La CIA de Edomex a Chihuahua: ¿la misma vara?
En las últimas horas, tres hechos convergen para desnudar las tensiones entre soberanía nacional, operativos de seguridad y cálculo político partidista. La fiscal Wendy Chávez Villanueva presentó el primer informe oficial sobre la presencia de agentes estadounidenses —presuntamente cuatro civiles vinculados a labores de inteligencia— en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra tarahumara de Chihuahua. Su participación, no reportada a mandos superiores, ha sido calificada como colaboración extraoficial.
Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, exigió en conferencia de prensa el desafuero y juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos, a quien acusó directamente de traición a la patria por presuntamente permitir esta injerencia extranjera en territorio mexicano. El argumento central es claro: cualquier operación de agentes foráneos sin autorización federal viola la Constitución y compromete la soberanía.
Casi simultáneamente, CNN reveló detalles explosivos sobre la espectacular detonación de una camioneta en la carretera del AIFA a Tecámac, ocurrida a finales de marzo. Según la cadena, el asesinato de Francisco Beltrán, alias “El Payín” —operador del Cártel de Sinaloa— y su acompañante no fue un accidente por explosivo transportado, sino un ataque dirigido facilitado por operativos de la CIA, específicamente su rama élite Ground Branch. La acción se enmarca en una supuesta campaña no reportada de acciones letales contra capos en suelo mexicano.
Aquí radica la hipocresía política que exige escrutinio inmediato. Si la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua justifica un escándalo nacional, acusaciones de traición y demandas de desafuero contra una gobernadora de oposición, el mismo rigor analítico y jurídico debe aplicarse al Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, de Morena. El operativo contra “El Payín” ocurrió en territorio mexiquense, bajo su responsabilidad estatal en materia de seguridad pública. Las autoridades locales y federales han mantenido un hermetismo notable, pero las revelaciones de CNN apuntan a una facilitación o al menos omisión ante una acción encubierta extranjera.
La crítica política no puede ser selectiva. Exigir transparencia total sobre Chihuahua mientras se protege o minimiza cualquier posible complicidad, aquiescencia o falla de inteligencia en el Edomex revela un uso faccioso de la soberanía. La Constitución no distingue colores partidistas: toda intervención extranjera no autorizada debe investigarse con la misma profundidad.
Investigar a Delfina Gómez y su administración no es persecución, sino consecuencia lógica de los mismos principios invocados contra Maru Campos. Sólo así se evita que la lucha contra el narco y la defensa de la soberanía se conviertan en mera herramienta de desgaste opositor. La ciudadanía exige consistencia: misma vara, mismos estándares. De lo contrario, el discurso soberanista se reduce a un juego de poder donde unos operativos son traición y otros, “cooperación” conveniente. La Fiscalía General y el Congreso deben actuar sin distingos para restaurar credibilidad institucional.
Traición a la patria: de plomo a puro teatro
El delito de traición a la patria, contemplado en el Código Penal Federal, castiga con dureza cualquier acto que ponga en riesgo la soberanía o la integridad del país, especialmente la colaboración con potencias extranjeras. En 1867, ese cargo se cobró en carne viva: el 19 de junio, en el Cerro de las Campanas de Querétaro, los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron fusilados junto a Maximiliano tras apoyar un imperio impuesto por Francia. Sus muertes marcaron el final de una intervención extranjera y se convirtieron en ejemplo histórico de lo que cuesta aliarse con el exterior contra la República.
Hoy, en cambio, importantes figuras de Morena lanzan la misma acusación contra la gobernadora chihuahuense Maru Campos con la misma frecuencia con que cambian de corbata. Por supuestos acercamientos con autoridades estadounidenses o por no seguir el guion oficial, la señalan de traidora una y otra vez. Al parecer, para ellos la traición ya no merece un pelotón de fusilamiento, solo micrófonos y conferencias. ¡Qué ligereza tan moderna!
Bonilla en segundo nacional; Pérez Cuéllar en el 43
La más reciente encuesta de Rubrum correspondiente a mayo, que evaluó el desempeño de los 104 alcaldes de las ciudades más pobladas del país, proyecta un mapa claro de fortalezas y debilidades que ya empieza a definir el tablero político rumbo a la sucesión gubernamental en Chihuahua.
