Rocha y el manotazo de Sheinbaum
El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, produjo pasmo político y abrió de inmediato el mercado de las especulaciones. El gobernador anunció que retomaba el cargo para cumplir el mandato de los sinaloenses hasta octubre de 2027 y aseguró que lo hacía “con la frente limpia y en alto”. Pero en política las formas suelen ser apenas el envoltorio de lo que realmente está en juego.
Una de las versiones que corrió con mayor insistencia fue que Rocha tenía el aval de Andrés Manuel López Obrador. Nadie ha acreditado públicamente esa especie, pero no era una versión menor. Si AMLO había palomeado el regreso, la maniobra podía leerse como un desafío a Claudia Sheinbaum. Si no lo había hecho, el asunto era todavía más delicado: Rocha habría decidido regresar por su cuenta, precisamente cuando su situación política exigía prudencia y no desplantes.
El movimiento, además, ocurría en un momento especialmente incómodo frente a Estados Unidos. Rocha enfrenta acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él ha rechazado. Su regreso a la gubernatura, en esas circunstancias, no podía verse solamente como un asunto administrativo de Sinaloa. Era una decisión con implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas. El sinaloense parecía estar diciendo que no había razón para permanecer fuera del cargo.
Claudia Sheinbaum, mientras tanto, prefirió tener gripe antes que enfrentar las preguntas de la mañanera sobre el regreso de Rocha, incluso las que pudieran llegar desde el siempre obsequioso Lord Molécula. Pero la ausencia presidencial sólo aplazó el momento. Después quedó claro que Sheinbaum no había sido consultada y que se enteró de la decisión por las redes sociales. En política, que la presidenta se entere por X de una decisión de un gobernador morenista no es precisamente una muestra de coordinación.
Entonces llegó el mensaje que cambió la obra. Sheinbaum escribió: “Ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Y agregó: “Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación”. No necesitó escribir el nombre de Rocha. El destinatario estaba perfectamente identificado. Fue un manotazo político envuelto en lenguaje institucional.
La respuesta fue inmediata. Morena se deslindó y calificó el regreso como una “decisión personal”. También lo hicieron funcionarios y dirigentes del movimiento, mientras gobernadores y personajes como Ricardo Monreal marcaron distancia. El mensaje colectivo fue bastante sencillo: Rocha podía regresar jurídicamente, pero políticamente ya no tenía el mismo respaldo. El gobernador había calculado una demostración de fuerza y terminó encontrándose con algo parecido a una puerta cerrada.
La ironía de esta ópera bufa es que Rocha duró apenas 34 horas en el cargo. Regresó para demostrar que conservaba el control y terminó demostrando que su margen de maniobra se había reducido considerablemente. Después de la reacción de Palacio Nacional, Morena y buena parte de la clase política, volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido.
El episodio tiene además una lectura que va más allá de Sinaloa. Durante meses, los críticos de Sheinbaum la han presentado como una especie de gerente de una Presidencia cuyo verdadero centro de poder seguiría estando en Palenque. El desafío de Rocha, tuviera o no el aval de AMLO, le permitió a la presidenta responder justamente en ese terreno.
Y aquí está la parte interesante. Sheinbaum no necesitó un discurso incendiario ni una orden de destitución. Bastó un mensaje en X para marcar territorio. Después dejó que el partido, los gobernadores y los demás actores hicieran el trabajo político. Rocha terminó entendiendo la señal y volvió a pedir licencia.
Su frase de despedida fue casi una confesión: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Después de 34 horas de gobierno, aquello sonó menos a consigna y más a explicación. La presidenta lo resumió todavía mejor: “Como tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal para retirarse”.
Así terminó la aventura. Rocha volvió a la gubernatura como quien recupera una propiedad y salió de ella como quien descubre que las escrituras estaban a nombre de alguien más. Y para quienes sostenían que las decisiones importantes seguían pasando por Palenque, el episodio dejó una señal difícil de ignorar: esta vez, el manotazo salió de Palacio Nacional.
