Campaña de la 4T contra Maru
La narrativa que intenta equiparar la situación de Maru Campos en Chihuahua con la de Rubén Rocha Moya en Sinaloa no es solo una imprecisión analítica, sino una operación de propaganda orquestada desde el centro del poder para desviar la atención de un colapso institucional sin precedentes. La tesis oficialista busca establecer una falsa equivalencia moral y legal: pretenden que la presencia de agentes extranjeros en un operativo —un asunto de protocolos de colaboración internacional— tiene el mismo peso que una acusación directa por narcopolítica y colusión con el crimen organizado.
Es absurdo comparar ambos casos por su naturaleza de fondo. Mientras que en Chihuahua se discute una presunta falta administrativa o de soberanía por la presencia de la CIA en la Sierra Tarahumara —hecho que ya derivó en la renuncia del Fiscal del Estado—, en Sinaloa el gobernador enfrenta una solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos. A Rocha Moya no se le cuestiona un error de protocolo, sino la presunta entrega del aparato estatal a las facciones del Cártel de Sinaloa. Intentar que Maru Campos pida licencia bajo el argumento de «piso parejo» es una trampa retórica que busca normalizar el escándalo sinaloense, diluyéndolo en un falso conflicto de soberanía en el norte.
Esta campaña nacional no es espontánea. Es una estrategia coordinada por actores clave de Morena, legisladores como Andrea Chávez y Gerardo Fernández Noroña, y una red de comunicadores y medios afines que repiten, casi de forma calcada, las mismas consignas. La movilización de grupos reducidos en la ciudad de Chihuahua, amplificada artificialmente por la prensa nacional oficialista, es el brazo ejecutor de esta táctica de distracción masiva.
El objetivo es claro: usar a Chihuahua como chivo expiatorio para que la opinión pública olvide que un gobernador del partido en el poder ha tenido que dejar su cargo por vínculos con el tráfico de fentanilo. Al atacar a una de las gobernadoras de oposición más visibles, la 4T intenta posicionarse como defensora de la soberanía, cuando en realidad lo que busca es proteger la imagen del movimiento ante la crisis de Sinaloa. En conclusión, la presión para que Maru Campos pida licencia es un ejercicio de cinismo político que busca castigar a la gobernadora chihuahuense sea para tapar la impunidad en el caso Rocha Moya.
Ayuso en la ”Cumbre de San Marcos”
La gira de Isabel Díaz Ayuso por México tiene una fecha marcada en rojo: el encuentro previsto en la Feria de San Marcos con los cuatro gobernadores del PAN. No es una reunión de cortesía; es la edificación de un «muro de contención» ideológico frente a la administración de Claudia Sheinbaum. En un momento en que el oficialismo arrecia su ofensiva contra Maru Campos, la presencia de Ayuso en territorio panista se perfila como un misil a la narrativa de «soberanía» de la 4T.
La intención es quirúrgica. Al elegir Aguascalientes como sede de este encuentro con Campos, Mauricio Kuri, Tere Jiménez y Libia Dennise, Ayuso está validando a este bloque como el único interlocutor legítimo ante la inversión europea. El mensaje para Palacio Nacional es devastador: mientras la presidenta Sheinbaum exige disculpas a la Corona, el motor económico del país se reúne con la lideresa de Madrid para celebrar la Hispanidad y el libre mercado.
Este cónclave en San Marcos representa la consumación de una diplomacia paralela. Ayuso no viene a pedir permiso; viene a ofrecer a los gobernadores de oposición el escudo de la legitimidad internacional. Para la gobernadora de Chihuahua, este respaldo llega en el momento justo: es la respuesta de «libertad» frente a la campaña que busca su licencia desde el centro del país. La defensa de la Hispanidad de Ayuso actúa como el antídoto perfecto al discurso indigenista y nacionalista que Morena utiliza para presionar a los gobiernos estatales.
En los pasillos de la política mexicana, la expectativa por esta reunión es máxima. Se trata de la consolidación de un eje que rechaza el guion oficialista y se abraza a una visión de occidente que la 4T desprecia. Cuando Ayuso y los gobernadores panistas se tomen la foto en la Feria, no estarán celebrando una tradición; estarán sellando un pacto de resistencia cultural y política que deja a Sheinbaum hablando sola con la historia, mientras el norte y el bajío miran hacia el futuro.
Justicia selectiva de Sheinbaum
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una contradicción jurídica insostenible que el reconocido penalista Gabriel Regino ha puesto bajo la lupa: la aplicación de un estándar doble y discrecional en el cumplimiento del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Mientras el gobierno federal presume una cooperación fluida al entregar un promedio de 10 a 12 ciudadanos mexicanos por semana, ha decidido levantar un muro burocrático infranqueable para proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios de su entorno.
La tesis de Regino es contundente: el procedimiento que se utiliza para extraditar a decenas de personas mensualmente es exactamente el mismo que Washington invocó para reclamar a los señalados en Sinaloa. En el esquema habitual, basta con una orden de aprehensión extranjera y una descripción de los hechos para proceder a la detención provisional. Sin embargo, en el caso de Rocha Moya, la Fiscalía General de la República y la Presidencia han «inaugurado» un requisito inexistente en el tratado: la exigencia de pruebas con estándar de sentencia condenatoria antes de siquiera ejecutar una captura.
Esta maniobra representa, en palabras del especialista, un entorpecimiento deliberado del marco legal internacional. Es absurdo que para los 92 extraditados que suma el actual gobierno —incluyendo el envío masivo de 37 operadores en enero de este año— no se cuestionara la suficiencia probatoria del Departamento de Justicia de EE. UU., pero que hoy se use la bandera de la soberanía para blindar a una estructura política señalada por colusión con el fentanilo.
El argumento oficialista de que las acusaciones contra los «diez de Sinaloa» son meras «persecuciones políticas» carece de sustento técnico. Al exigir «pruebas irrefutables» en una etapa donde solo se requiere establecer una causa probable, el gobierno de Sheinbaum elude sus obligaciones internacionales y rompe el principio de reciprocidad. Lo que estamos presenciando es el uso selectivo de la ley: se agiliza la entrega de piezas sacrificables para simular cumplimiento, mientras se bloquea el acceso a la justicia cuando las investigaciones tocan la línea de flotación del partido en el poder. En conclusión, la resistencia a entregar a Rocha Moya no es un acto de patriotismo, sino un ejercicio de encubrimiento institucional que desmiente el discurso de «piso parejo» de la Cuarta Transformación.
