Pertinente el viaje de Sheinbaum a NY
La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial en Nueva York constituye un movimiento de alta diplomacia que trasciende las pasiones deportivas. Si bien su previa negativa a inaugurar las obras en el Estadio Azteca fue interpretada como una cautela lógica frente al histórico riesgo de rechiflas y abucheos que las multitudes suelen propinar a los mandatarios en ese recinto, la cita en territorio estadounidense obedeció a una lógica estrictamente bilateral y económica que México no podía ignorar.
La aparente contradicción que voces de la oposición señalan entre la inasistencia al coloso de Santa Úrsula y este viaje a Nueva York obedece, en realidad, a dos lógicas totalmente diferentes. Por un lado, su ausencia en el escenario nacional puede considerarse un exceso de cautela para evitar un posible abucheo popular; por el otro, al aceptar la invitación de Donald Trump, la mandataria actúa con la responsabilidad propia de una jefa de estado que prioriza el tablero internacional por encima del control de la imagen interna.
La integración comercial entre ambas naciones es tan profunda que la opción del desaire diplomático resultaba inviable. México destina el 80 por ciento de sus exportaciones al mercado estadounidense, mientras que adquiere el 12 por ciento de las ventas externas de su vecino del norte. En este contexto de interdependencia y con una larga frontera compartida, mantener los canales institucionales abiertos es una necesidad de primer orden para no atizar el fuego de la retórica hostil.
Ciertamente, el discurso de Donald Trump hacia el país ha sido marcadamente agresivo desde el primer día de su mandato, iniciado el 20 de enero de 2025. Sin embargo, es precisamente esa reiterada hostilidad oficial la que vuelve conveniente y necesaria la presencia de la mandataria mexicana en foros comunes, buscando equilibrar la balanza a través del diálogo directo frente a la diplomacia de micrófono.
A este complejo panorama se suma la tensión generada por la petición de extradición de diez perfiles clave de Sinaloa. Es imperativo recordar que este diferendo no comenzó con la actual administración republicana, sino que arrastra su origen desde el periodo de Joe Biden, detonado por el secuestro y traslado forzado de Ismael «El Mayo» Zambada hacia Santa Teresa, Nuevo México.
Aunque Trump y sus funcionarios de seguridad mantienen una postura verbalmente beligerante, la realidad institucional estadounidense opera bajo principios de autonomía. Muestra de ello es que la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan no se encuentra subordinada a los dictados del Poder Ejecutivo. La independencia del sistema judicial de Nueva York quedó demostrada hace apenas un par de semanas, cuando la corte rechazó una apelación del propio Trump y ratificó la orden que lo obliga a pagar cinco millones de dólares a E. Jean Carroll tras perder el juicio por ofensas sexuales. Ante este escenario, la diplomacia presidencial en Nueva York se consolida como una herramienta pragmática para salvaguardar los intereses nacionales, en otra arena se debe dar la batalla por los 10 extraditables y serían mejor no darla…
CSP no escoge sus batallas
La conducción del Poder Ejecutivo Federal enfrenta severos cuestionamientos debido a una estrategia que analistas y opositores califican como una sistemática incapacidad para seleccionar sus frentes de combate. La administración de Claudia Sheinbaum parece consumir un valioso capital político al asumir como propias las crisis y pasivos heredados por gobernadores y operadores vinculados al círculo de su antecesor, tales como Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esta tendencia al blindaje automático sugiere una alarmante carencia de operación política estratégica y de asesoría con visión de Estado.
El estilo reactivo de la presidencia no se limita al ámbito de la defensa corporativa de su partido, sino que se extiende a terrenos donde la investidura presidencial se abarata frente a provocaciones menores. Un botón de muestra de esta falta de selectividad ocurrió cuando el cronista deportivo argentino Flavio Azzaro lanzó comentarios despectivos y de mal gusto contra la afición y el fútbol mexicano. En lugar de ignorar el exabrupto de un personaje que vive del escándalo en plataformas digitales, la mandataria optó por elevarlo al rango de interlocutor directo en su conferencia matutina, enganchándose en una retórica chovinista innecesaria que solo sirvió para amplificar el mensaje original.
