Ciudad de México.- Diversos organismos de la sociedad civil y asociaciones de padres de familia en todo México manifestaron un rechazo unánime a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026. La medida, que pretende otorgar 40 días adicionales de asueto bajo el argumento de la logística del Mundial de Fútbol y las altas temperaturas, ha sido calificada por especialistas como un retroceso educativo que profundiza el rezago de aprendizaje en el país.
Agrupaciones como Educación con Rumbo y Mexicanos Primero señalaron que la pérdida de cinco semanas de clases presenciales representa un golpe crítico para millones de estudiantes que aún no recuperan el nivel académico previo a la pandemia. «La educación no puede estar supeditada a un evento deportivo; estamos sacrificando el derecho a aprender de los niños por cuestiones de comodidad administrativa y espectáculos», declararon voceros de los colectivos, quienes advirtieron que el plan de recuperación de dos semanas planteado por la SEP para agosto es insuficiente y carece de sustento pedagógico.
Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia expresó su preocupación por el impacto social y económico que este asueto prolongado tendrá en las familias trabajadoras. Las organizaciones subrayaron que la mayoría de los padres no cuentan con redes de apoyo ni recursos para el cuidado de sus hijos durante un mes adicional, lo que incrementa el riesgo de accidentes domésticos y la exposición de los menores a entornos inseguros. «Es una decisión arbitraria que no considera la realidad de las familias mexicanas ni la seguridad de los alumnos», puntualizaron los representantes ciudadanos.
Finalmente, el sector académico y los colectivos de docentes han instado al gobierno federal a reconsiderar la medida y a buscar alternativas técnicas, como el equipamiento de aulas frente al calor o ajustes en los horarios, en lugar de la cancelación de clases. Las organizaciones anunciaron que preparan recursos legales y movilizaciones pacíficas para exigir que se respete el calendario de 185 días efectivos originalmente pactado, insistiendo en que el fortalecimiento del sistema educativo debe ser la prioridad absoluta del Estado frente a cualquier coyuntura externa.
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