Chihuahua, México.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Unidad Especializada encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, presentó un primer informe oficial sobre las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril de 2026, que incluyeron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en el municipio de Morelos, en la sierra tarahumara, y la muerte de cuatro personas en un accidente automovilístico posterior.
Según el informe de Chávez Villanueva, los preparativos del operativo iniciaron el jueves 16 de abril, cuando un convoy integrado por alrededor de 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) salió de la capital del estado hacia el cuartel militar de Guachochi. Durante este despliegue, se integraron cuatro personas no pertenecientes a la AEI, vestidas de civil, sin uniformes tácticos, insignias ni armas visibles, que mantuvieron su rostro cubierto la mayor parte del tiempo.
Estas cuatro personas extranjeras viajaron en los vehículos asignados al director general de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su interacción se limitó a él y a su círculo inmediato de seguridad personal. La fiscal detalló que su inclusión en el convoy no fue reportada a los mandos superiores ni a la propia Fiscalía, violando los protocolos institucionales. “Las personas no pertenecientes a la AEI no formaban parte formal del despliegue operativo institucional”, enfatizó Chávez Villanueva.
El domingo 19 de abril, al regresar del operativo en la comunidad de El Pinal, donde se destruyó el narcolaboratorio, el vehículo en el que viajaban dos de estos extranjeros junto con Oseguera Cervantes y uno de sus escoltas se precipitó a un barranco en un camino de terracería con poca visibilidad. Las cuatro personas fallecieron en el accidente. Fue durante las labores de auxilio y resguardo de la escena que un escolta reveló que los ocupantes del vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y enlaces de la embajada de Estados Unidos.
Chávez Villanueva indicó que las investigaciones preliminares sugieren elementos de una posible colaboración extraoficial. Hasta el momento, se ha solicitado información a la representación diplomática y consular de Estados Unidos sobre la identidad, cargos y estatus migratorio de estas personas. Dos de los estadounidenses ingresaron al país con visa de turista y pasaporte diplomático, respectivamente, según reportes posteriores.
El caso ha generado una fuerte controversia a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que cualquier operación de agencias de seguridad extranjeras en territorio mexicano debe contar con la autorización del gobierno federal, y ha considerado posibles sanciones contra el gobierno de Chihuahua por omisiones. El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia tras los señalamientos.
La Unidad Especializada, creada específicamente para esclarecer estos hechos y encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva —quien además es titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género—, continúa las indagatorias en coordinación con la Fiscalía General de la República. Las autoridades han destacado que la participación de los extranjeros fue limitada y sin interacción operativa directa con el resto del personal.
Este incidente ha reabierto el debate sobre los límites de la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, especialmente en regiones como la sierra de Chihuahua, donde operan grupos criminales dedicados a la producción de drogas sintéticas. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre las identidades y el rol exacto de los agentes involucrados.
