Maru y las “deslealtades”
La salida del ex fiscal César Jáuregui Moreno del gabinete estatal no respondió a una ruptura por proyectos políticos personales, sino a una operación de contención para blindar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante los cuestionamientos relacionados con el caso de los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. Las recientes declaraciones de la mandataria sobre supuestas deslealtades sirvieron para matizar el costo institucional que el ex funcionario asumió al proteger la estabilidad de la administración estatal en un expediente de alta sensibilidad.
Este trasfondo aclara las verdaderas intenciones de los actores involucrados frente a la contienda de 2027. Por un lado, las versiones que ubican a César Jáuregui saltando a Morena para buscar la alcaldía de Chihuahua carecen de sentido táctico; su objetivo es gobernar la capital y no provocar la derrota de Marco Bonilla en la gubernatura, una maniobra ilógica para sus aspiraciones y contraria a una narrativa imposible de conciliar con sus menciones en las mañaneras. Por otro lado, los rumores que candidatean a Rafael Loera por Movimiento Ciudadano resultan igualmente inconsistentes, ya que una apuesta de esa naturaleza diluiría sus propias posibilidades reales de incidencia.
En este escenario, el presunto acercamiento entre César Jáuregui y Rafael Loera tiene como propósito fundamental oponerse a la gobernadora y evitar que se imponga a Santiago de la Peña. Lejos de buscar la destrucción del blanquiazul, esta presunta articulación busca equilibrar las fuerzas frente al Palacio de Gobierno y condicionar la selección de candidaturas.
La viabilidad de este pulso depende de que los acuerdos internos y las encuestas espejo se conduzcan bajo reglas creíbles, obligando a los finalistas a llegar al proceso preparados para negociar y preservar el equilibrio del grupo en el poder. Santiago y César deben estar listos para el escenario más difícil, perder la encuesta o la candidatura como sea que se determine.
La negación es el mejor destape
Hay sonrisas que dicen mucho más que mil comunicados oficiales, y la que regaló la gobernadora Maru Campos al desmarcarse del juego sucesorio encaja perfectamente en esa categoría. Lejos de la solemnidad adusta que a veces imponen las crisis políticas, la mandataria optó por la ironía y el guiño socarrón al asegurar que un gobernador no pone sucesor y que intentar palomear candidatos equivaldría al temido beso del diablo. El problema para su discurso de estricta neutralidad es que la mueca pícara delató lo evidente: en la política local, negar las aspiraciones de los protegidos con una sonrisa en los labios suele ser el equivalente a darles la bendición oficial.
La escena cobra matices de comedia involuntaria cuando se contrasta con la pachanga de proporciones imperiales montada apenas el viernes anterior. Mientras la titular del Ejecutivo sonreía ante los reporteros defendiendo la equidad del Comité Directivo Estatal y exigiendo resultados como único boleto de entrada a las boletas de 2027, su fiel secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, se convertía en el anfitrión de una masiva fiesta de cumpleaños para el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña. Reunir a cuatro mil 500 personas para cantarle las mañanitas al aspirante a la alcaldía capitalina, bajo la batuta del suspirante a la gubernatura, demuestra que el famoso piso parejo del que presume el gabinete tiene un tramo sumamente transitado y alfombrado desde el poder.
Aquí es donde la teoría del beso del diablo se estrella contra la cruda aritmética del acarreo y la grilla institucional. Las reglas del decálogo y los llamados a la mesura se quedan en buenas intenciones de aparador frente a la demostración de músculo político protagonizada por los dos alfiles favoritos de la casa. La gobernadora puede disfrazarse de árbitro imparcial cuantas veces lo dicten los micrófonos, pero la picardía de su rostro al hablar del tema confirma que en el ajedrez chihuahuense la disciplina de grupo y las bendiciones de la cúpula pesan infinitamente más que cualquier regla escrita. Al final, el destape real no necesita decretos ni firmas solemnes; basta con una sonrisa socarrona y un pastel de cuatro mil 500 rebanadas.
Los pleitos con la historia se pierden
En la era de la política hipermediatizada, las batallas por la nomenclatura geográfica se han convertido en el refugio predilecto frente a la crudeza de los problemas estructurales. Casos concretos como la ocurrencia del presidente estadounidense Donald Trump de rebautizar el Golfo de México como Golfo de América, o bien la iniciativa gubernamental mexicana de suplantar el histórico nombre del Paso de Cortés por el de Paso de los Pueblos Originarios, demuestran que el revisionismo histórico institucional no constituye un avance social real. Desde una perspectiva crítica, estas modificaciones nominales operan como acciones superficiales y anacrónicas que eluden de manera sistemática los desafíos materiales inmediatos, tales como la inseguridad pública, la pobreza y la desigualdad económica que laceran a las comunidades de ambos países.
Lejos de representar una emancipación ideológica, estas disputas sobre el mapa funcionan como pirotecnia política. Tanto la pretensión hegemónica estadounidense sobre el Golfo de México como el afán indigenista de borrar la huella colonial en el paso montañoso sirven con precisión milimétrica para movilizar pasiones nacionalistas, fabricar polarizaciones artificiales y agitar banderas identitarias. Ninguna de estas ocurrencias de despacho añade un solo empleo formal a la economía, reduce la incidencia delictiva ni desmantela las redes de exclusión que oprimen a las mayorías. Modificar los atlas geográficos no altera un ápice las condiciones reales de vida de la población.
Este fetiche de la nomenclatura reduce la gestión pública a un ejercicio estético donde se altera la forma para conservar intacto el fondo. Asumir que la justicia social brota de corregir el nombre colonial o imperial es caer en una fe mágica, como si la injusticia estructural fuera un problema semántico y no un producto de relaciones de poder y dominación económica.
En definitiva, este afán por pelearse con la historia en lugares como el Golfo de México o el Paso de Cortés no conduce a ninguna parte, salvo al terreno del inmovilismo disfrazado de gesta heroica. Confundir la alteración de un mapa con el progreso histórico demuestra que el pasado es utilizado frecuentemente como una coartada perfecta para encubrir la incapacidad de transformar el presente.
