Washington, D.C.- La fiscalía federal de Estados Unidos imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente brindar protección política al grupo criminal Los Chapitos a cambio de apoyo económico y electoral, en una ampliación de la causa penal “Estados Unidos contra Guzmán Salazar” que se tramita en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación formal, presentada el 29 de abril ante un gran jurado, incluye también al senador Enrique Inzunza Cázarez y a varios funcionarios de la Fiscalía y la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. Todos forman parte del mismo expediente abierto el 4 de abril de 2023 contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, junto con otros 24 presuntos integrantes o colaboradores de la facción.
Según el documento, durante la campaña de 2021 Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, quienes le habrían prometido garantizar su victoria a cambio de colocar cuadros afines en puestos clave de la administración estatal. Tras los comicios, se describe un encuentro posterior en el que el gobernador electo e Inzunza Cázarez acordaron supuestamente entregar el control de la Policía Estatal al cártel.
Otra reunión mencionada involucra a Enrique Díaz Vega —posterior secretario de Administración y Finanzas— con líderes de Los Chapitos para entregarles una lista de opositores políticos.
La causa contra Los Chapitos acusa a sus líderes y colaboradores de narcotráfico de fentanilo, lavado de dinero y asociación delictuosa. Entre los imputados figuran Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, y el empresario chino Kun Jiang, señalado como proveedor de precursores químicos. El caso ya cuenta con declaraciones de testigos colaboradores, entre ellos Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en julio de 2025.
Se trata de la primera vez que un gobernador mexicano en activo es acusado formalmente por Estados Unidos de nexos directos con el crimen organizado, lo que ha generado tensión diplomática entre ambos países. La imputación se basa principalmente en testimonios de cooperantes y análisis financieros, similar a los utilizados en el proceso contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
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