Doble filtro a Andrea y Cruz: Montiel
La dirigencia nacional de Morena presume que para 2027 aplicará un riguroso cernidor ético para atajar a perfiles sospechosos. Sin embargo, al contrastar la pureza del discurso emitido por Ariadna Montiel con la realidad de sus cuadros en Chihuahua, el filtro partidista parece más bien un colador bastante ancho por donde pasan, sin despeinarse, los lujos desmedidos y los escándalos de delincuencia organizada.
El caso de la senadora Andrea Chávez ilustra esta desconexión. Amparada bajo el padrinazgo de Adán Augusto López, la legisladora arrastra sombras por los nexos con el grupo operativo La Barredora en Tabasco y el financiamiento de sus «caravanas de la salud». Dicho despliegue, con un costo mensual de 40 millones de pesos, corría a cuenta del empresario Fernando Padilla Farfán. A eso se le añade una ostentación que choca de frente con la austeridad franciscana: camionetas Suburban High Country de más de dos millones de pesos, calzado Ferragamo y guardarropa de alta costura. Con semejante ajuar y antecedentes de patrocinio opaco, la pregunta es obligada: ¿de verdad libraría una revisión ética o basta con pertenecer a la cúpula para quedar exenta de sospecha?
También el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acumula expediente para reprobar cualquier examen de integridad. En mayo de 2025, el periodista Tim Golden expuso en ProPublica señalamientos que lo vinculaban con el tráfico de personas. La sospecha adquirió tono de comedia negra meses después, cuando se descubrió un túnel transfronterizo de alta tecnología bajo el Río Bravo, exactamente a la altura de la escultura de La X. El pasadizo operaba a escasos metros de donde, curiosamente, siempre permanecía estacionada una patrulla de la policía municipal.
El historial de Pérez Cuéllar no termina en las fronteras de la delincuencia organizada, sino que abarca negocios de casa: sobreprecios escandalosos en la compra de mochilas escolares y un proceso totalmente amañado para la concesión del servicio de recolección de basura.
Al analizar las trayectorias de Chávez Treviño y Pérez Cuéllar, resulta evidente que las pruebas de honestidad prometidas por la dirigencia corren el riesgo de quedarse en mera escenografía. Si las alianzas oscuras, los fajos de billetes no explicados, las camionetas de lujo y los túneles a la vista de la autoridad local no alcanzan para encender las alarmas en el partido, la revisión que abandera Montiel no pasará de ser un mero trámite para guardar las apariencias.
Morena, mal y de malas en la capital
En la ciudad de Chihuahua, la marca Morena padece un mal crónico: la falta de cuadros nacidos de sus propias entrañas. Estar 28 puntos abajo en las preferencias partidistas no es un tropiezo menor, sino el reflejo de una estructura local que sigue dando tumbos sin construir una base social firme. Las encuestas más recientes de Rubrum exponen este vacío con frialdad matemática. El electorado de la capital le da la espalda al partido, mientras la baraja de suspirantes parece un catálogo de reciclaje o un salto al vacío.
El inventario de nombres explica el entuerto. Marco Quezada ostenta un 28.3 por ciento de simpatías internas. Es un político hábil y colmilludo que en sus años de gloria brilló en las filas del PRI, pero cuyo encanto parece haberse caducado ante el votante norteño. La historia reciente no miente: perdió la alcaldía en 2021 frente a Marco Bonilla y la diputación federal en 2024 contra Alejandro Domínguez. Por su parte, Miguel Riggs representa el trapecismo político en su máxima expresión. Amparado bajo la sombra de Javier Corral, ha transitado del PAN a Movimiento Ciudadano y de ahí a Morena en apenas seis años. Cambiar de franela tan rápido requiere cierta elasticidad ética, pero raramente genera confianza entre los vecinos.
