Ruffo como cortina de humo
En la política mexicana, cuando el escándalo ahoga al poder, la justicia actúa con una precisión sospechosa. Sin elementos para sostener la inocencia de Ernesto Ruffo Appel, pero tampoco con pruebas públicas a la vista que infieran de manera clara su culpabilidad en el huachicol fiscal que se le imputa, la realidad procesal pasa a segundo término frente a la oportunidad del operativo. En política lo que parece es, y la captura del exgobernador panista parece estar siendo utilizada como un tanque de oxígeno para una administración acorralada.
El verdadero trasfondo de este despliegue no es erradicar la evasión aduanera, sino arrebatarle el micrófono a un expediente mucho más destructivo: la embestida abierta del gobierno de Donald Trump y su equipo de seguridad, quienes insisten en la narrativa de que en México el crimen organizado es quien manda. Ante esa andanada que mantiene a la presidenta Claudia Sheinbaum sin margen de maniobra internacional, la narrativa oficial requería con urgencia un golpe de efecto mediático.
En ese tablero, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se convirtió en el eslabón más frágil tras la difusión de audios que sugieren un abierto colaboracionismo y la búsqueda de pactos con agencias estadounidenses para resolver su situación migratoria. La respuesta desde la conferencia mañanera no fue la apertura de una investigación imparcial, sino una absolución sumaria desde el podio presidencial, acompañada de una maniobra para desviar la atención y señalar que la verdadera traición a la patria radica en las acciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Para completar el blindaje político, la detención de Ruffo Appel cumple la función exacta de cambiar la conversación pública y desplazar de las primeras planas la presión de Washington sobre las redes de la narcopolítica. Sin embargo, la estrategia de contención luce insuficiente. Exonerar aliados a golpe de micrófono, desviar reflectores hacia Chihuahua y procesar a figuras opositoras no borra las filtraciones ni detiene los señalamientos que vienen del exterior. La justicia empleada como propaganda solo evidencia a un gobierno dispuesto a utilizar el aparato penal como escudo para ganar tiempo frente a la tormenta diplomática.
Los anticrucistas en el lugar perfecto
El conflicto interno en Morena por la sucesión gubernamental en Chihuahua ha encontrado su escenario más simbólico, crudo y descarnado. Frente a la fachada de la ex Aduana en el corazón de Ciudad Juárez, un grupo de militantes fundadores del partido guinda instaló un módulo de recepción de firmas con un objetivo directo: frenar la eventual candidatura del alcalde Cruz Pérez Cuéllar a la gubernatura del estado. La estrategia no es casual ni improvisada; representa un golpe meditado en el tablero político local que busca golpear la línea de flotación de las aspiraciones del edil.
Quienes operan esta mesa son los mismos actores que han encabezado la campaña gráfica callejera contra el alcalde. Son los autores de las bardas con la silueta de una rata en dos patas que han aparecido en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas la consigna evolucionó con picardía y contundencia táctica: comenzaron a pintar la figura del roedor en color verde, en una clara alusión al reciente respaldo manifestado por la dirigencia del Partido Verde Ecologista hacia la figura del presidente municipal, exponiendo lo que los fundadores consideran un pragmatismo desmedido y ajeno a los principios originales del movimiento.
La instalación del módulo en la zona centro representa el mayor acierto de los opositores internos. Si en algún lugar se puede apreciar de forma innegable el fracaso de la administración de Pérez Cuéllar es precisamente en el feo, maloliente y abandonado centro histórico de Ciudad Juárez. No había un sitio más propicio para evidenciar la brecha entre la propaganda oficial y los resultados reales que el propio corazón de la urbe, ese espacio que debería ser el aparador de la ciudad y que hoy yace sumido en la desidia.
El centro histórico de la frontera sintetiza el abandono urbano de toda la localidad. Ahí, entre banquetas destrozadas, acumulación constante de basura en los rincones, olores fétidos, infraestructura deficiente y fincas antiguas en ruinas, se proyecta con nitidez la imagen de la gestión pública municipal. Es en esas calles donde la falta de mantenimiento, la deficiencia en los servicios públicos y la ausencia de un plan integral de rescate quedan al descubierto ante los ojos de miles de ciudadanos que transitan por el área diariamente.
Al colocar la mesa en este punto, los inconformes no solo recogen rúbricas, sino que utilizan el entorno como un argumento en vivo frente a los peatones. Para el ciudadano que camina por la zona, el deterioro visible, la suciedad y el hedor del entorno le dan un sentido inmediato a la protesta contra la continuidad o promoción política del edil. No necesitan entregar folletos ni pronunciar discursos elaborados; la propia escenografía de ruina y descuido hace el trabajo de persuasión y le da la razón a los manifestantes.
La rebelión de los fundadores demuestra que la fractura interna en el oficialismo lejos de ceder se profundiza de cara al proceso de 2027. Mientras la dirigencia intenta mostrar unidad con alianzas partidistas de ocasión, en las calles de Juárez la base original del partido ha decidido llevar el pleito al espacio público, utilizando el feo y abandonado centro histórico para retratar, sin matices, el saldo de la administración local.
El despropósito de Loya
La pretensión de Gilberto Loya Chávez de buscar la precandidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua es un despropósito que desafía toda lógica electoral, política y presupuestal. La aspiración del secretario de Seguridad Pública Estatal carece de pies y cabeza tanto en el terreno de los números como en el del sentido común democrático. Pretender convertir al responsable de la policía en el candidato de la continuidad oficialista es una jugada que no cuadra por ningún ángulo.
El primer gran obstáculo es la realidad incuestionable del estado. Chihuahua se mantiene de forma persistente en los primeros lugares de incidencia en homicidios dolosos y violencia a nivel nacional, acumulando miles de carpetas de investigación por delitos de alto impacto. Vender la gestión de la seguridad como la principal carta de presentación para gobernar la entidad resulta insostenible frente a una ciudadanía que vive a diario la fragilidad del entorno. Si el proyecto emblema de su administración no ha logrado pacificar la entidad, resulta contradictorio asumir que la solución ejecutiva para todo el estado radica en la misma oficina que no ha entregado los resultados prometidos.
A la falta de lógica política se le suma una evidente opacidad financiera. En las principales avenidas de Ciudad Juárez y Chihuahua capital han proliferado carteleras y anuncios espectaculares con la imagen del funcionario. Esta millonaria campaña publicitaria en vía pública y redes sociales se promueve bajo el cobijo de entrevistas en portales digitales de reciente creación. El costo estimado de este despliegue sobrepasa los cientos de miles de pesos mensuales, una suma exorbitante para una figura que en el papel únicamente percibe un sueldo como servidor público. Loya no ha explicado el origen de los recursos que financian esta abierta precampaña, lo que deja en el aire interrogantes sobre la procedencia del dinero o un posible desvío de partidas institucionales.
Dentro del propio Partido Acción Nacional el movimiento genera un rechazo natural. El PAN es un partido con una tradición marcadamente civilista, mientras que el perfil de Loya es estrictamente policiaco. Un estado fronterizo con necesidades urgentes en materia de infraestructura, gestión hídrica, desarrollo económico y diplomacia comercial con Estados Unidos no se administra como un cuartel ni se resuelve con retórica policial.
La candidatura de Gilberto Loya no responde a un entusiasmo de la militancia ni a una demanda social genuina. Parece ser más bien un capricho de cúpula que busca imponer una figura de lealtad absoluta. Sin embargo, dilapidar recursos en promocionar a un jefe policial para la primera magistratura del estado sólo confirma la desconexión con la realidad: en Chihuahua, la estrategia no tiene pies ni cabeza y el gasto no tiene explicación.
