Pérez Cuéllar por género… ¡en las encuestas no puede!
Si la definición de la candidatura de Morena para el gobierno de Chihuahua dependiera exclusivamente del pulso de las encuestas, el nombre de Andrea Chávez ya estaría inscrito en la boleta. Durante 18 meses consecutivos, la medición de Rubrum ha dibujado una tendencia inamovible: una ventaja de dos dígitos que sitúa a la senadora como la figura con mayor magnetismo popular en el estado. Sin embargo, en la realpolitik del movimiento, los números fríos suelen ser solo el preámbulo de una carambola de decisiones estratégicas de mayor calado.
El tablero nacional ha comenzado a enviar señales que favorecen a Cruz Pérez Cuéllar. La irrupción de figuras como Tatiana Clouthier en la ruta por Nuevo León altera el equilibrio de género en el norte del país. Si la lógica de paridad obliga a Morena a postular perfiles femeninos de alto perfil en estados vecinos o de igual peso específico, la ventana de oportunidad para que Chihuahua sea asignado a un varón se abre de par en par. Bajo esta premisa de ingeniería electoral, el criterio de género se convierte en la salida técnica ideal para sortear el escollo de unas encuestas que favorecen a Chávez, pero que no garantizan la estabilidad territorial.
A esto se suma el peso del control operativo. Mientras Andrea Chávez es vista como una pieza clave del grupo Tabasco y una voz potente en la narrativa nacional, Pérez Cuéllar detenta el dominio del territorio desde la alcaldía de la plaza más importante: Ciudad Juárez. En una elección donde la estructura y el control de los hilos locales son vitales para frenar al panismo, los astros parecen alinearse para el alcalde. La combinación de una necesidad técnica de género y la pragmática del control regional sugiere que, pese al carisma de la senadora, el sistema morenista se inclina por la solidez del mando juarense.
Machucón de Bonilla a Cruz
El ecosistema político de Chihuahua ha entrado en una fase de canibalismo retórico donde los errores de cálculo se pagan caro. Lo que inició como una declaración de matices por parte de Cruz Pérez Cuéllar —quien intentó humanizar su figura admitiendo que «impecable nadie lo es»— terminó convirtiéndose en la trampa perfecta operada desde la capital por Marco Bonilla. Al afirmar que «la honestidad es como el embarazo, no se puede ser medianamente honesto», el alcalde de Chihuahua no solo ejecutó un golpe de efecto mediático; le cerró la puerta en los dedos a su homólogo juarense, recordándole que en política la pureza no es un adjetivo, sino un requisito de supervivencia.
El resbalón de Pérez Cuéllar es particularmente costoso por el momento en que ocurre. Al aceptar que su pasado y presente tienen aristas, el edil de Juárez chocó de frente con el nuevo test de pureza que Ariadna Montiel ha instaurado en la cúpula de Morena, basado en una «trayectoria impecable». Bonilla, con un instinto pragmático, aprovechó la fisura para ventilar las carpetas que pesan sobre la administración fronteriza. Al mencionar los casos que cuestionan la transparencia en el ejercicio de recursos, el alcalde capitalino elevó la discusión del terreno de la moralidad al de la responsabilidad jurídica.
Para Pérez Cuéllar, el problema ya no es solo defenderse del PAN, sino sobrevivir al fuego amigo. La tesis de Bonilla resuena con fuerza en los pasillos de la dirigencia nacional morenista: si la honestidad es indivisible, cualquier mancha en el expediente es suficiente para invalidar una aspiración, sin importar lo que digan las encuestas de popularidad. Este acorralamiento pone al alcalde de Juárez en una posición defensiva que desgasta su principal activo: su capacidad de mando territorial.
