Desafío desde Culiacán
El sorpresivo reingreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, tras poco más de tres meses de una licencia que olía a destierro negociado, sacudió el tablero político nacional con la fuerza de un sismo de baja intensidad pero de profundas consecuencias. La jugada coincidió, de manera por demás oportuna y novelesca, con un súbito quebranto de salud de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa oportuna gripe diplomática que la confinó a la cama justo el día en que el mandatario sinaloense decidió volver por sus fueros al Palacio de Gobierno en Culiacán. La coincidencia no engaña a ningún analista: la titular del Ejecutivo evitó deliberadamente pararse frente a los micrófonos de la mañanera para no enfrentar las incomodidades de la prensa, incluso de aquellos reporteros habitualmente domesticados que sirven de aplaudidores del régimen.
La gran incógnita que circula en los corrillos del poder es si este regreso fue una decisión madurada y avalada desde Palacio Nacional o si, por el contrario, se trata de un desafío directo urdido y ordenado desde Palenque, en una de esas pláticas de sobremesa con el patriarca del movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que la reincorporación de Rocha no es un trámite administrativo ordinario; es un misil dirigido a la línea de flotación de la diplomacia estadounidense. Representa una afrenta directa no solo a Washington, sino un golpe personalísimo contra Jay Clayton, el ex fiscal y actual coordinador de las agencias de seguridad estadounidenses, quien firmó el minucioso y elaborado documento de 34 páginas que detalla las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y contra Enrique Inzunza Cázarez, en su carácter de Senador de la República.
Aquel expediente, respaldado por un Gran Jurado, exige la detención preventiva con fines de extradición de los citados, así como de otros funcionarios y exfuncionarios. El asunto adquiere tintes explosivos al considerar el contexto de la detención de Fausto Corrales, quien fuera chofer de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Corrales es una pieza clave, un testigo conocedor indiscutible, pues estuvo presente el día y en el lugar donde Cuén fue asesinado, evento que trágicamente coincidió con el supuesto secuestro de Ismael El Mayo Zambada. El capo fungía, en aquel momento, como el buen componedor en un conflicto personal y público entre Rocha Moya y Cuén; dos actores políticos que, paradójicamente, le tenían tal confianza al narco sinaloense que estaban dispuestos a someterse a su arbitraje para dirimir sus diferencias.
La lógica política nos lleva a pensar que figuras clave en este engranaje se encuentran bajo el estatus de testigos cooperantes ante la fiscalía de Nueva York, por supuestos nos referimos al general en retiro Gerardo Mérida y Enrique Díaz. Desafiar a Clayton, quien hoy coordina a la CIA, la DEA, el FBI y 15 agencias de seguridad más, es apostar al límite. Rocha ha vuelto a la silla, pero su permanencia podría dinamitar los últimos puentes entre ambas naciones.
Cruz, Andrea y la Secta del Acarreo
La grilla chihuahuense ha escalado hasta el atril de Palacio Nacional. Mientras una fuerte gripa obligaba a la presidenta Claudia Sheinbaum a ceder los reflectores, fue Rosa Icela Rodríguez quien encabezó la mañanera. Ahí, el infaltable Lord Molécula puso el dedo en la llaga: el fuego amigo entre la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar es la joya que la oposición saborea para pregonar una supuesta fractura en la autodenominada Cuarta Transformación.
La respuesta desde el centro no tuvo desperdicio. Rosa Icela, con oficio político de vieja guardia, esquivó el bulto y le endosó la responsabilidad a Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar. No fue una mención casual; Montiel fue exaltada hoy mismo por la propia titular de Gobernación como una funcionaria sumamente capaz, la mujer de todas las confianzas designada para enderezar los entuertos partidistas que tanto inquietaron a Lord Molécula. Si Montiel es la pieza clave para poner orden, su respaldo explícito hacia Cruz Pérez Cuellar envía un mensaje de jerarquía absoluta: el alcalde no está solo, cuenta con el espaldarazo de la operadora política más poderosa del gabinete.
