, una prospectiva de su eventual papel como gobernadora representa una mala noticia para los chihuahuenses. Es claramente inexperta en cargos ejecutivos de gran envergadura, no cuenta con un equipo político propio consolidado y su administración probablemente sería armada por el llamado “grupo Tabasco” cercano a la presidencia y por los restos del naufragio que fue la administración de Javier Corral, caracterizada por alta deuda, conflictos con sectores productivos y una gestión ampliamente cuestionada.
Morena se encuentra en una grave disyuntiva: ninguna de sus dos principales opciones es buena para Chihuahua ni para los chihuahuenses. Tanto Cruz Pérez Cuéllar como Andrea Chávez representan riesgos importantes, ya sea por corrupción y clientelismo o por inexperiencia e influencia externa excesiva. Esto deja al partido en una posición incómoda de la que difícilmente saldrá fortalecido.
Al impulsar esta reforma, el PAN corre el serio riesgo de eliminar a su adversario más fácil de vencer y obligar a Morena a elegir a su opción más dinámica y con menor carga negativa en la campaña. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció claramente el 16 de junio en contra de la iniciativa, afirmando “Yo no estoy de acuerdo” y argumentando que este tipo de reglas locales pueden usarse de manera facciosa “con nombre y apellido”, distorsionando la competencia. Sheinbaum defendió que la paridad debe regirse por normas nacionales y por las decisiones internas de los partidos, sin intervenciones estatales que alteren artificialmente el panorama.
Esta jugada del PAN revela un cálculo equivocado que subestima las debilidades estructurales y personales de Cruz Pérez Cuéllar. Si la iniciativa prospera y Morena termina postulando a Andrea Chávez, el partido azul podría terminar lamentando haber cerrado la puerta al rival que más fácilmente podría derrotar en las urnas. El pragmatismo político más elemental sugeriría al PAN no interferir, dejar que Morena elija libremente y aprovechar las múltiples vulnerabilidades que hoy presenta Cruz como candidato. Interferir ahora podría fortalecer involuntariamente al adversario y complicar innecesariamente la reelección de la gubernatura en 2027.
Un forastero de alcalde
El relevo en la alcaldía de Ciudad Juárez marca un punto de inflexión que genera profunda preocupación y un fundado rechazo sobre el futuro inmediato de la frontera. La inminente toma de posesión de Héctor Ortiz Orpinel como alcalde suplente no es un cambio de nombres ordinario; representa la llegada al poder de una figura completamente ajena y desarraigada de la comunidad que le tocará gobernar. Por primera vez en por lo menos medio siglo, el destino de esta frontera quedará en manos de alguien que carece de arraigo y que apenas empieza a conocer la compleja realidad juarense.
Nativo de Cuauhtémoc, y formado políticamente en aquella región central del estado y la ciudad de Chihuahua, Ortiz Orpinel es un actor totalmente ajeno a la idiosincrasia y las problemáticas vivas de Ciudad Juárez. Su ascenso a la máxima silla municipal no responde a una carrera de servicio en las colonias juarenses, sino a un único y cuestionable mérito: ser un compinche incondicional y subordinado de Cruz Pérez Cuéllar. Esta relación de estrecha complicidad y cercanía política, cultivada minuciosamente por lo menos durante los últimos 26 años, se antepone hoy al derecho de los ciudadanos a tener un gobernante que entienda y comparta su identidad.
Para los habitantes de esta comunidad, la imposición de este perfil es una muestra contundente de las verdaderas prioridades de la facción oficialista. Evidencia que, para Cruz Pérez Cuéllar, el bienestar de los juarenses y la atención a sus rezagos históricos pasan a un segundo término frente a la consolidación de sociedades políticas orientadas al beneficio cupular. Entregar las riendas de la ciudad a un desarraigado, cuyo mayor activo es la lealtad ciega a su jefe político, confirma que se han privilegiado las alianzas facciosas y el peculio personal por encima del compromiso social. Juárez enfrenta así un escenario inédito donde las decisiones estratégicas serán tomadas bajo la óptica de la ajenidad y la sumisión.