En esta guerra de contrastes, Bonilla ha logrado posicionarse como el guardián de un estándar de integridad que, paradójicamente, es el mismo que exige la izquierda para sus cuadros. Al agarrarle los dedos en la puerta a Cruz con la mención de procesos y «carpetas judiciales» en curso, Bonilla no solo busca debilitar a un rival electoral para 2027, sino que le entrega a la narrativa de sus detractores el combustible necesario para descalificar su postulación. La honestidad a medias, en este análisis, se perfila como el epitafio anticipado de una candidatura que pretendía basarse en el pragmatismo por encima de la ética.
Cuentas claras, política sucia
La solventación administrativa de las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado representa el último clavo al que se aferra la defensa de Cruz Pérez Cuéllar para avalar solvencia ética. Aunque el gobierno municipal de Juárez anunció formalmente que el cien por ciento de los señalamientos correspondientes a los ejercicios recientes fueron aclarados, en la realpolitik chihuahuense la técnica contable rara vez logra detener la metralla retórica de sus adversarios.
El alcalde sostiene que «no tenemos ninguna cuenta qué aclarar», pero esta victoria en el papel no ha desactivado el cepo que Marco Bonilla le colocó en los dedos. Para el análisis crítico, la solventación llega tarde al juicio de la opinión pública, donde el estigma de los millones de pesos inicialmente cuestionados ya ha sido asimilado como un síntoma de opacidad. El episodio del pago de ISR retenido, rescatado finalmente por la administración estatal, sigue siendo el ejemplo favorito de Bonilla para sostener que «la honestidad es como el embarazo» y no admite matices.
Bajo este rigor, que las cuentas estén saldadas ante el órgano fiscalizador no limpia automáticamente la «trayectoria impecable» que exige la dirigencia de Ariadna Montiel. En el tablero de la sucesión, la solventación técnica es un trámite necesario, pero la duda sembrada por las menciones a las carpetas judiciales es el fango que la cúpula puede utilizar para justificar que, pese al liderazgo en las encuestas, el perfil juarense no garantiza la pulcritud ética necesaria para la contienda de 2027.
Negligencia en la SEP
La decisión de la Secretaría de Educación Pública, bajo el mando de Mario Delgado, de mutilar el calendario escolar para dar paso a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol, representa una de las claudicaciones más severas de la política pública frente a la emergencia educativa. En un país donde el rezago es una condición atávica, agravada por un apagón pedagógico durante la pandemia que costó casi dos años de escolaridad efectiva, reducir el tiempo en las aulas no es una medida pragmática, sino un acto de negligencia institucional. El argumento de proteger a la infancia del calor extremo es, en realidad, el reconocimiento de un fracaso en la infraestructura; el Estado admite que es incapaz de climatizar las escuelas y prefiere cerrarlas.
Bajo una técnica de análisis crítico, resulta alarmante que la prioridad de la política educativa se doblegue ante eventos de entretenimiento masivo. Mientras el mundo desarrollado debate cómo extender las jornadasescolares para mitigar las lagunas dejadas por el confinamiento, México opta por la ruta del menor esfuerzo. Los padres de familia, quienes han recibido la noticia con una mezcla de indignación y desamparo, entienden lo que la burocracia parece ignorar: cada día fuera de la escuela es un peldaño más en la escalera de la desigualdad. Para los sectores más vulnerables, el aula no es solo un centro de aprendizaje, sino un refugio y seguridad que el calendario recortado les arrebata de tajo.
El costo político para la nueva administración educativa apenas comienza a facturarse. Al presentar un «fortalecimiento de aprendizajes» de apenas dos semanas en agosto como compensación por casi dos meses perdidos, la SEP ofrece una aspirina para tratar una hemorragia. La desconexión entre el discurso de la Nueva Escuela Mexicana y la realidad de un sistema que regala días de clase para evitar problemas logísticos para el mundial de futbol es total. Al final, la medida envía un mensaje devastador sobre las prioridades nacionales: en el México de la postpandemia, el espectáculo y la comodidad administrativa pesan más que el derecho constitucional de una generación a recuperar su futuro educativo.
