Cruz camina firme pese a encuestas
En las últimas semanas, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha concedido entrevistas de alto perfil tanto en medios nacionales como estatales —Nación321, El Financiero TV con René Delgado, Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva y espacios locales— en las que ya se proyecta con la naturalidad y seguridad de quien se asume precandidato único de Morena a la gubernatura de Chihuahua para 2027. Su discurso ya no es exploratorio: habla de “la tercera es la vencida”, enfatiza experiencia ejecutiva, resultados en seguridad y educación en Juárez, y reivindica su cercanía con la dirigencia nacional de Morena (Ariadna Montiel, Citlalli Hernández) y la coordinación con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum.
Esta actitud revela una estrategia deliberada de hechos consumados. Pérez Cuéllar no espera la encuesta interna: la construye en territorio. Su activismo desatado —recorridos, mensajes constantes sobre el “potencial enorme” de Chihuahua y “lo mejor está por venir”— contrasta con el perfil más mediático pero aparentemente más retraído de la senadora Andrea Chávez. Mientras él aterriza en Juárez y el estado con gestión tangible (coordinación en bienestar, deporte y seguridad), Chávez parece haber optado por un perfil bajo tras solicitar licencia, como si el ruido del activismo de Cruz la obligara a achicarse.
Esta dinámica es reveladora. Durante los últimos 18 meses, diversas encuestas mostraron a Chávez con ventaja o paridad en la interna morenista; en algunos ejercicios incluso por márgenes superiores a 30 puntos en ciertos segmentos. Sin embargo, Pérez Cuéllar actúa y declara como si fuera al contrario: Pérez Cuéllar aparece al frente en preferencias internas de Morena en el estado y parece no importarle que en mediciones de desempeño administrativo el panista Marco Bonilla, se sostiene en un sólido segundo lugar a nivel nacional y él apenas llega al lugar 43 de 104 alcaldes evaluados. con mejor desempeño en escenarios generales contra opositores como Marco Bonilla.
El activismo territorial de Cruz parece estar erosionando la imagen de Chávez, asociada a un estilo más confrontacional y nacional. El alcalde proyecta madurez ejecutiva y lealtad al movimiento sin estridencias innecesarias. Criticamente, esto plantea preguntas sobre el peso real de las encuestas históricas versus la construcción cotidiana de poder. Las preferencias no son estáticas: responden a visibilidad, estructura (Pérez Cuéllar reporta mayor capacidad de afiliación y movilización) y narrativa. Cruz no niega la encuesta como método, pero actúa como si el terreno ya estuviera inclinado a su favor.
En síntesis, Pérez Cuéllar se mueve con la seguridad de quien percibe que el momentum ha cambiado. Aunque las encuestas del último año y medio lo colocan en desventaja, su ofensiva comunicativa y territorial está reconfigurando el tablero. Andrea Chávez, por ahora, parece reaccionar en lugar de liderar. En Morena Chihuahua, la “cuarta transformación” se definirá menos por números congelados del pasado y más por quién ocupa el espacio hoy. A un año de la elección, Cruz ya se mueve como precandidato.
Marcha en Chihuahua, cortina de humo
En un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la concentración convocada para este sábado 16 de mayo en Chihuahua por Morena adquiere contornos sospechosamente oportunos. Bajo la bandera de la “defensa de la soberanía nacional” y el exigido desafuero de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, la movilización orquestada desde las alturas de Palacio Nacional revela más cálculo político que genuina preocupación constitucional.
El argumento central de los convocantes gira en torno a presuntas colaboraciones de autoridades estatales con agentes extranjeros en operativos de seguridad. Sin embargo, el timing resulta revelador. Mientras crecen las voces de inquietud por la negativa mexicana a procesar con celeridad la petición de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, surge esta ofensiva contra una gobernadora opositora. La estrategia parece clara: desplazar el foco mediático de un caso que expone vulnerabilidades profundas en la relación bilateral y posibles fisuras en el control territorial de aliados políticos.
La tesis de la soberanía herida resulta particularmente frágil al contrastarla con la realidad local. Maru Campos cuenta con mayoría en el Congreso estatal, lo que hace improbable cualquier proceso de desafuero exitoso sin un respaldo masivo que, según diversas mediciones recientes, dista de materializarse. Encuestas locales y nacionales han reflejado consistentemente un apoyo ciudadano superior al promedio, rondando niveles sólidos que superan con holgura a muchos mandatarios morenistas. Atacar a una figura con arraigo en su entidad no parece un ejercicio de rendición de cuentas, sino un movimiento táctico para capitalizar el nacionalismo y polarizar.
Más allá de las formalidades jurídicas, esta concentración evidencia cómo la política electoral contamina incluso las posturas internacionales. En lugar de abordar con transparencia las graves implicaciones del caso Rocha Moya, el oficialismo prefiere fabricar un enemigo interno. Chihuahua se convierte así en escenario de un distractor mediático: mientras las cámaras se fijan en la marcha y los discursos inflamados contra “la traición panista”, las preguntas incómodas sobre la capacidad del Estado mexicano para cumplir tratados internacionales o investigar a sus propios aliados quedan relegadas al olvido.
