Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta un ultimátum fiscal: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó formalmente el requerimiento de cobro por 51 mil millones de pesos, con un plazo de cinco días hábiles para liquidar la deuda o iniciar gestiones de pago. La notificación surtió efectos el viernes 16 de enero, por lo que el plazo vence esta semana, según confirmó el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La deuda, que ascendió desde 36 mil millones por recargos e intereses acumulados, proviene de siete litigios perdidos consecutivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2025. Tras casi dos décadas de batallas judiciales en instancias inferiores, la resolución definitiva cerró las principales vías de dilación para el magnate. La reforma al recurso de amparo, aprobada por el Congreso en octubre de 2025, eliminó la posibilidad de prescripción para créditos firmes y limitó los amparos sucesivos a uno solo antes del embargo de bienes.
Si opta por el pago voluntario, el monto podría reducirse hasta en un 39%, dependiendo del esquema legal aplicable. Sin embargo, Salinas Pliego ha optado por escalar el conflicto: el 13 de enero presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por “persecución política sistemática”, alegando uso coordinado de herramientas fiscales, judiciales y mediáticas para restringir su libertad de expresión. La CIDH deberá decidir si admite el caso y lo remite a la Corte Interamericana.
El Gobierno de Sheinbaum intensifica la recaudación sin elevar impuestos, priorizando el combate a grandes deudores. La mandataria proyecta un aumento del 4.8% en la recaudación de 2025 (unos 500 mil millones adicionales) y reiteró: “Esperamos que pague”. El Ejecutivo descarta motivaciones políticas y enfatiza el aval judicial de la SCJN.
Salinas Pliego, visible opositor al morenismo, ha capitalizado su disputa en redes y foros públicos, posicionándose como figura de resistencia. Aunque el PAN le abrió puertas como posible candidato, no ha confirmado intenciones electorales. Sus empresas, como Grupo Elektra, enfrentan ahora un escenario delicado ante la posible ejecución de garantías.
El proceso podría resolverse en un año si se impugna hasta el final, pero la fase de ejecución avanza inexorable. El magnate busca ganar en la opinión pública mientras el Estado reclama un adeudo histórico.
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