Carrera de obstáculos en Morena
La intensa actividad de los aspirantes guindas rumbo a la gubernatura revela una doble lectura en el tablero político: o los mensajes enviados a Andrea no han permeado y se ignoran olímpicamente, o la presión busca doblar el brazo para negociar una jugosa posición por la codiciada alcaldía fronteriza.
El fin de semana dejó claro que nadie piensa quedarse cruzado de brazos. El sábado, la disputa territorial se movió a la colonia Rinconada de Sierra Azul en Ciudad Juárez, mientras que el domingo el músculo político se trasladó al salón del SUTERM en Delicias. Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar aprovechó los reflectores para lanzar dardos contra Bonilla y encabezar un mitin flanqueado por Brenda Ríos en la capital del estado.
Ríos se perfila como la ficha más fuerte de Morena para la presidencia municipal chihuahuense, aunque su pasado político carga con un lastre pesado: en 2021 buscó la gubernatura bajo las siglas del PVEM y el partido terminó perdiendo el registro estatal. Un antecedente idéntico al de Pérez Cuéllar, quien en 2016 apostó por Movimiento Ciudadano y apenas arañó los 57 mil votos.
Si bien el historial pesa, hoy el escenario es diametralmente opuesto gracias al blindaje de la marca Morena y a una estructura aceitada por los programas del bienestar, que en suelo chihuahuense rebasan el millón de beneficiarios automáticos. Sin embargo, creer que una beca o pensión se traduce en votos en automático es una peligrosa ilusión óptica.
El ejemplo más reciente ocurrió en Coahuila, donde el padrón social albergaba a 436 mil beneficiarios, pero la votación apenas llegó a 290 mil sufragios; es decir, uno de cada tres decidió no sufragar o cruzó la boleta en contra. La maquinaria gubernamental alimenta la ilusión de invencibilidad, pero en la política local los acuerdos cupulares y la operación fina terminan decidiendo si el arrastre nacional se convierte en triunfo o en mera pirotecnia de fin de semana.
Las dos varas de Maru
Las dos varas con las que mide Maru campos quedaron expuestas con nitidez durante un traslado carretero rumbo a Cuauhtémoc. Mientras la larga fila de automovilistas sufría la exasperante demora en la caseta de cobro, el responsable de administrar estos puntos en el territorio estatal es nada menos que Juan Blanco, el exalcalde capitalino que ya destapó públicamente sus simpatías por la aspiración de César Jáuregui. Para los amigos, indulgencia; para los críticos, el regaño a secas.
Sin embargo, la dualidad oficial se estrella contra la cruda realidad económica y social que revelan las instituciones del Estado. Recientemente, el INEGI dio a conocer que Chihuahua se ubicó como la segunda entidad más violenta de todo el país durante 2025. Ante semejante baldón que enluta a las regiones, la administración estatal guarda un silencio cómplice y prefiere voltear la mirada para no incomodar al inútil de Gilberto Loya. Lejos de asumir el costo de la tragedia o corregir el rumbo de la estrategia de seguridad, el funcionario prefiere enfocar sus energías en la grilla partidista.
Tan es así que en la última semana Loya se ha visto más activo operando y encabezando actos de proselitismo a favor de Santiago de la Peña que el propio interesado. El aparato oficial se mueve con descaro para arropar al delfín de Palacio, utilizando los tiempos y recursos del servicio público como si se tratara de una sucursal de campaña. La balanza del poder nunca está equilibrada: se castiga con rigor administrativo a los adversarios del pasado mientras se pavimenta con impunidad y promoción gubernamental la ruta de los consentidos del régimen. Las fallas estructurales y la sangre derramada en las carreteras y ciudades se ignoran olímpicamente, evidenciando que para la cúpula en el poder la prioridad no es la paz de los chihuahuenses, sino asegurar el relevo transexenal a cualquier costo.