A este ajedrez se le suma otro peso pesado: Ricardo Monreal, flamante coordinador electoral en la circunscripción uno —donde yace este terruño norteño—. Con semejantes padrinos —la ejecutora de los deseos presidenciales y el estratega legislativo por excelencia—, Pérez Cuellar parece blindado contra cualquier intento de linchamiento político.
La revancha en Sierra Azul: Músculo, nómina y desmayos
Con este telón de fondo nacional, el ring se traslada a la colonia Rinconada de Sierra Azul, escenario de una nueva reedición del cónclave «en defensa de la soberanía» donde volverán a verse las caras Chávez y Pérez Cuellar. La expectativa está al tope ante la posible repetición de la fórmula aplicada por el alcalde en el polideportivo La Montada.
Aquel sábado, la operación tierra dejó claras las reglas no escritas del manual del poder local: una movilización milimétrica que combinó empleados municipales con un ejército de pensionados dispuestos a calentar la tribuna. El resultado fue una victoria aplastante en el terreno del ruido y las porras, calculada por los observadores en un 70 a 30 por ciento a favor del equipo de Cruz.
La maquinaria comenzó a girar desde el alba para asegurar las primeras filas, demostrando que en política la puntualidad se compra con estructura. Tan intensa fue la atmósfera —o tan pesado el guion— que la épica partidista cobró factura literal: un septuagenario terminó en la camilla tras un desmayo que, fiel al folclor de estos mítines, aportó el toque de drama necesario.
Entre la bendición federal y el fragor de la calle
La cita en Sierra Azul mide el pulso de una disputa donde los acuerdos cupulares de los «padrinos de lujo» de Cruz chocarán una vez más con la efervescencia de las bases. Si el alcalde vuelve a desplegar la receta del acarreo disciplinado, confirmará que, bajo el amparo de la Secretaría de Bienestar, la estructura municipal en Chihuahua se siente intocable. ¿Podrá la senadora con licencia contra semejante aparato, o el sello de aprobación de Ariadna Montiel terminará por dictar la sentencia definitiva en la carrera por el estado? El sábado sabremos si la soberanía se defiende con ideas o a punta de lista de asistencia.
Los acuerdos exprés
Cuando la inercia burocrática se evapora en cuestión de horas, el periodismo de análisis no ve milagros, sino trazos de alta escuela geopolítica. La expulsión del excontralmirante Fernando Farías Laguna desde Buenos Aires hacia México dejó de ser un simple trámite migratorio en el momento en que su propia defensa jurídica destapó la olla: el gobierno argentino obedeció una orden operada desde Washington.
Las fichas de este rompecabezas encajan con demasiada precisión. Por un lado, la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a suelo sudamericano coincidió con cumbres de cooperación donde también figuraban directores de agencias estadounidenses como Terry Cole. Para los analistas, la presencia simultánea de estos actores no fue un encuentro fortuito de pasillo, sino la mesa de negociación perfecta para alinear prioridades que, ideológicamente, parecían distantes entre la administración de Javier Milei y el gobierno mexicano.
El propio Félix Helou, abogado del exmilitar implicado en la red de huachicol fiscal, afirmó públicamente que un acuerdo de esta magnitud entre ambas naciones habría sido imposible sin la intervención directa de Estados Unidos. De acuerdo con la defensa, la maquinaria estatal argentina se movió con una velocidad insólita —involucrando de manera coordinada a cinco organismos de su Estado en un mismo día— justo después de que el propio Farías fuera visitado en prisión por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Mientras la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, ejecutaba con pulso firme el rechazo del asilo político que frenaba el caso, la sincronización política alcanzó su clímax: el anuncio oficial del traslado del exmarino se dio a conocer por la propia Claudia Sheinbaum, mientras García Harfuch aún cumplía actividades en Argentina. Para la lectura política, el desestimiento de la vía formal de extradición tradicional y el uso de una expulsión exprés confirman que, cuando los intereses de los socios del norte convergen con la urgencia del gabinete de seguridad mexicano, las fronteras y los protocolos ordinarios ceden el paso ante un acuerdo superior.