Sin embargo, el fenómeno que mejor ilustra los desatinos en la defensa presidencial es el escándalo en Baja California. Las filtraciones de audios reveladas por el periodista Héctor de Mauleón no pertenecen al ámbito de la especulación: la propia gobernadora Ávila Olmeda reconoció públicamente la autenticidad de las conversaciones sostenidas con agentes reales o ficticios del FBI. El caso, que detonó en mayo del año pasado con la revocación de su visa estadounidense y la apertura de indagatorias por delincuencia organizada y lavado de dinero, tiene como eje central a su exesposo y principal operador político, Carlos Torres Torres, señalado de operar como el verdadero poder tras el trono en la entidad.
A pesar de que la mandataria estatal recurrió al divorcio en un intento desesperado por contener el daño reputacional, la presidencia asumió la defensa pública del caso sin contar con un diagnóstico certero de las implicaciones legales y políticas. La contradicción es doblemente costosa: Carlos Torres no posee una trayectoria en la izquierda. Iniciado en las juventudes del Partido Acción Nacional, fue diputado local en Baja California y diputado federal en la LX Legislatura, consolidando sus nexos con el poder al grado de que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa fungió como su padrino de bodas en su primer enlace en 2009.
Los vínculos del exlegislador panista con esquemas bajo sospecha federal se profundizaron tras el histórico decomiso de ocho millones de litros de combustible robado en un predio en Ensenada, propiedad del exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, espacio en el cual Torres figuraba como socio comercial. Al salir en defensa de un operador con este historial bajo el argumento de apagar el escándalo por el retiro de los visados, la titular del Ejecutivo no defiende una causa ideológica ni los principios de su movimiento, sino una red de complicidades de actores económicos y políticos tradicionales. Esta obstinación por entrar a todas las batallas, sin importar el desgaste o el origen de los defendidos, debilita la narrativa oficial y coloca al gobierno en una posición de vulnerabilidad permanente ante sus críticos.
Lista la parejera Jáuregui-De la Peña
El escenario político en la capital del estado ha entrado en una fase de definiciones cruciales con el registro formal de los dos perfiles que concentran las mayores posibilidades de abanderar al Partido Acción Nacional en la próxima contienda municipal. Los movimientos en el tablero albiazul se inauguraron formalmente el pasado 30 de junio con la inscripción de César Jáuregui, una pieza de amplio arraigo y colmillo político en la región. Apenas dos semanas después, el 16 de julio, Santiago de la Peña hizo lo propio al formalizar sus aspiraciones, configurando así un duelo de pronóstico reservado entre dos de los operadores más influyentes de la estructura estatal.
Ambos personajes representan corrientes de gran peso específico y su postulación no es un hecho fortuito, sino el resultado de un prolongado trabajo de posicionamiento. La definición de la candidatura se resolverá mediante una encuesta abierta a la ciudadanía, un mecanismo que obliga a los dos aspirantes a diseñar estrategias de persuasión que vayan más allá de la tradicional militancia partidista, buscando conectar de manera directa con las clases medias y los sectores productivos de la ciudad.
Por un lado, César Jáuregui ha concentrado sus esfuerzos en reactivar sus sólidas bases territoriales. Su estrategia para conquistar la simpatía ciudadana en la encuesta se basa en el contacto directo y la organización de asambleas vecinales en las colonias de la periferia y zonas populares, donde despliega su conocida capacidad de diálogo y concertación. Jáuregui apuesta por capitalizar su experiencia en la administración pública y su identidad con el panismo tradicional, presentándose como la opción que garantiza estabilidad, gobernabilidad y un profundo conocimiento de las necesidades de las distintas zonas del municipio.
Por su parte, Santiago de la Peña ha enfocado su activismo en una intensa agenda de vinculación con los sectores económicos, académicos y empresariales de la capital. Su táctica de cara al ejercicio demoscópico se centra en reuniones estratégicas con líderes de opinión y cámaras de comercio, buscando proyectar una imagen de modernidad, eficiencia administrativa y visión de futuro para la infraestructura urbana. De la Peña busca posicionarse en la percepción de los encuestados como un perfil técnico y ejecutivo capaz de consolidar la competitividad industrial de la ciudad. Con el cierre de registros en puerta, el activismo de ambos se intensifica en las calles y los foros públicos, sabiendo que cada respuesta en la encuesta definirá el rumbo de la capital.