Con estos antecedentes, ambos perfiles parecen malas noticias, pero Brenda Ríos se proyecta como un escenario aún peor. Ella encabeza la encuesta interna con un vistoso 40 por ciento y se ha mantenido firme en la cima durante las últimas cuatro mediciones mensuales. El detalle incómodo es su pasado inmediato. Procedente del Partido Verde, contendió en 2021 por la gubernatura raspando apenas 27 mil votos. Aquella cosecha no alcanzó ni el dos por ciento del padrón, lo que condenó al Verde a perder su registro estatal por no llegar al mínimo exigido del tres por ciento.
Aparecer como puntera en la encuesta de un partido que marcha 28 puntos abajo es una ilusión peligrosa. Morena en la capital no tiene un dilema de abundancia, sino un problema severo de identidad. Apostarle al pragmatismo de reclutar caras ajenas le ha dejado un saldo de derrotas consecutivas y aspirantes sin arraigo. Si la estrategia para tomar la plaza principal del estado (en donde aún con un padrón menor se acerca a las votaciones de Juárez) sigue siendo maquillar pasados perdedores o premiar brincos oportunistas, el resultado de la próxima contienda ya se puede adivinar sin necesidad de contratar a ninguna encuestadora.
Ortega: sin urnas ni disimulo
Daniel Ortega ha decidido quitarse de una vez por todas la incómoda careta de la vía democrática. El exguerrillero sandinista, que alguna vez prometió derrocar una tiranía para instaurar la libertad, consumó el giro definitivo al declarar sin sonrojo que no habrá más elecciones en Nicaragua. Aquellas urnas que durante años sirvieron como un simple adorno para maquillar un régimen dinástico ahora resultan un trámite tan estorboso que la dictadura ha optado por enviarlas directamente al olvido.
El colmillo del comandante se afiló a plena luz del día en 2018. Las protestas cívicas de aquel año expusieron la verdadera naturaleza del régimen: una represión brutal con saldo de cientos de muertos, encarcelamientos masivos y un exilio forzado que dejó al país sin voces disidentes. Para pavimentar el camino hacia la cancelación definitiva de la democracia, Ortega no dejó cabo suelto. Promovió una profunda reforma judicial diseñada a la medida para garantizarse jueces serviles y dóciles a sus órdenes, al tiempo que capturó por completo la estructura de los órganos electorales. Tras manipularlos a su antojo y usarlos para validar fraudes, hoy el régimen considera que hasta de esos árbitros sumisos se puede prescindir.
A partir de ese punto de inflexión, Managua transformó su fachada en un feudo familiar gobernado a cuatro manos por Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La persecución contra la Iglesia, la confiscación de ONGs, el cierre de universidades y la expatriación de los críticos fueron los peldaños de una escalera que conducía, inevitablemente, al portazo a la democracia.
Sin embargo, el anuncio formal de sepultar las votaciones ubica a Nicaragua en un club sumamente selecto y tenebroso. Al dinamitar el calendario electoral y borrar cualquier intento de alternancia, la dinastía Ortega-Murillo rompe con los estándares habituales del autoritarismo latinoamericano para codearse con monarquías absolutas o con la mismísima dinastía Kim en Corea del Norte. Si hasta los regímenes más feroces intentan fabricar comicios a modo para guardar las apariencias frente al mundo, el caudillo de Managua ha preferido el cinismo directo: gobernar por decreto perpetuo y convertir a todo un país en su propiedad privada.
El viaje ideológico resulta tan trágico como irónico. Quien en los años setenta empuñó las armas en nombre de la liberación popular termina imitando paso a paso los métodos de la familia Somoza, a la que derrocó, pero aderezando la tiranía con un aire de hermetismo total propio de Pyongyang. La retórica antiimperialista ya no alcanza para tapar el vacío de un régimen que le teme tanto a la voluntad popular que ha decidido prohibirla por ley. Nicaragua se queda así sin boletas, sin tribunales independientes y sin espacio para el disenso, reducida al capricho de una pareja que decidió que la soberanía nacional empieza y termina en la puerta de su propio despacho.