Esta jugada, sancionada claramente desde el centro del poder federal, confirma un patrón recurrente: ante crisis que amenazan la narrativa oficial, se activa la maquinaria de movilizaciones selectivas. No se trata de defender México, sino de ganar la conversación pública y acallar el ruido incómodo que proviene del norte. La soberanía, en este juego, es solo el pretexto; la distracción, el verdadero objetivo.
La escalada imperial apenas comienza
En las últimas semanas, la retórica y las acciones de altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos han revelado una escalada deliberada contra México que trasciende la cooperación bilateral para convertirse en una intervención abierta. Lejos de ser declaraciones aisladas, estas intervenciones forman parte de una estrategia de presión soberana que busca redefinir las relaciones de poder en el hemisferio bajo la doctrina de “América primero” aplicada con crudeza.
El director de la DEA, Terrance Cole, fue explícito durante una audiencia en el Senado el 12 de mayo al referirse a las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: “Esto es solo el comienzo de lo que viene en México”. Cole añadió que “no hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado en la cama durante años”, sentando las bases para una ola de acusaciones que el fiscal general interino Todd Blanche ya adelantó que se intensificarán.
Esta narrativa se complementa con las operaciones encubiertas. Según revelaciones de CNN, desde el año pasado agentes de la CIA han participado directamente en ataques letales contra miembros de cárteles dentro de territorio mexicano, con un aumento significativo en la letalidad de sus misiones. El presidente Donald Trump, por su parte, ha declarado abiertamente que “vamos a empezar ahora a golpear en tierra respecto a los cárteles. Los cárteles están gobernando México” y que, “si ellos no van a hacer el trabajo, entonces nosotros lo haremos”. Trump mencionó la existencia de una “fuerza terrestre” ya operativa, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha exhortado a México a actuar con mayor contundencia “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
Esta escalada no responde únicamente a la crisis de fentanilo o al crimen organizado, sino a un cálculo geopolítico más profundo. Designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y justificar acciones unilaterales —incluyendo operaciones letales en suelo soberano— erosiona el principio de no intervención y convierte a México en un teatro de operaciones de baja intensidad. La soberanía mexicana se reduce a un obstáculo administrativo que Washington está dispuesto a ignorar cuando sus intereses de seguridad nacional lo demandan.
La arremetida, como admiten sus propios protagonistas, no se detiene. Cada declaración y operación prepara el terreno para medidas más agresivas, en un contexto donde la cooperación se transforma en subordinación y la presión económica y militar redefine el margen de maniobra del Estado mexicano. La pregunta ya no es si continuarán, sino hasta dónde llegará esta lógica de dominación disfrazada de lucha antidrogas.
Sheinbaum entre el partidismo y la evasión
En medio de la creciente presión de Estados Unidos contra los presuntos nexos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum revela más debilidades estructurales que fortaleza de Estado. Lejos de proyectar una estrategia integral de seguridad nacional, su actitud ha sido predominantemente reactiva, consistente en desmentir reportes, exigir “pruebas” y reafirmar la soberanía como mantra, sin asumir el liderazgo que exige la magnitud del desafío.
Sheinbaum ha optado por enmarcar la embestida como una cuestión de soberanía vulnerada en lugar de abordar de frente la profundidad del problema. Esta postura, si bien resuena con el nacionalismo de su base, expone una confusión de roles: actúa más como jefa de Morena que como presidenta de todos los mexicanos. Sus conferencias matutinas y declaraciones priorizan la defensa de la narrativa de la 4T —reducción de homicidios, laboratorios destruidos— mientras eluden el núcleo incómodo: las denuncias de infiltración del crimen organizado en estructuras de poder local y estatal, muchas de ellas alineadas con su movimiento.
Esta aproximación electorera resulta evidente. Con miras a mantener la cohesión interna de Morena y consolidar su proyecto político, Sheinbaum parece calcular cada respuesta en función de cómo impacta en su base electoral, antes que en la necesidad de restaurar credibilidad institucional frente a Washington y la opinión pública nacional. Al insistir en que México “está actuando” y en que Estados Unidos debe resolver su problema de consumo y flujo de armas, evade la responsabilidad primaria del Estado mexicano: desmantelar las redes de protección política que permiten a los cárteles operar con impunidad.
La realidad que sus declaraciones parecen esquivar es cruda. La presión estadounidense no es solo retórica de Trump; incluye designaciones, posibles sanciones y exigencias de extradiciones que apuntan a funcionarios y exfuncionarios. Enfrentar esto requiere más que notas diplomáticas y retórica defensiva. Exige una jefa de Estado dispuesta a priorizar el interés nacional por encima del partidista, a depurar instituciones y a cooperar inteligentemente sin subordinación.
Hasta ahora, Sheinbaum no ha demostrado estar a la altura de ese reto histórico. Su reactividad y su apego al guion de campaña proyectan debilidad donde se necesita determinación de Estado. México no puede permitirse que la presidenta de todos los mexicanos actúe solo como defensora de una facción. La embestida estadounidense pone en evidencia no solo fallas de seguridad, sino una crisis de liderazgo que, de prolongarse, podría tener costos severos para la estabilidad del país.
