Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido vinculado en reportes recientes a las acciones de revocación de visas contra funcionarios mexicanos, en el marco de una campaña anticorrupción impulsada por la administración Trump.
Según fuentes citadas por el Los Angeles Times y medios mexicanos, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó la visa estadounidense al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desde el año pasado (2025). Esta medida forma parte de una lista que incluye a varios legisladores de Morena y otras figuras políticas, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Aunque el embajador Johnson no ha hecho declaraciones públicas directas y personales confirmando la revocación específica de la visa de Rocha Moya, sus recientes intervenciones en Sinaloa, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta Pacífico Mexinol en Topolobampo, el 23 de abril, han sido interpretadas en ese contexto. En su discurso, Johnson enfatizó que para atraer inversión privada se requiere “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”, y advirtió que “podremos ver acciones significativas pronto” en materia de soborno y corrupción.
Fuentes cercanas a la relación bilateral señalan que estas revocaciones de visas son el primer paso de una ofensiva más amplia que podría incluir acusaciones formales contra políticos mexicanos presuntamente vinculados a la corrupción o al crimen organizado. Rocha Moya ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con cárteles.
El gobernador de Sinaloa respondió a las declaraciones del embajador coincidiendo en la necesidad de “seguridad jurídica, previsibilidad, certidumbre y Estado de Derecho”, aunque subrayó que el desarrollo debe ser “compartido e incluyente”.
Aunque el embajador Johnson no ha hecho declaraciones públicas directas y personales confirmando la revocación específica de la visa de Rocha Moya, sus recientes intervenciones en Sinaloa, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta Pacífico Mexinol en Topolobampo, el 23 de abril, han sido interpretadas en ese contexto. En su discurso, Johnson enfatizó que para atraer inversión privada se requiere “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”, y advirtió que “podremos ver acciones significativas pronto” en materia de soborno y corrupción.
Fuentes cercanas a la relación bilateral señalan que estas revocaciones de visas son el primer paso de una ofensiva más amplia que podría incluir acusaciones formales contra políticos mexicanos presuntamente vinculados a la corrupción o al crimen organizado. Rocha Moya ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con cárteles.
El gobernador de Sinaloa respondió a las declaraciones del embajador coincidiendo en la necesidad de “seguridad jurídica, previsibilidad, certidumbre y Estado de Derecho”, aunque subrayó que el desarrollo debe ser “compartido e incluyente”.
Esta situación refleja las crecientes tensiones en la relación México-Estados Unidos respecto a seguridad, combate a la corrupción y condiciones para la inversión extranjera.
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