Culiacán, Sinaloa.- La tribuna del Congreso de Sinaloa se convirtió en el escenario de un desafío directo a la narrativa oficial de la Presidencia de la República. La diputada local y dirigente estatal del PRI, Paola Gárate, rompió el silencio parlamentario para encarar la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la legitimidad y seguridad de los procesos electorales pasados. Con la frase “si la presidenta quiere pruebas, aquí estoy yo”, la legisladora revivió el fantasma de la elección de 2021, una de las jornadas más violentas en la historia reciente del estado, marcada por el estigma de la intervención de grupos fácticos.
El señalamiento de Gárate no es una observación teórica, sino una denuncia testimonial. La diputada aseguró haber sido víctima y testigo directo de agresiones, intimidaciones y una coacción sistemática que, según su relato, alteró la voluntad popular aquel 6 de junio. Al personalizar el reclamo, Gárate busca desarticular el discurso gubernamental que califica como propaganda las críticas sobre la influencia del crimen organizado en los comicios que llevaron a Rubén Rocha Moya a la gubernatura. Su intervención pone el foco en las heridas no cerradas de una democracia que, en Sinaloa, caminó entre amenazas y desapariciones temporales de operadores políticos durante el día de la votación.
La importancia de este pronunciamiento radica en su oportunidad política. En un contexto donde la seguridad pública en Sinaloa atraviesa una crisis aguda que ha paralizado la vida económica y social en diversas regiones, retomar el origen del actual mandato estatal es una estrategia de alto riesgo pero gran impacto. Gárate cuestiona no solo la validez de los resultados, sino la integridad ética de un sistema que, a su juicio, ha optado por el olvido selectivo frente a la violencia política documentada por la oposición y organismos internacionales.
Esta declaración ha encendido de inmediato el debate en redes sociales y círculos legislativos, obligando al oficialismo a reaccionar ante una acusación que ya no proviene solo de informes anónimos, sino de una representante popular dispuesta a encarar el costo político de su testimonio. Mientras la administración federal insiste en que las pruebas de irregularidades son inexistentes o insuficientes, Gárate se ofrece como la evidencia viviente de una jornada electoral que, para muchos sinaloenses, sigue siendo el pecado original de la administración actual.
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