Primer round para Maru, superó a Sheinbaum
En un claro primer enfrentamiento electoral de cara a las contiendas venideras en Chihuahua, la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván salió fortalecida tras la marcha convocada por Morena el sábado 16 de mayo de 2026. El partido oficialista había anunciado una movilización masiva de hasta 200 mil chihuahuenses para exigir el desafuero de la mandataria, acusándola de permitir la presunta intervención de agentes de la CIA en un operativo contra el narco. La realidad fue otra: una concentración modesta que, según estimaciones independientes y fotografías aéreas, rondó los 3 mil a 5 mil participantes.
Oficialmente, Morena primero habló de alrededor de 10 mil asistentes y, posteriormente, su dirigencia nacional —encabezada por Ariadna Montiel— infló la cifra a 20 mil, con el respaldo de medios aliados en la Ciudad de México. Esa corrección al alza revela más de lo que oculta: el reconocimiento implícito de un fracaso rotundo. Convocar con bombos y platillos una “marcha histórica” por la soberanía y terminar doblando una cifra ya inflada para aminorar el daño es el clásico ejercicio de gestión de expectativas fallida.
La respuesta de Maru Campos fue firme y estratégica. En lugar de confrontación directa, proyectó serenidad y apeló al carácter chihuahuense de resistencia, compartiendo en redes fragmentos de Crónica de un país bárbaro de Fernando Jordán que evocan la libertad y fortaleza del pueblo local frente a la adversidad. Mientras Morena intentaba organizar una marcha de 200 mil chihuahunses para que la repudiaran y pidieran su desafuero, el gobierno estatal se preparó para contener acarreo previsible y en espectaculares y grandes mantas desenmascaró a la marcha: un distractor contra la crisis de la narcopolítica destapada por Washington en Sinaloa. La gobernadora transformó el ataque en oportunidad: consolidó su base panista, ganó simpatías entre priistas y ciudadanos independientes hartos de polarización, y expuso la instrumentalización política de un tema sensible de seguridad nacional.
Del lado de Morena, la operación deja más dudas que certezas. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó tempranamente, señalando que se trataba de una decisión del partido y no del gobierno federal. Esa distancia prudente contrasta con la agresividad de la dirigencia morenista, que parecía buscar capitalizar el caso CIA para desgastar a una de las gobernadoras opositoras más visibles. El resultado sugiere que los operadores de Sheinbaum y Morena subestimaron la capacidad de respuesta local, la lealtad territorial en Chihuahua y la percepción ciudadana de que se usaba un tema de soberanía con fines electorales prematuros.
Este primer round marca el inicio de una contienda reñida por la gubernatura de 2027. Hasta ahora, el marcador favorece claramente al PAN. Maru Campos demostró superioridad estratégica: convirtió una marcha anunciada como amenaza existencial en un boomerang que expone debilidades organizativas de Morena en territorio hostil. Inflaron expectativas, fallaron en convocatoria genuina y ahora gestionan narrativas para disimular el golpe.
Chihuahua sigue siendo bastión de resistencia opositora. Morena tendrá que replantear operadores, mensaje y timing si aspira a revertir la tendencia. Por lo pronto, la gobernadora panista sale reforzada: firme, conectada con su gente y con la iniciativa política en sus manos. El partido del que emanó mantiene la ventaja en este primer asalto.
“Pruebas, pruebas, pruebas” ya cobra factura
El repetido énfasis de la presidenta Claudia Sheinbaum en exigir “pruebas, pruebas, pruebas” ante las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses se ha convertido en un boomerang político que erosiona su capital y credibilidad. Lo que comenzó como una defensa de soberanía y presunción de inocencia se percibe cada vez más como una estrategia dilatoria que protege a aliados de Morena mientras el país enfrenta una embestida internacional sin precedentes contra presuntos narcopolíticos.
El contraste es brutal y evidente. Entre 2025 y principios de 2026, el gobierno de Sheinbaum entregó de forma expedita a 92 criminales de alto impacto a Estados Unidos, incluyendo capos históricos del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos, CJNG y Los Zetas. Estas transferencias se justificaron por “seguridad nacional” y se realizaron con rapidez, muchas veces sin agotar todos los procesos judiciales internos. Sin embargo, cuando Washington acusa formalmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a un gobernador morenista y a exfuncionarios por supuesta protección al narco, narcómina y facilitación de fentanilo, la respuesta es un riguroso “sin pruebas no hay acción”.
