Colima, Colima.- En un hecho sin precedentes para la vida política del occidente de México, el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso este 7 de mayo de 2026, convirtiéndose en el primer exmandatario de esa entidad en enfrentar formalmente a la justicia por delitos relacionados con la corrupción. La resolución judicial, que también incluye a su exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega García, marca un hito en la fiscalización de los recursos públicos tras el mandato que encabezó entre 2016 y 2021, postulado por el PRI.
El proceso penal se centra en acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se detectaron movimientos financieros irregulares por un monto aproximado de 70 millones de pesos. Estos recursos, originalmente etiquetados para el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, habrían sido desviados para el pago de gasto corriente y otras áreas no autorizadas, agravando la crisis financiera que dejó a miles de trabajadores estatales sin sueldo al finalizar su administración.
Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para proceder con el juicio. No obstante, se resolvió que tanto Peralta Sánchez como Noriega García podrán llevar el proceso bajo medidas cautelares en libertad. Entre las restricciones impuestas destacan la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado. Se fijó además un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, fase en la que la Fiscalía buscará recabar pruebas adicionales sobre el destino final del dinero desviado.
La actual administración estatal ha calificado este día como histórico, señalando que la vinculación a proceso es el resultado de múltiples auditorías que revelaron el desorden administrativo de la gestión pasada. Por su parte, la defensa del exgobernador ha sostenido que las transferencias financieras fueron necesarias debido a la falta de liquidez y que no constituyeron un beneficio personal para el exmandatario. Mientras el caso avanza, el proceso se percibe como una prueba clave para el sistema de justicia local en su lucha contra la impunidad en los niveles más altos del poder ejecutivo.
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