Ciudad de México.- En un fallo que podría transformar el panorama del transporte urbano en el país, una jueza federal concedió a Uber una suspensión definitiva en un juicio de amparo, permitiendo que sus conductores recojan y dejen pasajeros en los más de 70 aeropuertos nacionales sin el riesgo inminente de detenciones por parte de autoridades como la Guardia Nacional.
La medida, de alcance federal, representa un respiro temporal para la plataforma mientras se resuelve el fondo del litigio, y llega en un momento estratégico, justo cuando México se prepara para recibir millones de visitantes con motivo del Mundial de Fútbol 2026.
La resolución fue emitida por la jueza Blanca Lilia Ochoa, de la Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien determinó que las detenciones de conductores de aplicaciones de movilidad en zonas aeroportuarias son ilegales y violan derechos constitucionales.
Hasta ahora, estos trabajadores enfrentaban intervenciones policiales frecuentes, bajo el argumento de que los aeropuertos son espacios exclusivos para taxis autorizados por el gobierno. Con esta suspensión, Uber gana terreno para operar con normalidad en instalaciones clave como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Guadalajara o el de Cancún, facilitando el traslado de turistas y viajeros de negocios.
Victoria temporal con ecos en el turismo global
El timing de la decisión no podría ser más oportuno. México, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede del Mundial de Fútbol 2026, un evento que se espera atraiga a más de tres millones de aficionados internacionales. Uber, en un comunicado oficial, celebró el fallo como un «avance clave» que «abrirá el mercado a más opciones de transporte seguras y eficientes», subrayando cómo esto impulsará el flujo turístico durante el torneo.
La empresa estima que, sin interrupciones, sus servicios podrían mover a decenas de miles de pasajeros diarios en picos de demanda, contribuyendo a una experiencia más fluida para los visitantes en un país donde el transporte terrestre representa un desafío logístico constante.
Expertos en movilidad urbana ven en esta resolución un precedente que podría extenderse a otras plataformas como Didi o inDrive. «Es un paso hacia la modernización de un sector anquilosado por regulaciones obsoletas», comenta un analista de la industria, quien advierte que, sin embargo, la suspensión es provisional: el juicio de amparo continuará, y una resolución final podría tardar meses o años. Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias y la Guardia Nacional deberán acatar la orden, aunque persisten dudas sobre su implementación en la práctica, especialmente en regiones donde la resistencia de los taxistas tradicionales es más acentuada.
Raíces de un conflicto de casi una década
El pulso entre Uber y las regulaciones mexicanas data de hace años, con episodios de tensión que han marcado la expansión de las apps de movilidad. En 2017, un diputado federal presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Derechos, con el fin de equiparar a estos servicios con los taxis convencionales y eliminar barreras en aeropuertos. La propuesta, que buscaba fomentar la competencia y bajar precios para los usuarios, naufragó en comisiones legislativas, víctima de presiones de gremios taxistas que argumentaban competencia desleal y pérdida de empleos.
Desde entonces, las detenciones han sido recurrentes: conductores multados, vehículos confiscados y hasta protestas violentas en terminales aéreas. Uber ha invertido millones en litigios y cabildeo, argumentando que su modelo genera ingresos fiscales indirectos y promueve la formalización de choferes independientes. Esta suspensión no resuelve el debate de fondo –la necesidad de una ley que regule plataformas digitales–, pero sí detiene, al menos por ahora, el ciclo de confrontaciones que ha salpicado titulares.
Ante el fallo, Uber no se conforma con la victoria pírrica y eleva la voz al Congreso de la Unión. «Confiamos en obtener una resolución final favorable, pero urge una legislación clara que beneficie al ecosistema turístico del país», reza el comunicado de la compañía, que invita a los legisladores a priorizar un marco normativo inclusivo. La plataforma, presente en más de 100 ciudades mexicanas, enfatiza que una regulación adecuada no solo blindaría sus operaciones, sino que elevaría estándares de seguridad y competencia, atrayendo inversión extranjera en un sector que mueve miles de millones de pesos al año.
Mientras el juicio avanza, el sector observa con cautela. Taxistas tradicionales, que han perdido cuota de mercado ante las apps, podrían intensificar su lobby para contrarrestar el avance. Para los usuarios, en cambio, la noticia es un alivio: tarifas más accesibles y opciones variadas en momentos de alta demanda, como el próximo verano o el propio Mundial. En un México que aspira a ser hub logístico de América Latina, este capítulo judicial podría ser el catalizador de una transformación mayor, donde la innovación no choque de frente con la tradición, sino que las integre en beneficio de la movilidad cotidiana.
