Ni Venganza ni perdón.- La administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido objeto de severos señalamientos que apuntan al uso de la institución como un instrumento de persecución personal y política. Desde su llegada al cargo, diversos actores del ámbito público y jurídico han documentado casos donde el poder de la fiscalía se habría desviado para resolver conflictos privados del titular o para presionar a figuras clave del entorno gubernamental y judicial.
Uno de los episodios más críticos de Ni Venganza ni perdón es la denuncia interpuesta por el exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien acusó formalmente al fiscal de orquestar una trama de extorsión y tráfico de influencias. Según el testimonio de Scherer, Gertz Manero utilizó expedientes judiciales para intentar someter a colaboradores cercanos y empresarios, vinculando directamente estas acciones con una supuesta venganza personal derivada de desacuerdos en la conducción de la política jurídica del país.
A estas acusaciones se suma el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, familiares políticas del fiscal, quienes fueron perseguidas judicialmente por la presunta omisión de cuidados en la muerte de su hermano, Federico Gertz. El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se revelaron audios que sugerían una injerencia directa del fiscal en el proyecto de sentencia de los ministros. El máximo tribunal terminó por otorgar la libertad a Cuevas, evidenciando irregularidades en el proceso impulsado desde la FGR.
La gestión de Gertz Manero también ha enfrentado cuestionamientos por la selectividad en sus investigaciones, particularmente en casos de alto perfil como el de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el proceso contra científicos del Conacyt. Críticos y organizaciones de derechos humanos coinciden en que estas acciones han erosionado la autonomía de la fiscalía, transformándola en un ente de castigo que prioriza las agendas personales por encima de la procuración de justicia ciudadana.
Pese a las constantes peticiones de renuncia y las investigaciones periodísticas que exponen su patrimonio, el fiscal ha mantenido su posición, argumentando que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio. Sin embargo, la acumulación de denuncias por presunto abuso de autoridad y el uso de recursos públicos para fines privados mantienen a la FGR bajo un escrutinio permanente que pone en duda la imparcialidad del sistema de justicia federal en México.
