Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que el partido realiza un análisis detallado sobre la situación del senador Enrique Inzunza Cázarez, derivado de los señalamientos públicos surgidos desde Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con la delincuencia organizada, un factor que se ponderará ante la inminente publicación de la convocatoria para definir las coordinaciones de la defensa de la transformación en los estados.
En entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, la funcionaria partidista admitió de forma abierta la existencia de un debate interno en el seno de la comisión organizadora respecto al perfil del legislador sinaloense. Reconoció explícitamente que la gravedad de las imputaciones actuales coloca al senador en una posición compleja, señalando que la coyuntura actual representa un escenario adverso en términos de su reputación pública.
El pronunciamiento se suscita ante la posibilidad de que Inzunza Cázarez formalice su registro como aspirante en el proceso interno para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, plaza que se encuentra en el foco de la atención pública tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha, quien enfrenta paralelamente un procedimiento de detención urgente promovido por el Departamento de Justicia estadounidense.
Hernández puntualizó que los estatutos y criterios de selección del partido exigen la obligatoriedad de contar con elementos objetivos y probatorios que permitan dictaminar si los señalamientos que persiguen a sus cuadros cuentan con un sustento legal real. Recalcó que la dirigencia nacional se encuentra en una etapa de acopio y revisión de datos que les clarifique si las acusaciones que pesan sobre el senador tienen un fondo verídico o corresponden a dinámicas de coyuntura política.
La líder morenista subrayó que la Comisión Nacional de Elecciones mantendrá un estricto filtro de elegibilidad con la finalidad de salvaguardar la integridad del movimiento, enfatizando que la idoneidad y el historial de cada participante serán evaluados con rigor normativo antes de validar cualquier registro formal de cara a los próximos comicios estatales.
