NUEVA YORK, EE.UU.- Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este martes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede imponer la detención obligatoria sin derecho a fianza a inmigrantes que se encuentran en proceso de deportación, al considerar que la medida genera “serias cuestiones constitucionales”.
En un fallo unánime, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, rechazó la interpretación del gobierno que equipara a todos los inmigrantes sujetos a expulsión con los recién llegados a la frontera, a quienes sí aplica la detención obligatoria.
“La novedosa interpretación de la ley de inmigración por parte del gobierno contradice su texto”, escribió el juez Joseph F. Bianco, nominado por el propio Trump, en nombre del panel integrado también por los jueces Alison J. Nathan y Jose A. Cabranes.
La política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en julio pasado niega audiencias de fianza incluso a inmigrantes que llevan años o décadas en Estados Unidos, sin antecedentes penales y con fuertes lazos comunitarios.
Hasta ahora, más de 370 jueces federales —alrededor del 90% de los que han revisado estos casos— han rechazado esta aproximación, según el fallo. El Segundo Circuito se suma así a la mayoría, aunque discrepa de fallos previos de los circuitos Quinto y Octavo, que sí habían respaldado la medida del gobierno. Esto abre la puerta a una posible revisión por parte de la Corte Suprema.
El caso que motivó la decisión involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005. Nunca ha sido arrestado ni acusado de delitos, es propietario de vivienda en Massachusetts, donde vive con su esposa y dos hijos ciudadanos estadounidenses, y dirige una pequeña empresa de construcción. Fue detenido en septiembre de 2025 mediante una orden administrativa.
Los abogados del gobierno argumentan que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 autoriza la detención obligatoria para todos los inmigrantes en proceso de deportación. Sin embargo, el panel determinó que esta lectura contradice el texto, el propósito y la historia legislativa de la norma, que establece un sistema diferenciado según el tiempo de permanencia en el país.
El fallo advierte además que una detención masiva y prolongada sin posibilidad de fianza para millones de no ciudadanos podría vulnerar la Constitución, al no guardar una “relación razonable” con un propósito legítimo y no punitivo.
La decisión genera un nuevo revés judicial para la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump y aumenta la presión sobre los tribunales federales, que enfrentan más de 30,000 demandas de hábeas corpus presentadas por inmigrantes detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió su política y anticipó que será respaldada por instancias superiores. “El ICE tiene la ley y los hechos de su lado”, señaló en un comunicado.
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