Este doble rasero ha generado un desgaste visible. Aunque algunas encuestas aún muestran aprobación por encima del 60-70% (De las Heras, mayo 2026), otras registran caídas significativas: AtlasIntel la ubicó en 50.7% en abril, y mediciones como Latinus reportan descensos hasta el 59% con desaprobación al alza. La percepción de corrupción como problema central ha crecido, y el meme “¿dónde está Rochamoya?” simboliza la opacidad que rodea al caso.
El costo no es sólo de imagen. La insistencia en el mantra debilita la gobernabilidad de Sheinbaum ante una relación bilateral tensa con la administración Trump, que no solo busca extradiciones sino que prepara más cargos contra presuntos narcopolíticos mexicanos. Mantener la actual postura arriesga aislar a México internacionalmente, afectar flujos económicos y profundizar la narrativa de un “narco-Estado” que la oposición ya explota con fuerza.
Por el bien del país y la estabilidad de su propio gobierno, es urgente que Sheinbaum cambie de estrategia. Exigir pruebas es legítimo, pero debe complementarse con acciones concretas: investigaciones mexicanas paralelas rápidas, transparencia total y cooperación real sin que parezca protección selectiva. Seguir repitiendo el mantra sin resultados visibles solo acelera la pérdida de confianza ciudadana y complica la gobernabilidad en un contexto donde la seguridad y la relación con EE.UU. definirán el futuro sexenio. El tiempo apremia. La credibilidad presidencial no es ilimitada.
“Compas de Cruz”: oscuros y millonarios
En las últimas semanas, Ciudad Juárez ha sido testigo de eventos de gran envergadura organizados por el grupo autodenominado “Compas de Cruz”, cuyo principal objetivo ha sido posicionar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2027. El más emblemático, celebrado el 18 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, congregó según organizadores entre 40 y 50 mil personas, con show musical de La Zenda Norteña, logística de acarreo desde diversos puntos, comida y producción a gran escala.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención no es la convocatoria en sí, sino la absoluta opacidad que rodea su financiamiento. Hasta la fecha, ni Pérez Cuéllar ni los “Compas de Cruz” han presentado un desglose detallado de costos, proveedores, donantes o mecanismos de pago. El propio alcalde, al ser cuestionado, se limitó a responder que “sus amigos” corrieron con los gastos, sin precisar montos ni identidades.
Estimaciones de la oposición, como las del activista Jesús Salais, sitúan el costo de ese solo evento en torno a los 80 millones de pesos. Cifras que, aunque controvertidas, resultan plausibles considerando transporte masivo, escenario, artistas, alimentación y movilización interestatal. Un segundo evento en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua, para recibir a la primavera el 21 de marzo, en donde se congregaron más de cinco mil personas, ocho mil es la cifra del propio Pérez Cuéllar, a comer, escuchar música y festejar de pasada que era el aniversario del natalicio de Benito Juárez, fue de un costo que fácilmente ronda los 10 millones de pesos.
Esta falta de transparencia adquiere relevancia mayor porque ocurre en un partido, Morena, que recientemente ha endurecido sus filtros éticos. El Consejo Nacional aprobó principios contra el uso indebido de recursos públicos, el influyentismo y cualquier vínculo con poderes fácticos opacos. Esos lineamientos buscan proyectar una imagen de austeridad republicana y moralidad pública, justamente lo opuesto a lo que representan eventos millonarios sin origen claro de los recursos.
La opacidad genera legítimas sospechas. ¿Se trata de financiamiento privado legítimo o de recursos que, de manera directa o indirecta, provienen de contratos municipales, favores o estructuras poco transparentes? La dirigencia estatal del PAN, encabezada por Daniela Álvarez, ya presentó denuncias ante la Fiscalía, el Órgano Interno de Control y el Instituto Estatal Electoral exigiendo investigación. No se trata sólo de un debate partidista: es una cuestión de rendición de cuentas democrático.
En política, el dinero oscuro siempre termina cobrando factura. Si Morena aspira a mantener coherencia con los principios éticos que recién postuló, no puede hacer la vista gorda ante estos eventos. La falta de transparencia en los patrocinios de los “Compas de Cruz” no sólo merece, sino que exige una investigación exhaustiva. De lo contrario, el discurso de la transformación moral quedará expuesto como retórica vacía frente a la realidad de gastos millonarios sin rostro ni comprobante. La ciudadanía juarense y chihuahuense tiene derecho a saber de dónde proviene el dinero que financia la precampaña disfrazada de fiesta popular.
