Cuén Ojeda, una figura política influyente en Sinaloa y rival del gobernador Rubén Rocha Moya, fue baleado ese día. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó el caso como un intento de asalto en una gasolinera de la comunidad La Presita, donde supuestamente dos hombres en motocicleta le dispararon para robarle su camioneta. Incluso se difundió un video del supuesto incidente.
Sin embargo, la FGR atrajo el caso tras detectar múltiples irregularidades en la investigación estatal, incluyendo inconsistencias en el lugar de los hechos, la necropsia y las evidencias presentadas. Pruebas hemáticas realizadas por peritos federales confirmaron que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, el mismo lugar donde, según la versión de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrió su secuestro antes de ser entregado a autoridades estadounidenses.
En octubre de 2024, la FGR informó que los indicios de sangre encontrados en la propiedad correspondían a Cuén y coincidían temporalmente con la hora del homicidio, desmintiendo así la versión del asalto en la gasolinera, calificada como un posible montaje. Además, se hallaron otras evidencias, como sangre de una persona vinculada al equipo de seguridad de “El Mayo” en el vehículo usado en el supuesto video del asalto.
El caso se entrelaza con el secuestro de Zambada y la detención de Joaquín Guzmán López (“El Güero Moreno”), hijo de “El Chapo”. Zambada, a través de una carta, afirmó que Cuén fue asesinado en el mismo sitio y momento de su propio secuestro, durante una supuesta reunión que involucraba también al gobernador Rocha Moya, quien ha negado cualquier participación y aseguró estar fuera del país ese día. Hasta ahora, no existe acusación judicial directa contra él.
La investigación federal ha señalado posibles responsabilidades penales y administrativas de elementos de la Fiscalía de Sinaloa, policías, peritos y ministerios públicos por irregularidades y el presunto montaje. Se han mencionado acciones para presentar pruebas ante jueces, aunque el avance ha sido lento y sin detenidos públicos por el homicidio directo. A casi dos años de los hechos, el caso permanece abierto bajo competencia exclusiva de la FGR, sin resolución definitiva ni identificación pública de autores materiales o intelectuales.
Este homicidio continúa generando cuestionamientos sobre la relación entre política, crimen organizado y el funcionamiento de las instituciones en Sinaloa, manteniéndose como uno de los casos más sensibles y pendientes de justicia en el estado.



