Ni venganza ni perdón.- El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, reveló en su libro Ni venganza ni perdón que la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no fue una transición ordinaria, sino el resultado directo de una investigación por corrupción que involucraba a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. Según el relato, la insistencia de la funcionaria por elevar el caso de los ventiladores del IMSS al ámbito penal fracturó su relación con el Ejecutivo.
El conflicto se originó en abril de 2020, cuando la delegación del IMSS en Hidalgo asignó un contrato directo por 31 millones de pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett Álvarez, para la adquisición de 20 ventiladores respiratorios. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que cada equipo se facturó con sobreprecio y, posteriormente, el IMSS devolvió los aparatos tras detectar fallas técnicas en más de la mitad del lote.
Scherer sostiene que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba contener las fricciones internas y limitar el caso a sanciones administrativas, Sandoval mantuvo una postura firme para deslindar responsabilidades penales. Esta determinación generó una tensión insostenible dentro del gabinete, derivando en su destitución el 21 de junio de 2021. Aunque la SFP logró inhabilitar a la empresa y aplicar multas superiores a los dos millones de pesos, la intención de la secretaria de procesar judicialmente al hijo del titular de la CFE fue el punto de quiebre.
Por su parte, Irma Eréndira Sandoval presentó una versión distinta en su obra Corrupción estructural, publicada en 2024. En dicho texto, la exfuncionaria rechaza haber sido cesada y asegura que ella misma presentó su renuncia ante el acoso de campañas financiadas por poderes fácticos y políticos inconformes con sus auditorías. No obstante, reconoce que sus investigaciones generaron fuertes resistencias dentro del propio gobierno.
La discrepancia entre ambas versiones deja en evidencia la fragilidad de la política anticorrupción cuando los intereses alcanzan al círculo cercano del poder. Mientras el expediente público cerró únicamente con sanciones administrativas, el testimonio de Scherer sugiere que la fiscalización de la familia Bartlett fue el costo político que Sandoval pagó con su cargo, marcando el fin de su etapa en la administración federal.
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