En un ejercicio que mide variables clave como calificación del trabajo y desempeño, calidad percibida de servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y percepción de seguridad, el panista Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital, se consolidó en el segundo lugar nacional, solo por detrás de Mauricio Farah, de San Pedro Garza García. Esta posición no es casual: refleja una gestión que ha logrado mantener altos niveles de aprobación en un contexto nacional donde la mayoría de los ediles enfrentan calificaciones medias o bajas. Bonilla capitaliza una combinación de entrega de obras visibles, manejo percibido de seguridad y cercanía que lo posiciona como el referente más sólido del PAN en el estado.
En contraste, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, aparece en el lugar 43 del ranking. Una ubicación intermedia que, aunque evita el fondo de la tabla, dista mucho de proyectar el liderazgo arrollador que se esperaría de un aspirante fuerte de la principal fuerza política nacional. Juárez, como frontera estratégica y motor económico, exige resultados más contundentes en servicios y seguridad; la percepción ciudadana parece no haberlos registrado con la fuerza suficiente en esta medición.
Este contraste adquiere mayor relevancia porque ambos perfiles emergen como punteros naturales de sus respectivos partidos para la contienda por la gubernatura de Chihuahua en 2027. Bonilla, con el viento a favor de una gestión bien evaluada en la capital, consolida su capital político dentro del PAN y se perfila como candidato competitivo con narrativa de continuidad exitosa. Pérez Cuéllar, por su parte, enfrenta el reto de remontar una evaluación tibia en la ciudad más poblada del estado si Morena pretende mantener el impulso federal y estatal.
La encuesta de Rubrum, basada en percepciones ciudadanas actualizadas, no define elecciones, pero sí marca tendencias. En política, la imagen de gestión local se convierte en el principal activo —o lastre— cuando se aspira a un cargo superior. Bonilla llega con ventaja en narrativa; Pérez Cuéllar necesita acelerar resultados visibles si quiere acortar la brecha que hoy muestran los números.
La farsa de las guías podotáctiles
Durante la última reunión de la Comisión Edilicia de Movilidad, los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez, Karla Michaeel Escalante Ramírez y Luz Clara Cristo Sosa posaron con preocupación institucional junto a representantes del Centro de Estudios para Invidentes A.C. (CEIAC) y personal de Obras Públicas. El tema: la “situación” de las vías podotáctiles para personas con discapacidad visual. Acordaron “revisar” las garantías, corregir errores en instalaciones recientes y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. Palabras que suenan a acción. La realidad, sin embargo, revela un nivel de cinismo difícil de superar.
En Ciudad Juárez prácticamente no existen guías podotáctiles funcionales. Las pocas que fueron colocadas en el centro histórico, en zonas peatonales supuestamente prioritarias, han sido cubiertas por capas de asfalto en obras posteriores, sepultando cualquier intento de accesibilidad bajo el peso de la improvisación urbana. No se trata de “errores” aislados. Es la norma. El grueso de la ciudad carece de banquetas adecuadas: superficies irregulares, desniveles abruptos, obstáculos permanentes y ausencia total de continuidad. Para una persona ciega o con debilidad visual, caminar por Juárez equivale a atravesar un campo minado sin mapa ni señales.
Este espectáculo de la Comisión ilustra el colmo del cinismo político de regidores de cabeza breve. Convocan a una asociación de invidentes para dialogar sobre un problema que, en los hechos, no existe porque nunca fue resuelto ni siquiera medianamente. Prometen revisiones y adecuaciones mientras la infraestructura esencial brilla por su ausencia. Fortalecer “la participación ciudadana”, dicen. Lo que fortalecen es la simulación: una foto, un acta y el problema devuelto a la invisibilidad.
Mientras tanto, miles de juarenses con discapacidad visual siguen confinados en su propia ciudad, dependientes de terceros o limitados a rutas mínimas conocidas de memoria. La movilidad inclusiva en Juárez no es una deuda pendiente; es una burla sistemática. Los regidores pueden seguir acordando revisiones. La calle, cruel y honesta, sigue mostrando la verdad: no hay guías, no hay banquetas y, al parecer, tampoco hay voluntad real. Solo teatro institucional.
