Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una doble iniciativa de reforma constitucional encaminada a anular elecciones federales y locales cuando se compruebe la intervención de gobiernos, organismos o individuos extranjeros en los procesos electorales. La propuesta se discutirá formalmente durante el periodo extraordinario de sesiones convocado para la próxima semana, donde también se debatirá la iniciativa presidencial para corregir la elección judicial.
De acuerdo con el documento de la iniciativa expuesto por Monreal, el marco jurídico electoral de México vigente contempla únicamente tres causales específicas de nulidad: el exceso en los gastos de campaña, la compra de cobertura informativa y el uso de recursos de procedencia ilícita. El legislador argumentó que el sistema actual padece de una omisión legal ante las injerencias externas, por lo que urgió a tipificar estas conductas frente a riesgos contemporáneos como los ciberataques, las redes de desinformación masiva y el financiamiento proveniente del exterior.
La propuesta legislativa plantea adicionar un inciso al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta modificación, los tribunales competentes decretarán la nulidad de los comicios por violaciones graves, sistemáticas y determinantes cuando exista la intervención comprobada de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención deliberada de influir en las preferencias ciudadanas o en los resultados oficiales de la votación.
Entre los actos catalogados como lesivos para la soberanía, integridad e independencia de la nación en materia electoral, la reforma enumera la difusión sistemática de propaganda manipulada, el financiamiento ilícito foráneo y las presiones de carácter económico, diplomático o mediático orientadas a alterar la voluntad popular. Asimismo, se incluye como causal la vulneración del espacio terrestre, marítimo o aéreo con multas de intimidación política, el apoyo a acciones que trastoquen el orden constitucional y cualquier otra conducta que, a valoración jurisdiccional, comprometa la autenticidad del sufragio.
Al tratarse de una reforma de carácter constitucional, el proyecto de ley requerirá para su aprobación el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión, antes de ser enviado a los congresos locales para su validación definitiva.
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