Sin mesura la embestida de Sheinbaum contra Maru
El uso del micrófono presidencial como un mazo de golpeteo político ha alcanzado un nuevo nivel de desmesura en México. Dedicar siete conferencias mañaneras consecutivas para fustigar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no proyecta una legítima defensa de la soberanía nacional, sino una evidente estrategia de desgaste electoral operada desde la cúpula del poder.
La insistencia en magnificar el incidente operativo ocurrido en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron instructores extranjeros, resulta contradictoria cuando se le contrasta con verdaderos escándalos de seguridad nacional que el propio gobierno federal intentó minimizar. Basta recordar el bochornoso episodio del exatleta canadiense Ryan Wedding. En aquel caso, que involucraba a uno de los capos más buscados por el FBI y operaciones encubiertas en la capital del país, la narrativa oficial prefirió el control de daños, la defensa de versiones dudosas y el desmentido sistemático a las agencias internacionales. Para Ryan Wedding hubo matices y cautela; para Chihuahua, todo el peso de la artillería verbal del Estado.
Esta disparidad de criterios evidencia que el verdadero motor de la campaña no es el celo constitucional, sino la rentabilidad política. La amenaza latente de continuar con esta embestida vestida de falso nacionalismo deja en claro que la intención es asfixiar a una de las pocas entidades gobernadas por la oposición. El discurso de la soberanía se vuelve así un traje a la medida que se usa para atacar adversarios y se guarda cuando los errores propios quedan al descubierto.
A esta tesis se suma un factor psicológico y político innegable: la debilidad y la molestia que imperan en Palacio Nacional ante las constantes embestidas del presidente Donald Trump, quien llega hasta la burla y el sarcasmo. Frente a las presiones externas, la administración federal parece aplicar la máxima popular de no buscar a quien se la hizo, sino a quien se la pague. Incapaz de responder con la misma fuerza a los insultos del vecino del norte, el Ejecutivo prefiere volcar toda esa frustración acumulada en contra de un gobierno estatal de oposición, utilizándolo como un cómodo chivo expiatorio para demostrar una fuerza que no puede sostener en el plano internacional.
La renuncia de César Jáuregui Moreno a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua debió haber marcado el inicio de un cauce institucional y técnico para la investigación. Sin embargo, la respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum al advertir tajantemente que el asunto no para con una renuncia sepulta cualquier intención de tregua.
Sostener la presión mediática bajo la consigna de que las investigaciones deben seguir hasta las últimas consecuencias solo confirma que el veredicto ya fue dictado en Palacio Nacional. Al transformar un caso de coordinación policial y faltas administrativas en un juicio político sumario de goteo diario, el gobierno federal demuestra que le importa mucho más ganar la narrativa electoral que construir una verdadera política de seguridad para el país.
De los paredones al circo de la politiquería
La pirotecnia verbal en la política mexicana suele carecer de memoria histórica y rigor legal. Lanzar al viento la acusación de que la gobernadora de Chihuahua cometió traición a la patria no es un recurso audaz de debate, sino una absoluta desmesura que degrada el lenguaje institucional y trivializa uno de los delitos más graves contemplados en las leyes nacionales.
Para dimensionar el peso de semejante señalamiento basta con asomarse al pasado. En el convulso siglo diecinueve, la última condena estelar y definitiva por este delito recayó sobre los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Ambos militares mexicanos fueron pasados por las armas en el Cerro de las Campanas en mil ochocientos sesenta y siete por aliarse activamente con las tropas invasoras y sostener el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ellos encarnaron la figura jurídica del traidor al poner las armas al servicio de una potencia extranjera para vulnerar la soberanía del territorio.
En la historia moderna del país, la rigidez para aplicar este cargo se volvió todavía más estrecha. En los últimos cien años, el único personaje de alto relieve procesado y condenado formalmente por traición a la patria fue el general Felipe Ángeles en mil novecientos diecinueve. Aquel brillante estratega militar y artillero enfrentó un severo consejo de guerra en Chihuahua bajo el régimen de Venustiano Carranza por sumarse a las filas rebeldes de Francisco Villa. Paradojas de la política contemporánea: aquel hombre que los tribunales militares de la época cubrieron con el estigma legal de traidor es hoy uno de los héroes predilectos y referentes morales de la narrativa histórica de la cuarta transformación.
Reducir un delito de dimensiones tan trágicas a un simple dardo de confrontación diaria resulta peligroso. La presencia documentada de agentes de inteligencia extranjeros en la sierra chihuahuense exige, sin duda, una investigación federal profunda sobre los límites de la cooperación binacional y el respeto a la soberanía. Sin embargo, procesar administrativamente fallas de coordinación o señalar pifias de seguridad pública dista kilómetros de cumplir con los extremos que exige el Código Penal Federal para catalogar a un funcionario como traidor.
Elevar cualquier diferendo o falta de pericia operativa al rango de traición a la patria no abona a la justicia. Solo demuestra que en el escenario público se prefiere el estruendo de los adjetivos por encima de la fría contundencia de las leyes.
Alcalde de León sacrifica al PAN por su delfín
La renuncia de Alejandra Gutiérrez Campos al PAN, anunciada el 22 de abril de 2026 tras más de 20 años de militancia, no fue un acto de dignidad partidista, sino el desenlace previsible de un choque entre lealtad personal y disciplina institucional.
Oficialmente, la alcaldesa de León denunció “ataques” de la dirigencia nacional, falta de respaldo a su gobierno y que el partido se había convertido en “un instrumento que daña a León”. Sin embargo, la cronología es elocuente: un día antes de su salida, se hizo pública su exigencia de que el PAN le garantizara la candidatura a la alcaldía 2027 para Allan León Aguirre, su secretario de Vinculación más cercano. Horas después de que Allan León renunciara al cargo por otorgar 7.3 millones de pesos en contratos directos a una empresa fantasma —cuya constitución involucró identidad robada de vecinas de colonias populares y vínculos con una imprenta familiar—, Ale Gutiérrez seguía dispuesta a condicionar su militancia a la coronación de su operador.
Este episodio revela un rasgo clásico del personalismo político mexicano: la prioridad de colocar a un sucesor incondicional por encima de la viabilidad electoral y la credibilidad del partido. León, uno de los pocos bastiones sólidos que le quedan al PAN en el país, queda ahora expuesto. La fractura es profunda.
Las consecuencias electorales son preocupantes para Acción Nacional. En 2027, el PAN enfrentará la elección municipal más complicada en décadas en su principal fortaleza guanajuatense sin una figura consolidada y con la imagen dañada por el escándalo de corrupción. La alcaldesa, libre de militancia, tiene el camino abierto para emigrar —se menciona fuertemente a Movimiento Ciudadano—, lo que podría fragmentar aún más el voto opositor o, en el peor escenario para el blanquiazul, entregar la ciudad a la oposición.
Más allá de la retórica de “poner a la gente en el centro”, la renuncia de Ale Gutiérrez expone una verdad incómoda: en León, la lealtad al delfín terminó pesando más que la lealtad al partido. Y ese cálculo, casi siempre, se paga caro en las urnas.
